¿Quién le paga al abogado en República Dominicana?

Es necesario que el abogado evite recibir pagos futuros

Pago al momento de contratar

Al parecer todo el mundo sabe la respuesta, pero antes quiero recordar la expresión de Aleksandr Solzhenitsyn, un escritor e historiador ruso, Premio Nobel de Literatura en 1970, dijo: una palabra de verdad pesa más que el mundo entero.-

Son muchos los abusadores, muchas empresas abusadoras que ilusionan a los abogados más jóvenes con la idea “para que vayas practicando o para que adquieras más conocimiento”, que pagan honorarios de miseria, siempre haciéndole entender “que el futuro las cosas van a cambiar”.

¿De qué se mantiene el abogado?

De su ejercicio profesional, por lo tanto, cualquier actividad en este campo, cualquier diligencia, cualquier acto de representación, por simple que parezca, es necesario pagarle bien al abogado.

¿Quién le paga al abogado en República Dominicana? ¿El que contrata al abogado?

Sí, el que contrata al abogado es el único responsable de pagarle al abogado y cubrir todos los gastos, impuestos, notificaciones de cualquier índole, reuniones, viajes, actos de alguacil, llamadas telefónicas, etc.,  nuestra constitución establece que el servicio de la justicia es gratis pero, no así los servicios profesionales del abogado.

¿Quién le paga al abogado en República Dominicana? ¿La otra parte que perdió en Justicia?

Muchas veces el que pierde en justicia queda incapacitado de pagar los honorarios, por múltiples factores, que tenga otros casos pendientes, que esté embargado, o por cuentos de camino.

Ahora bien, hay personalidades, instituciones que el abogado determina que esos honorarios pueden hacerse realidad, pero no todos los días te llegará un caso así, recuerda que debes cobrar en presente al que te contrata, todo lo otro, aunque parezca bueno, y suenen muchas trompetas infladas por la vanidad, tiene mucha superficialidad y muchos matices, en materia de cobrar, hazlo en presente, deja a los demás con su cobro de honorarios al futuro.

¿Quién le paga al abogado en República Dominicana? ¿El deudor que no puede pagar una deuda principal?

Una trampa que reciben muchos abogados es “te tengo este casito, para que lo que recuperemos lo dividamos entre nosotros”. Esta situación es sinónimo de pérdida de tiempo, dinero y salud, recibirá lluvias de llamadas a cualquier hora del día para saber en qué va el caso, cuando en realidad se trata de una persona que hace tiempo está quebrada, (Evalúa a quien es que le vas a cobrar), muchas veces puede ser una persona que gana mucho dinero, pero tiene otras deudas, tantos vicios, diferentes mujeres e hijos, que hace imposible la recuperación de esa deuda, y mucho para poder cobrarle algo es por medio de insultos, ofensas personales y amenazas de toda índole.

¿Recibirá su pago del monto total de lo recaudado o de lo recuperado?

Lo importante es recibir el pago de los servicios por adelantado a la demanda, querella, y a los procedimientos extrajudiciales, una buena suma de dinero que sea imposible perder… y si resulta sus diligencias positivas completar su pago total, pero si la otra parte contraria no tiene nada… el abogado ganó porque cobró como debe ser al momento de ser contratado.

-Una experiencia – Después de haber trabajado y ganado una litis en primera instancia, en apelación y en casación,  fue cuando el deudor se vio obligado y decidió por medio de su abogado comenzar a pagar la deuda… sabes qué aceptamos el acuerdo… y poco después murió el deudor… muriendo mis esperanzas de obtener lo justo por mi trabajo… ¿Por favor no me pregunte que si dejó bienes? Usted sabe ya la respuesta.

Honorarios del abogado

¿Cuándo debe recibir el pago el abogado?

Inmediatamente es contratado por sus servicios, incluyendo la consulta.

¿Debe cobrar el abogado cuando él concluya con el caso?

No es recomendable cobrar al final del caso… por muchas variantes… por lo general queda siendo engañado el abogado o tiene que someterse a las reglas del cliente…

¿Y qué ocurre si se trata de una situación legal en la que hay que asistir a la familia?

A los familiares  siempre tenemos el deber colaborar con el consejo y orientación legal, lo ideal es no involucrarse nunca, – lo digo por experiencia – sino más bien, utilizar los servicios de un colega para que colabore, pero que se le pague. Si se trata de esposa e hijos por mandato divino  es correcto defenderle.

Este tema no queda concluido aquí…

Por David Richardson Santana

El mejor tribunal del mundo

Es aquí donde realmente se valora tu profesión

Tu oficina es el mejor tribunal del mundo

“El mejor tribunal del mundo es mi oficina”, esta fue expresión de un colega en el tribunal durante unas de esas pausas en que los jueces se retiran a considerar sobre un incidente o  conclusión de un caso.

Pasaron los años de este ejercicio sin frenos (muchos casos en los cuales solo pierde tiempo, dinero y vida) que indudablemente me llevaron a accidentarme sin lesiones graves, sin poner atención a la salud, a la economía y a la familia. Cuántas veces llegamos a nuestras casas, cansados, agobiados, con la faena de un día duro en los tribunales o tras las largas esperas en las oficinas públicas.

¿Cómo te fue hoy? – Mi esposa –  La respuesta estaba en mi rostro, en mi vestimenta, en mi maletín, y en la toga colgada sobre mi brazo izquierdo. Esta escena la definía como “terror, miedo, vergüenza y muchas cosas más”, por supuesto que no es un delito ir a trabajar y llegar sin dinero, en mi caso particular era una especie de patología, por lo cotidiano de la situación. Los reclamos familiares fueron totalmente válidos, y hasta cierto punto recibí apoyo.

Las situaciones cotidianas (Pago de electricidad, teléfono, cable, algunas cosas para el hogar) muchas veces no podían cumplirse, no por ser irresponsable, sino porque no había con qué, a pesar de trabajar duro, pero sin resultados económicos. De hecho, en mis peores momentos, representaba a ciertas personalidades influyentes en mundo empresarial nacional e internacional, y no tenía un centavo para un simple bocado, o comprar una “botellita de agua”.

Cuando la suerte y la fortuna tocaban a mi puerta, también me di cuenta que otros colegas sin mi consentimiento, usaron mis “generales de abogado”, para demandar a instituciones de intermediación financiera, por razones éticas, esto impedía que ellos se convirtieran en clientes de la oficina.

Todos estos golpes me hicieron reflexionar profundamente, y recordé aquella expresión “El mejor tribunal del mundo es mi oficina”, de este gran colega, duré un tiempo rogándole a Dios que me mostrara el camino, que en realidad no es difícil, así lo hizo.

¿Qué hice? Muchos expedientes los devolví a pesar de haberlo trabajado sin cobrar un centavo por adelantado.

Coloqué un letrero grande en la oficina, visible, muy visible, que se vea, donde hago saber claramente que cobro consultas, y le coloqué también un precio muy justo, el cual renuevo tres a cuatro veces al año. Muchas veces un cliente no tiene la totalidad de la consulta, y me coloca dos mil pesos en las manos, -Doctor solo tengo dos mil… los otros cuando vuelva! -. Esto ha cambiado mi vida, siento que he recuperado parte de mi dignidad profesional y puedo llegar con algo a la casa, en lo económico, más salud, tiempo y vida.

Dios me ha ayudado a elegir mejor los casos, he desarrollado ciertas condiciones para siempre ganar, no solo dinero, sino también salud, tiempo y vida.  El mejor tribunal del mundo es mi oficina.

En conclusión, aprendí además de cobrar consultas, que a mí me paga el que me contrata, me paga en el presente, nunca a futuro, ni para cuando su situación esté resuelta. Que de los primeros pagos que recibo, retiro el 30% que me corresponde.

Por David Richardson Santana

 

 

Reglamento jurisdiccional del Tribunal Constitucional

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

REGLAMENTO JURISDICCIONAL DEL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Procedimiento ante el Tribunal Constitucional

La Constitución de la República Dominicana proclamada el veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010) dispone en su artículo 184 lo siguiente: Habrá un Tribunal Constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Gozará de autonomía administrativa y presupuestaria.

Asimismo, el artículo 189 de la Constitución establece: “La ley regulará los procedimientos constitucionales y lo relativo a la organización y al funcionamiento del Tribunal Constitucional”.

La Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio (en lo adelante “Ley núm. 137-11” ), en su artículo 3 prescribe: “En el cumplimiento de sus funciones como jurisdicción constitucional, el Tribunal Constitucional solo se encuentra sometido a la Constitución, a las normas que integran el bloque de la constitucionalidad, a esta Ley Orgánica y a sus reglamentos”.

El artículo 4 de la misma reza como sigue: El Tribunal Constitucional dictará los reglamentos que fueren necesarios para su funcionamiento y organización administrativa. Una vez aprobados por El Pleno del Tribunal, los mismos se publicarán en el Boletín Constitucional, que es el órgano de publicación oficial de los actos del Tribunal Constitucional, así como en el portal institucional.

En cumplimiento de dichos mandatos constitucionales y legales, El Pleno del Tribunal Constitucional (en lo adelante, “el Pleno”) aprueba el presente reglamento jurisdiccional.

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO
PROCESOS CONSTITUCIONALES

Sección I
Reglas aplicables a los procesos constitucionales

Artículo 1. Sujeción a la Constitución y a la Ley núm. 137-11: Los procesos que conoce el Tribunal Constitucional se sustanciarán de acuerdo con la Constitución, las normas que integran el Bloque de Constitucionalidad y la Ley núm. 137-11.

De acuerdo con la referida ley, se aplicarán supletoriamente los principios generales del derecho procesal constitucional, y solo subsidiariamente las normas procesales afines a la materia discutida, siempre que no contradigan los fines de los procesos constitucionales y los ayuden a su mejor desarrollo.

Artículo 2. Normas reglamentarias e interpretación del Pleno: La tramitación interna de los procesos constitucionales se efectuará de acuerdo con las normas generales y las previsiones que para cada uno de ellos establece la Ley núm. 137-11 y este reglamento. El Pleno interpretará estas normas en la forma más útil para la efectividad de la justicia constitucional.

Artículo 3. Comisiones operativas: Para el conocimiento y agilización de los expedientes, los jueces del Tribunal Constitucional se organizan en comisiones operativas cuya integración se efectuará cada dos años, coordinadas por uno de sus miembros durante un año.

El coordinador de cada comisión operativa tramitará al Pleno los proyectos de sentencias discutidos en su comisión para fines de deliberación y fallo.

En la elaboración de los proyectos de sentencia, las comisiones operativas darán preferencia al conocimiento de los expedientes declarados de urgencia por el Pleno o por el presidente, así como a los recursos de revisión constitucional de sentencias de amparo y las solicitudes de medidas cautelares.

Sección II
Tramitación de los procesos constitucionales

Artículo 4. Inicio de los procedimientos: Los procesos constitucionales se iniciarán de la manera siguiente:

  1. La acción directa de inconstitucionalidad, el control preventivo de constitucionalidad de los tratados internacionales y los conflictos de competencia, mediante el depósito de una instancia en la Secretaría del Tribunal Constitucional.
  2. El recurso de revisión constitucional de las sentencias de amparo y el recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales, mediante el depósito de los mismos en la Secretaría del tribunal que dictó la sentencia recurrida.
  3. Las solicitudes de medidas cautelares, mediante el depósito de las mismas en la Secretaría del tribunal que dictó la sentencia recurrida o en la Secretaría del Tribunal Constitucional.

Artículo 5. Recepción de los expedientes: La Secretaría del Tribunal Constitucional, al recibir los expedientes, verificará que estén completos, de acuerdo con las previsiones que se establecen más adelante en este reglamento con relación a cada proceso.

Artículo 6. Identificación y asignación de los expedientes: La Secretaría
del Tribunal Constitucional identificará con un número cada uno de los expedientes que reciba, según el orden de entrada y conforme a la materia, y los asignará aleatoria y proporcionalmente a las comisiones operativas, y al presidente, con la presencia de los coordinadores de las comisiones (o de sus representantes), quienes a su vez los distribuirán de la misma forma entre sus miembros.

Las formalidades previstas para la asignación de los expedientes quedarán sin efecto tan pronto se instalen en la Secretaría mecanismos que permitan sorteos electrónicos.

El orden de asignación de los expedientes a partir de su fecha de entrada podrá ser excepcionalmente modificado por el Pleno a propuesta de uno de los jueces, o por el presidente (si n aprobación del Pleno), en los casos que considere de urgencia. El expediente declarado de urgencia será asignado de manera aleatoria a una las comisiones operativas o al presidente. El juez apoderado del expediente deberá presentar el proyecto de sentencia al Pleno en el más breve plazo posible.

De manera excepcional, el Pleno podrá asignar directamente el expediente declarado de urgencia al juez que esté apoderado de la solicitud de suspensión de ejecución de la sentencia recurrida en revisión para que este proceda al examen de ambos conjunta o separadamente.

La circunstancia de la urgencia será considerada en forma casuística por el Pleno o el presidente.

Artículo 7. Trámite de los proyectos de sentencia: Una vez elaborados los proyectos de sentencia por la comisión operativa, el juez coordinador, o el presidente (si se tratara de proyectos trabajados en su despacho), los remitirá a la Secretaría del Tribunal para su inclusión en la agenda del Pleno.

Sección III
Sesión del Pleno

Artículo 8. Agenda del Pleno: El presidente, asistido por el secretario, elaborará la agenda de la sesión del Pleno, según el orden de recepción de los proyectos de sentencia. Al efecto, tomará en consideración el carácter preferente de los recursos constitucionales de revisión de sentencia de amparo y las solicitudes de medidas cautelares, así como los asuntos que hayan quedado pendientes de las sesiones anteriores del Pleno. Este orden será excepcionalmente modificado para priorizar los casos que se declaren de urgencia.

El secretario remitirá a cada juez copias de los proyectos de sentencia que figuran en la agenda, y sus expedientes respectivos, con un mínimo de cinco (5) días de antelación a la fecha fijada para la celebración de la sesión del Pleno. Excepcionalmente, este plazo podrá ser reducido en caso de convocatoria de urgencia.

Artículo 9. Constitución del Pleno y discusión de la agenda: El cuórum del Pleno del Tribunal Constitucional se constituye con un mínimo de nueve (9) de sus trece (13) jueces. Comprobado el cuórum, el presidente declara abierta la sesión de trabajo y somete a discusión la agenda, que se agotará según el orden de los temas, salvo que el Pleno apruebe su modificación.

Previo al conocimiento de los casos, el Pleno podrá disponer la fusión de expedientes cuando exista conexidad entre ellos.

Artículo 10. Acta del Pleno: El secretario del Tribunal levantará acta de cada sesión del Pleno, la cual será aprobada en la próxima semana de plenos.

Sin perjuicio del secreto de las deliberaciones, en dicha acta el secretario hará constar, entre otros aspectos de interés:

  1. La fecha de la sesión, con la hora de inicio y de cierre, incluyendo las suspensiones y las reanudaciones.
  2. Los nombres de los jueces presentes, así como de los ausentes, haciendo constar las excusas si las hubieren.
  3. Un resumen del desarrollo de la sesión.
  4. Las modificaciones introducidas y aprobadas a los proyectos
  5. Los votos particulares (salvados o disidentes).
  6. Las consideraciones que los jueces soliciten hacer constar en el acta.
  7. Las firmas de los jueces, luego de la aprobación del acta.

Artículo 11. Deliberación y votación de los proyectos de sentencia: El proceso de la deliberación y votación seguirá el orden que se indica a continuación:

  1. Los debates se iniciarán con el turno del juez ponente, que presenta al Pleno el proyecto de sentencia para su deliberación y votación. Finalizado el turno del juez ponente, el presidente otorgará la palabra a los demás jueces en el orden que lo soliciten. El juez ponente podrá responder a cada una de las objeciones en particular tan pronto sean formuladas o, conjuntamente, al término de ellas.
  2. A solicitud de un juez, previo a la discusión de un expediente, su conocimiento será diferido por cuarenta y ocho (48) horas y agendado para una próxima sesión.
  3. Si en la discusión de un expediente, y previo al cierre de los debates, un juez motiva que sea diferido a otra sesión, su propuesta será sometida al Pleno y deberá contar con la mayoría de nueve (9) votos para ser aprobada.
  4. En el desarrollo de las deliberaciones, el presidente velará porque ellas tengan lugar dentro de un marco de respeto mutuo entre los jueces del Tribunal y hará llamados al orden cuando las circunstancias lo requieran.

Los miembros del Pleno son compromisarios en la preservación de un ambiente de tolerancia, armonía y consideración en sus sesiones.

  1. Agotados los turnos, el presidente cerrará los debates y someterá a votación el proyecto de sentencia presentado por el juez ponente, que se considerará aprobado cuando cuente con un mínimo de nueve (9) votos En caso contrario, será sometido de nuevo a una próxima sesión del Pleno, en un plazo no mayor de un (1) mes. Todos los jueces presentes en la deliberación tienen la obligación de votar a favor o en contra del proyecto.
  2. Si el Pleno aprueba una tesis distinta a la desarrollada en el proyecto original, podrá designar un nuevo juez ponente, que redactará el nuevo proyecto de sentencia conforme a la tesis mayoritaria, en caso de que el juez ponente original solicite el desapoderamiento del expediente.
  3. Si el proyecto de sentencia no obtiene la votación mínima requerida para su aprobación, se remitirá a la comisión operativa de origen, salvo que el Pleno decida enviar el proyecto a una comisión especial o someterlo a una nueva discusión y votación.
  4. En cada votación, el secretario deberá indicar en el acta el número de votos emitidos a favor y en contra del proyecto de sentencia, así como los votos salvados o disidentes, los cuales serán incorporados en la sentencia.

i ) Los jueces del Tribunal no pueden ser recusados. Sin embargo, deben inhibirse por decisión propia de participar en el conocimiento y deliberación de los asuntos en que concurra cualquiera de las causas de recusación previstas en el derecho común, sujeto a la decisión del Pleno, que por mayoría de votos puede rechazar la inhibición.

Artículo 12. Modificaciones de los proyectos de sentencia: Las modificaciones aprobadas por el Pleno, sea por consenso o por votación, serán incorporadas por el juez ponente en la redacción final de la sentencia.

El secretario deberá hacer constar en el acta del Pleno las modificaciones que hayan sido aprobadas, las tramitará al juez ponente para su inclusión en la sentencia y, posteriormente, verificará su incorporación en el proyecto.

Artículo 13. Confidencialidad de las deliberaciones: Las opiniones vertidas y las posiciones asumidas en el Pleno permanecerán en estricta confidencialidad. Ni los jueces ni el secretario divulgarán informaciones sobre los temas discutidos en el Pleno.

De manera provisional, hasta la adopción del reglamento disciplinario del Tribunal Constitucional, la violación a la confidencialidad de las deliberaciones y al contenido de las decisiones se considerará falta grave en el ejercicio de las funciones de los jueces, pasible de ser sancionada de acuerdo con lo establecido en su ley orgánica y en este reglamento jurisdiccional.

Durante las sesiones del Pleno no se podrá tener ni utilizar ningún aparato telefónico ni grabadoras.

Los jueces y el secretario adoptarán las medidas necesarias para garantizar que el personal de sus respectivos despachos guarde la debida reserva de los expedientes a su cargo.

Artículo 14. Cierre de la sesión del Pleno: Agotada la agenda, el presidente dará por terminados los trabajos y declarará cerrada la sesión.

Artículo 15. Votos particulares: De acuerdo con la Constitución y la Ley núm. 137-11, los jueces podrán formular votos salvados o disidentes, con el debido respeto a sus pares y al Tribunal Constitucional, siempre que hayan defendido su opinión discrepante en la deliberación y expongan en el Pleno los fundamentos que desarrollarán en su voto.

El voto es salvado cuando el juez concurre con la decisión final tomada por la mayoría del Pleno, pero ofrece motivaciones propias; es disidente, cuando discrepa del dispositivo de la sentencia.

Artículo 16. Plazos: Los jueces disponen de un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la comunicación de la sentencia para formular su voto particular. Transcurrido dicho plazo, y previa autorización del presidente, el secretario publicará la sentencia sin la incorporación de los votos particulares, dejando constancia de los magistrados que no estuvieron de acuerdo con la motivación o con el dispositivo de la decisión.

El magistrado que haya votado salvado o disidente y no haya emitido su voto dentro del indicado plazo de diez (10) días, dispondrá de un plazo adicional de cinco (5) días hábiles para hacerlo, contado a partir de la publicación de la sentencia. El voto particular se publicará posteriormente, por separado, en el portal institucional, y junto con la sentencia en el boletín del Tribunal.

En todo caso, los magistrados tendrán siempre la potestad de renunciar al voto particular mediante comunicación escrita a la Secretaría.

Artículo 17. Publicación de la sentencia: El secretario comunicará sendas copias certificadas de la sentencia a las partes, así como a los intervinientes y a los amicus curiae, si los hubiere. La decisión se publicará en el Boletín Constitucional y en el portal institucional del Tribunal.

Previo a la publicación oficial de la sentencia, el Tribunal publicará en su portal un comunicado, a cargo de la Secretaría, que deberá contener la síntesis del conflicto, el dispositivo y los resultados de la votación en cada caso conocido y aprobado por el Pleno. Los comunicados serán acompañados del siguiente texto aclaratorio: El presente comunicado es un medio de divulgación estrictamente informativo respecto de los casos conocidos y aprobados por el Pleno. En consecuencia, bajo ninguna circunstancia puede reemplazar total o parcialmente la sentencia firmada y notificada a las partes intervinientes. Tampoco surte efecto jurídico ni goza de eficacia jurisdiccional.

Artículo 18. Celebración de las audiencias: Tal como prescribe la Ley núm. 137-11, el Tribunal Constitucional celebra ordinariamente audiencias en materia de acción directa de inconstitucionalidad y, excepcionalmente, en materia de recurso constitucional de revisión de sentencias de amparo. Estas se rigen por el protocolo de audiencia.

Sección IV
Intervinientes interesados y amicus curiae

Artículo 19. Interviniente: El interviniente es la persona física o jurídica que participa en un proceso en curso ante el Tribunal Constitucional, motivado por su interés personal o por el interés de una de las partes en dicha participación. En la primera hipótesis, se trata de una intervención voluntaria y, en la segunda, de una intervención forzosa.

Artículo 20. Requisitos para la intervención voluntaria: La intervención voluntaria se realizará mediante escrito motivado, que se depositará en la Secretaría del Tribunal Constitucional, acompañado de los documentos en los cuales se sustenta, si los hubiere. Dicho depósito se efectuará dentro de los diez (10) días calendarios, a pena de exclusión, contados a partir de la fecha de publicación de la referencia de los expedientes en el portal web del Tribunal Constitucional.

En los recursos de revisión constitucional de sentencia de amparo, el plazo es de cinco (5) días calendarios.

Los plazos indicados podrán ser reducidos en los casos que el Tribunal Constitucional declare urgentes.

Artículo 21. Comunicación de la intervención: En la acción directa de inconstitucionalidad, el presidente del Tribunal comunicará el escrito del interviniente al accionante, a la autoridad de la cual emane la norma y al procurador general de la República.

El escrito de intervención será comunicado a las partes por el secretario del Tribunal en los recursos de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales, así como en las revisiones constitucionales de sentencias de amparo y, eventualmente, en las demandas de medidas cautelares.

Artículo 22. Escritos de réplica: El escrito de intervención podrá ser objeto de réplica(s), que debe(n) ser depositada(s) en la Secretaría del Tribunal en los siguientes plazos:

  1. En las acciones directas de inconstitucionalidad y los recursos de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales, dentro de los quince (15) días calendarios contados a partir de la comunicación del escrito de intervención.
  2. En los recursos constitucionales de revisión de sentencias de amparo, dentro de los tres (3) días hábiles contados a partir de la comunicación del escrito de intervención.

Los plazos indicados podrán ser reducidos en los casos que el Tribunal Constitucional declare urgentes.

Artículo 23. Amicus curiae: Se considera amicus curiae o amigo del Tribunal a la persona física o jurídica, o a la institución del Estado que, ajena al litigio o al proceso del cual está apoderado el Tribunal Constitucional, somete un escrito de opinión con el objeto de colaborar en su edificación.

El amicus curiae participa en casos de trascendencia constitucional o que resulten de interés público, como son la acción directa de inconstitucionalidad, el control preventivo de los tratados internacionales y los recursos de revisión constitucional de amparo en los cuales se ventilen derechos colectivos y difusos. Deberá poseer reconocida competencia sobre la cuestión debatida y su opinión carece de efectos vinculantes para el Tribunal Constitucional.

Artículo 24. Plazos: En la acción directa de inconstitucionalidad, el amicus curiae debe depositar su escrito en la Secretaría del Tribunal Constitucional en un plazo de quince (15) días calendarios contados a partir de la publicación del extracto de la acción en el portal de la institución; y de cinco (5) días calendarios, en los casos de control preventivo de los tratados internacionales y de los recursos de revisión constitucional de amparo sobre derechos colectivos y difusos, a partir de la publicación de la referencia del expediente en el portal del Tribunal. Si el escrito del amicus curiae es presentado después de vencido el plazo, no será tomado en consideración.

Artículo 25. Alcance: El amicus curiae no se considera parte del proceso, por lo que no puede asumir ninguno de los derechos procesales que correspondan a esta; tampoco percibirá remuneración y su actuación no devengará costas ni honorarios judiciales.

Artículo 26. Ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional: La Unidad de Seguimiento de la Ejecución de las Sentencias (en lo adelante, la “USES”) persigue la ejecución efectiva de las sentencias del
Tribunal mediante la estructuración de los mecanismos de recepción,
investigación y trámite de las solicitudes tendentes a resolver las
dificultades o el incumplimiento de sus decisiones.

La USES se encuentra adscrita al Pleno y se rige por un manual de funcionamiento aprobado por este último. Estará integrada por el secretario, quien la coordinará, y el encargado jurídico del Tribunal Constitucional.

Artículo 27. Mecanismos de ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional: De acuerdo con lo establecido en los artículos 9 y 50 de la Ley núm. 137-11, el Tribunal Constitucional dispondrá en la sentencia quién debe ejecutarla y la forma de ejecución. Las dificultades de ejecución serán resueltas por el Pleno, previo informe de la USES.

El Pleno instruirá a la USES para realizar todas las gestiones necesarias a los fines de garantizar el cumplimiento de sus decisiones cuando la parte interesada le haya informado las dificultades de ejecución.

TÍTULO II

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS SOBRE LOS PROCESOS
CONSTITUCIONALES

CAPÍTULO I
ACCIÓN DIRECTA DE INCONSTITUCIONALIDAD

Artículo 28. Trámite de la acción: El presidente del Tribunal Constitucional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley núm. 137-11, debe verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el escrito de interposición de la acción directa de inconstitucionalidad previstos en el artículo 38 de dicha ley. En caso de que el escrito no cumpla con tales requisitos, se le devolverá al acci onante para que en un plazo máximo de cinco (5) días realice las correcciones correspondientes y lo someta de nuevo.

Si el presidente del Tribunal considera que se han cumplido los requisitos precedentemente indicados, comunicará el escrito al procurador general de la República y a la autoridad de la que emane la norma o acto cuestionado para que emitan su opinión en un plazo de treinta días (30) contados a partir de su recepción.

En caso de que el accionante no obtempere al requerimiento dentro del plazo indicado, o que el nuevo escrito presente otras deficiencias, el presidente informará de tales circunstancias al Pleno para que este último decida si el presidente inicia o no el trámite de la acción.

Artículo 29. Audiencia: Una vez tramitada la acción, el Tribunal Constitucional convocará a una audiencia oral y pública mediante auto del presidente, a fin de que las partes y los intervinientes, si los hubiere, presenten sus conclusiones.

El secretario levantará acta de la audiencia y la certificará. En ella hará constar las conclusiones de las partes y las de los intervinientes, si los hubiere.

Artículo 30. Deliberación y sentencia: El Tribunal deliberará y dictará sentencia dentro de un plazo máximo de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha en que el expediente se encuentre en estado de fallo, al tenor de lo previsto en el artículo 43 de la Ley núm. 137-11.

CAPÍTULO II
CONTROL PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDAD
DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES

Artículo 31. Procedimiento: Previo a su aprobación por el Congreso Nacional, el procedimiento de control preventivo de constitucionalidad de los tratados internacionales se iniciará mediante una instancia dirigida por el presidente de la República al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la constitucionalidad del tratado.

Dicha instancia será acompañada de los siguientes documentos: una copia completa del tratado; una certificación del texto por parte del consultor jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores, traducido al español y certificada por intérprete judicial, en caso de que esté en otro idioma; y un resumen del contenido del tratado, en particular de sus aspectos técnicos.

El secretario del Tribunal verificará que el expediente contenga la documentación requerida; en caso contrario, lo devolverá a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo con ese propósito.

Artículo 32. Deliberación y sentencia: El Pleno del Tribunal deliberará y votará la decisión de acuerdo con las previsiones de la Ley núm. 137-11 y de este reglamento, y dictará sentencia sobre la constitucionalidad o no del tratado en un plazo máximo de treinta (30) días contados a partir de la fecha en que fue apoderado el Tribunal Constitucional. La decisión será comunicada al Poder Ejecutivo.

CAPÍTULO III
CONFLICTOS DE COMPETENCIA

Artículo 33. Planteamiento del conflicto: Cualquiera de los poderes públicos, órganos o entidades previstos en el artículo 59 de la Ley núm. 137-11 podrá plantear un conflicto de competencia de orden constitucional. El conflicto se someterá ante la Secretaría del Tribunal Constitucional mediante un memorial en el que se fundamente jurídicamente la vulneración del orden constitucional de competencias por parte de alguno de estos poderes, órganos o entidades al dictar una disposición, adoptar una resolución o emitir un acto.

Artículo 34. Plazo para alegatos: Previo al conocimiento del conflicto, el presidente del Tribunal Constitucional comunicará el memorial al poder público, órgano, autoridad o entidad del Estado frente al cual se ha presentado el conflicto para que en un plazo de treinta (30) días improrrogables deposite un escrito de defensa y presente los medios probatorios que estime útiles a sus pretensiones.

Artículo 35. Deliberación y sentencia: El Pleno del Tribunal deliberará y votará la decisión de acuerdo con las previsiones del artículo 62 de la Ley núm. 137-11 y este reglamento; es decir, dictará sentencia en el plazo máximo de sesenta (60) días contados a partir de la recepción del escrito de defensa o del vencimiento del mencionado plazo de treinta (30) días, salvo que se considere indispensable practicar alguna prueba, en cuyo caso dicho plazo se contará a partir del momento en que esta se haya practicado.

CAPÍTULO IV
RECURSO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL DE
SENTENCIAS DE AMPARO

Artículo 36. Remisión del expediente al Tribunal Constitucional: De acuerdo con lo establecido en los artículos 99 y siguientes de la Ley núm. 137-11, el recurso de revisión de las sentencias emitidas por el juez de amparo se depositará ante el tribunal que dictó la sentencia, el cual debe realizar las notificaciones previstas en la ley y remitir el expediente al Tribunal Constitucional.

El expediente relativo al recurso de revisión de la sentencia de amparo solo será recibido por la Secretaría del Tribunal Constitucional cuando se encuentre completo. Este deberá contener, entre otros, los siguientes documentos:

  1. Escrito de la acción de amparo.
  2. Copia certificada de la sentencia de amparo.
  3. Acto de notificación de la sentencia recurrida.
  4. Escrito del recurso de revisión.
  5. Acto de notificación del recurso de revisión.
  6. Escrito de defensa de la parte recurrida, si lo hubiere.
  7. Escritos de otras partes intervinientes, si las hubiere.
  8. Documentos probatorios aportados por las partes.

A solicitud de los magistrados o del Pleno, la Secretaría del Tribunal Constitucional podrá requerir el depósito o remisión de otros documentos adicionales a las partes o al tribunal de envío del recurso.

Artículo 37. Deliberación y sentencia: El Pleno del Tribunal deliberará y votará la decisión de acuerdo con las previsiones de la Ley núm. 137-11 y de este reglamento, y dictará sentencia en el plazo máximo de treinta (30) días contados a partir de la recepción del expediente.

Si el Tribunal lo considerara necesario, previo a dictar sentencia, podrá convocar una audiencia pública con la finalidad de celebrar las medidas de instrucción que estime pertinentes para una mejor sustanciación de la especie. En ese caso, el indicado plazo de treinta (30) días se iniciará a partir del día en que el expediente quede en estado de fallo.

CAPÍTULO V
RECURSO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL DE SENTENCIAS

Artículo 38. Remisión del expediente al Tribunal Constitucional: De conformidad con lo establecido en los artículos 53 y siguientes de la Ley núm. 137-11, el recurso de revisión constitucional de sentencias se depositará en el tribunal que dictó la decisión recurrida, el cual debe realizar las notificaciones previstas en la ley y remitir el expediente al Tribunal Constitucional.

El expediente relativo al recurso de revisión solo será recibido por la Secretaría del Tribunal Constitucional cuando se encuentre completo. Este deberá contener, entre otros, los siguientes documentos:

  1. Copia certificada de la sentencia objeto del recurso, así como de todas las sentencias dictadas en el proceso de que se trate.
  2. Acto de notificación de la sentencia recurrida.
  3. Escrito del recurso de revisión constitucional.
  4. Acto de notificación del recurso de revisión.
  5. Escrito de defensa de la parte recurrida, si lo hubiere.
  6. Documentos probatorios aportados por las partes.

A solicitud de los magistrados o del Pleno, la Secretaría del Tribunal Constitucional podrá requerir el depósito o remisión de otros documentos adicionales a las partes o al tribunal de envío del recurso.

Artículo 39. Deliberación y sentencia: El Pleno del Tribunal deliberará y
votará la decisión siguiendo las previsiones de la Ley núm. 137-11, las de este reglamento, así como las interpretaciones que realice de los principios rectores de la justicia constitucional a través de su precedente.

Artículo 40. Petición de suspensión: De acuerdo con la Sentencia TC/0016/12, que rindió este tribunal el treinta y uno (31) de mayo de dos mil doce (2012), toda parte interesada podrá solicitar al Tribunal Constitucional la suspensión de la sentencia de amparo recurrida en revisión. Dicha petición de suspensión se efectuará mediante un escrito motivado que deberá ser depositado en la Secretaría del Tribunal Constitucional o en la Secretaría de la jurisdicción que dictó la sentencia objeto del recurso.

La Secretaría en la que se realice el depósito comunicará la demanda en suspensión a las partes interesadas en un plazo de tres (3) días francos contados a partir de dicho depósito. El demandado dispondrá de un plazo de tres (3) días francos para depositar escrito de réplica, contados a partir de la fecha de notificación de la demanda.

El escrito de defensa debe ser depositado en la Secretaría del Tribunal Constitucional en un plazo de cinco (5) días francos contados a partir de la notificación de la demanda de suspensión.

La solicitud de suspensión se tramitará de forma preferente y sumaria. La Secretaría del Tribunal Constitucional comunicará la decisión sobre la suspensión al tribunal que dictó la sentencia recurrida, así como a las partes.

La demanda en suspensión y el recurso de revisión se resolverán mediante una sola sentencia cuando ambas acciones figuren en una misma instancia, salvo que la naturaleza del caso justifique una solución distinta.

CAPÍTULO VI
VIGENCIA, REFORMA E IMPREVISIONES DEL REGLAMENTO

Artículo 41. Publicación y entrada en vigor del Reglamento: El presente reglamento entrará en vigor una vez sea aprobado por el Pleno del Tribunal Constitucional; luego, se publicará en el Boletín Constitucional y en el portal institucional.

Artículo 42. Reforma del reglamento: Las propuestas de modificación del presente reglamento deben ser presentadas al Pleno del Tribunal Constitucional, por escrito, a iniciativa del presidente o de al menos cuatro (4) jueces.

La reforma del presente reglamento debe ser aprobada por el Pleno por un mínimo de nueve (9) votos favorables.

Artículo 43. Derecho supletorio: Para la solución de las imprevisiones del presente reglamento, se aplicarán supletoriamente los principios generales de derecho procesal constitucional y, subsidiariamente, las normas procesales afines a la materia discutida, por aplicación del principio de supletoriedad contenido en el artículo 7, numeral 12, de la Ley núm. 137- 11.

Aprobado por el Pleno del Tribunal Constitucional en el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República Dominicana, a los diecisiete (17) días de diciembre de dos mil catorce (2014).

Graduación del Diplomado de Derecho Notarial 2003

La verdad es que el tiempo pasa, pasa muy rápido, han transcurrido ya 12 años de este Diplomado, del cual todos mis colegas hemos sacado grandes ventajas en nuestra carrera, en nuestro vivo ejercicio en la cotidianidad. Aquí les dejo el vídeo:

¿Cuántas y cuáles son las leyes derogadas por el nuevo código penal dominicano?

Leyes derogadas por Código Penal

Ley No. 550-14 que establece el Código Penal de la República Dominicana. G. O. No. 10788 del 26 de diciembre de 2014

 

Primera. Derogaciones. La presente ley deroga las siguientes leyes y disposiciones legales:

  • La Ley N o. 12-07 del 24 de enero de 2007 (Gaceta Oficial 10409).
  • La Ley N o. 36-2000 del 18 de junio de 2000 (Gaceta Oficial 10049).
  • La Ley No. 46-99 del 20 de mayo de 1999 (Gaceta Oficial 10015).
  • Los artículos 23, 24 y 25 de la Ley 329-98 del 10 de marzo de 1998 (Gaceta Oficial 9993).
  • La Ley N o. 24-97 del 28 de enero de 1997 (Gaceta Oficial 9945).
  • La Ley No. 73 del 16 de noviembre de 1979 (Gaceta Oficial 9515).
  • La Ley No. 428 del 22 de noviembre de 1972 (Gaceta Oficial 9288).
  • La Ley N o. 588 del 2 de julio de 1970 (Gaceta Oficial 9191).
  • La Ley N o. 282 del 28 de marzo de 1968 (Gaceta Oficial 9076).
  • La Ley N o. 5797 del 1 de diciembre de 1962 (Gaceta Oficial 8638).
  • La Ley No. 5937 del 6 de junio de 1962 (Gaceta Oficial 8661).
  • La Ley N o. 5901 del 14 de mayo de 1962 (Gaceta Oficial 8670).
  • La Ley N o. 5898 del 14 de mayo de 1962 (Gaceta Oficial 8670).
  • La Ley N o. 5869 del 24 de abril de 1962 (Gaceta Oficial 8651).
  • La Ley N o. 5782 del 3 de enero de 1962 (Gaceta Oficial 8636).
  • La Ley No. 5507 del 10 de marzo de 1961 (Gaceta Oficial 8560).
  • La Ley N o. 5224 del 25 de septiembre de 1959 (Gaceta Oficial 8408).
  • La Ley N o. 4427 del 13 de abril de 1956 (Gaceta Oficial 7971).
  • La Ley N o. 3930 del 20 septiembre de 1954 (Gaceta Oficial 7749).
  • La Ley N o. 3664 del 31 octubre de 1953 (Gaceta Oficial 7622).
  • La Ley No. 3379 del 8 de septiembre de 1952 (Gaceta Oficial 7469).
  • La Ley No. 3210 del 3 de marzo de 1952 (Gaceta Oficial 7396).
  • La Ley No. 2540 del 6 de noviembre de 1950 (Gaceta Oficial 7204).
  • La Ley N o. 1690 del 19 de abril de 1948 (Gaceta Oficial 6783).
  • La Ley No. 1603 del 21 de diciembre de 1947 (Gaceta Oficial 6724).
  • La Ley N o. 1384 del 27 de marzo de 1947 (Gaceta Oficial 6605).
  • La Ley No. 1268 del 19 de octubre de 1946 (Gaceta Oficial 6518).
  • La Ley N o. 1025 del 17 de octubre de 1945 (Gaceta Oficial 6345).
  • La Ley N o. 620 del 23 de mayo de 1944 (Gaceta Oficial 6090).
  • La Ley No. 583 del 14 de octubre de 1941 (Gaceta Oficial 5656).
  • La Ley N o. 517 del 28 de julio de 1941 (Gaceta Oficial 5620).
  • La Ley N o. 461 del 17 de mayo de 1941 (Gaceta Oficial 5595).
  • La Ley N o. 896 del 24 de abril de 1935 (Gaceta Oficial 4789).
  • La Ley N o. 770 del 17 de octubre de 1934 (Gaceta Oficial 4730).
  • La Ley No. 705 del 14 de junio de 1934 (Gaceta Oficial 4691).
  • El Artículo 4 de la Ley No. 387 del 10 de noviembre de 1932 (Gaceta Oficial 4522).
  • La Ley N o. 712 del 27 de junio de 1927 (Gaceta Oficial 3872).
  • La Ley N o. 64 del 19 de noviembre de 1924 (Gaceta Oficial 3596).
  • La Ley No. 575 del 9 de diciembre de 1920 (Gaceta Oficial 3176).
  • La Orden Ejecutiva N o. 390 del 27 de enero de 1920 (Gaceta Oficial 3099).
  • La Ley N o. 382 del 10 de enero de 1920 (Gaceta Oficial 3082).
  • La Orden Ejecutiva N o. 202 del 28 de agosto de 1918 (Gaceta Oficial 2939-A).
  • La Ley No. 175 del 17 de junio de 1918 (Gaceta Oficial 2918).
  • La Ley No. 5128 del 16 de julio de 1912 (Gaceta Oficial 2315).
  • La Ley No. 5009 del 28 de junio de 1911 (Gaceta Oficial 2209).
  • La Ley No. 5007 del 28 de junio de 1911 (Gaceta Oficial 2209).
  • La Ley No. 4928 del 30 de junio de 1910 (Gaceta Oficial 2098).
  • La Resolución No. 4699 del 28 de junio de 1906 (Gaceta Oficial 1700 y 1701).
  • El Decreto-Ley No. 2274 del 20 de agosto de 1884, que sanciona el Código Penal de la República Dominicana, así como las leyes posteriores que introdujeron derogaciones, modificaciones o sustituciones en su texto.
  • Los artículos 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593 y 601 del Código de Comercio de la República Dominicana puesto en vigor por el Decreto-Ley No. 2236 del 5 de junio de 1884, con sus respectivas modificaciones.
  • Las disposiciones de cualquier otra ley que contradigan lo dispuesto en este código respecto de los tipos penales en él definidos.

 

 

Nuevo código procesal penal dominicano

Ley No. 10-15 que introduce modificaciones a la Ley No. 76-02, del 19 de julio de 2002, que establece el Código Procesal Penal de la República Dominicana. G. O. No. 10791 del 10 de febrero de 2015.

Nuevo sistema procesal penal

Ley No. 10-15 que introduce modificaciones a la Ley No. 76-02, del 19 de julio de 2002, que establece el Código Procesal Penal de la República Dominicana. G. O. No. 10791 del 10 de febrero de 2015.

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la República

Ley No. 10-15

CONSIDERANDO PRIMERO: Que la definición clara de las líneas que gobiernan la política criminal del Estado, de la cual forma parte esencial la normativa procesal penal, es fundamental para garantizar la eficacia de la persecución del delito;

CONSIDERANDO SEGUNDO: Que la normativa vigente amerita cambios tendentes a fortalecer la eficacia de la persecución penal, aunque respetando los derechos fundamentales de las personas consagrados por la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que forman parte del bloque de la constitucionalidad;

CONSIDERANDO TERCERO: Que la República Dominicana procura, aumentando la eficacia de la persecución penal, contribuir a la erradicación de la cultura de impunidad que prevalece en nuestra sociedad, cuyos representantes reclaman que se enfrente de manera más contundente los hechos delictivos;

CONSIDERANDO CUARTO: Que para modificar viejas prácticas y actuaciones de muchos de los actores del sistema de administración de la justicia penal, es imperativo que la norma permita estimular más contundentemente el proceso de cambios que exige nuestra sociedad en la dinámica de la investigación, la persecución penal y el juicio;

CONSIDERANDO QUINTO: Que para tales fines es menester reformar varios aráculos del Código Procesal Penal relativos a los plazos para ejercer derechos, acciones y recursos para arribar a una decisión en el proceso penal; ampliación de los presupuestos para determinar el arraigo de la persona acusada y su posible medida de coerción; definir el ámbito de las funciones del juez de la ejecución de la pena y, en fi n, una serie de medidas que permitan reducir los niveles de impunidad como consecuencia de los hechos ilícitos, garantizando el debido proceso y el régimen de libertades individuales.

VISTA: La Constitución de República Dominicana;

VISTA: La Ley No. 76-02, del 19 de julio de 2002, que establece el Código Procesal Penal Dominicano.

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.- Se modifica el Artículo 11 de la Ley No.76-02, que establece el Código Procesal Penal de la República Dominicana, para que diga en lo adelante del modo siguiente:

“Artículo 11.- Igualdad ante la ley. Todas las personas son iguales ante la ley y deben ser tratadas conforme a las mismas reglas.

Los jueces y el ministerio público deben tomar en cuenta las condiciones particulares de las personas y del caso, pero no pueden fundar sus decisiones en base a nacionalidad, género, etnia, color, credo o religión, ideas políticas, orientación sexual, posición económica o social, u otra condición con implicaciones discriminatorias”.

Artículo 2.- Se modifica el Artículo 27 de la Ley No.76-02, del 19 de julio del 2002, que establece el Código Procesal Penal de la República Dominicana, para que diga:

Artículo 27.- Derechos de la víctima. La víctima tiene derecho a asumir su representación y a ser asistida por un representante técnico de su elección. Si no tiene la capacidad económica para designarlo, el Estado le proveerá uno. Tiene derecho a intervenir en el procedimiento penal y a ser informada de sus resultados en la forma prevista por este Código”.

Artículo 3.- Se modifica el Artículo 31 de la Ley No.76-02, que establece el Código Procesal Penal de la República Dominicana, para que diga en lo adelante del modo siguiente:

Artículo 31.- Acción pública a instancia privada. Cuando el ejercicio de la acción pública depende de una instancia privada el ministerio público sólo está autorizado a ejercerla con la presentación de la instancia y mientras ella se mantenga. Sin perjuicio de ello, el ministerio público debe realizar todos los actos imprescindibles para conservar los elementos de prueba, siempre que no afecten la protección del interés de la víctima.

La instancia privada se produce con la presentación de la denuncia o querella por parte de la víctima.

Se considera desistida la instancia privada cuando quien la presenta, citado legalmente y sin justa causa, no comparece a realizar una diligencia procesal que requiera su presencia, a prestar testimonio, a la audiencia preliminar o al juicio.

El ministerio público la ejerce directamente cuando el hecho punible sea en perjuicio de un incapaz que no tenga representación o cuando haya sido cometido por uno de los padres, el tutor o el representante legal.

Una vez presentada la instancia privada queda autorizada la persecución de todos los imputados.

Depende de instancia privada la persecución de los hechos punibles siguientes:

  • Vías de hecho;
  • Golpes y heridas que no causen lesión permanente, salvo los casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes, de género e intrafamiliar;
  • Amenaza, salvo las proferidas contra funcionarios públicos en ocasión del ejercicio de sus funciones;
  • Robo sin violencia y sin armas;
  • Estafa;
  • Abuso de confianza;
  • Trabajo pagado y no realizado;
  • Revelación de secretos;
  • Falsedades en escrituras privadas;
  • Trabajo realizado y no pagado.

Artículo 4.- Se modifica el Artículo 32 de la Ley No.76-02, que establece el Código Procesal Penal de la República Dominicana, para que diga en lo adelante del modo siguiente:

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Descargue la Sentencia sobre senador Félix Ramón Bautista Rosario

Mag. Alejandro Adolfo Moscoso Segarra

Descargue la Decisión (Resolución No. 544­-2015) senador Félix Ramón Bautista Rosario, la colocamos aquí con el único interés jurídico educativo, para que sea leída, analizada por los estudiantes de derecho, abogados y público en general apasionado por el mundo jurídico-legal.

He aquí la parte final de dicha Resolución marcada con el número 544-2015

R E S U E L V E:

PRIMERO: En cuanto a los imputados Félix Ramón Bautista Rosario, Senador de la República por la provincia de San Juan; José Elías Hernández García, Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, Carlos Manuel Ozoria Martínez y Grisel Araceli Soler Pimentel, declara la nulidad de la acusación presentada en su contra por el Procurador General de la República; y en consecuencia, se dicta AUTO DE NO HA LUGAR, por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente decisión;

SEGUNDO: En cuanto a los imputados Soraida Abreu Martínez y Bienvenido Apolinar Bretón Medina, se dicta AUTO DE NO HA LUGAR, en virtud de las consideraciones contenidas en esta decisión;

TERCERO: Ordena el levantamiento de cualquier tipo de oposición, nota de  advertencia, incautación,  secuestro y  cualquier otra medida restrictiva de la propiedad de los bienes de los imputados, descritos en parte anterior;

CUARTO: Exime el proceso de costas, en virtud de las disposiciones contenidas en los artículos 246 y 247 del Código Procesal Penal;

QUINTO: La lectura de la presente resolución vale notificación para las partes presentes y representadas, encontrándose lista para su entrega en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, a partir de la cual empieza a correr el plazo de cinco (5) días para la interposición del correspondiente recurso de apelación, de conformidad con las previsiones de los artículos 143, 304, 335, 410 y 411 del Código Procesal Penal.

 

Alejandro Adolfo Moscoso Segarra,

Grimilda Acosta

Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por el Juez que figura en su  encabezamiento, en audiencia pública día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

Por favor presione aquí ver completamente Resolución núm. 544-­2015

Senador de la República, Secretario de Organización del @PLDenlinea y Presidente de FUNDI.

Félix Bautista

Derechos de la mujer en la Constitución de 2010

Perspectiva de Género

Desde siempre la mujer ha desempeñado aquel papel para el que estaba naturalmente destinada: el hogar, la maternidad, la familia; fruto de ese “proceso de socialización diferenciada”, que es el que moldea a la persona según unos patrones de conducta socialmente establecidos, se le asignó un rol marcadamente desigual ante el hombre.

Nuestro país dispone hoy de una nueva Constitución, contentiva de principios y normativas que definen una nueva República Dominicana, un Estado moderno, definiendo los derechos sociales, económicos, políti­cos y culturales, entre otros, donde se destaca de ma­nera clara y precisa la plena igualdad y equidad entre hombres y mujeres.

Los adelantos en materia de equidad de género in­cluyen el hecho de que en la Carta Sustantiva se reco­noce de manera expresa la igualdad de derechos en­tre el hombre y la mujer (Artículo 39.4), se condena la violencia intrafamiliar y de género en cualquiera de sus formas e impone al Estado la obligación de promover las medidas que fueren necesarias para sancionar y erradicar las desigualdades y la violencia de género (Artículos 39.3, 39.4 y 42.2).

Otra conquista para la mujer es la prerrogativa que establece el equilibrio de género en la presentación de candidaturas y puestos de decisión en la Adminis­tración Pública, de justicia y en los órganos de control del Estado (Art. 39), así como la consecuente habilita­ción de mecanismos para lograr la igualdad.

También, los derechos de la mujer se ven protegi­dos en ciertos numerales del artículo 55 sobre los de­rechos de familia, especialmente el numeral 6, el cual indica que “La maternidad, sea cual fuere la condi­ción social o el estado civil de la mujer, gozará de la protección de los poderes públicos y genera de­recho a la asistencia oficial en caso de desamparo”.

Otra disposición de corte progresista es el numeral 11 del mismo artículo 55, que señala lo siguiente:

“El Estado reconoce el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social, por lo que se incorporará en la formulación y ejecución de las políticas públicas y sociales”.

Sobre otros derechos relacionados con la participa­ción de la mujer en la vida política y pública queremos destacar el contenido del artículo 22 del texto sustan­tivo, sobre los derechos de la ciudadanía, el cual establece en su numeral 2 el derecho a “decidir sobre los asuntos que se les propongan mediante referendo”. Mientras que en el numeral 3 se consigna la libertad de “ejercer el derecho de iniciativa popular, legisla­tiva y municipal, en las condiciones fijadas por esta Constitución y las leyes”. Por último, el derecho de “formular peticiones a los poder

es públicos para solicitar medidas de interés público y obtener res­puesta de las autoridades en el término estableci­do por las leyes que se dicten al respecto“. Con ello nos ponemos a tono, además, con la recomendación general 23, adoptada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en 1997, que pone a cargo de los Estados Partes tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país.

Ahora bien, aunque los avances normativos son im­portantes, al profundizar en el análisis de su validez a la luz de sus objetivos y alcances, nos damos cuenta que aún quedan muchos obstáculos por salvar.

Se precisa de la construcción de un nuevo sistema de valores, actitudes y convicciones que conviertan en prácticas de vida la igualdad y la equidad entre mu­jeres y hombres como condición indispensable para construir una cultura de paz, libre de violencia intrafamiliar y contra las mujeres.

La educación para la igualdad de derechos y opor­tunidades en todos los ámbitos de nuestras vidas y en todos los espacios en los que interactuamos es la única vía segura para que podamos construir una Re­pública Dominicana cada vez más humana, justa y so­lidaria, donde mujeres y hombres avancemos juntos, de igual a igual.

En lo relativo a la participación política de mujeres y hombres también debe existir equilibrio. Una ver­dadera participación política con enfoque de género deberá garantizar tres elementos: inclusión, represen­tación y paridad.

El Tribunal Constitucional deberá garantizar proac­tivamente el empoderamiento de la mujer en un diálogo constructivo que permita canalizar institucio­nalmente las posibilidades que le reconoce la Consti­tución. Podemos asegurar que el TC ha asumido ese compromiso dispuesto a trabajar sin descanso para que la nueva Constitución se convierta en un verdade­ro instrumento de derechos, de manera que esos de­rechos se traduzcan en hechos reales que se expresen en la igualdad de derechos; que contribuya a lograr una mayor representación de las mujeres a todos los niveles de la sociedad, en el respeto de su vida, de su autonomía y su soberanía plena.

Revisión constitucional de sentencias de amparo

Revisión Constitucional de Sentencias de Amparo

En nuestro país se ha diseñado un mecanismo de protección de los derechos fundamentales en el cual la acción de amparo se convierte en el medio procesal para la tutela de todos ellos, quedando los jueces del orden judicial encargados de conocer y decidir sobre las violaciones a los mismos, sin importar si provienen de la autoridad pública o de los particulares.

¿CUÁL ES LA FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE AMPARO?

La acción de amparo, contemplada en el artículo 72 de la Constitución y los artículos 65 al 93 de la Ley núm. 137-11, ha sido instaurada en la Constitución dominicana como el proceso judicial que tiene como finalidad proteger los derechos fundamentales de la persona -con excepción de los que protegen el hábeas corpus y la acción de hábeas data- ante violaciones o amenazas de violación provenientes de una autoridad o de un particular.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCIONAR EN AMPARO?

Nuestra Constitución establece que toda persona tiene derecho a una acción de amparo para reclamar ante los tribunales, por sí o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales.

¿ANTE CUÁLES CIRCUNSTANCIAS PODEMOS ACCIONAR EN AMPARO?

La acción de amparo será admisible contra todo acto u omisión de una autoridad pública o de cualquier particular, que lesione, restrinja, altere o amenace los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.

El recurso de revisión constitucional de sentencias de amparo ha sido instaurado en los artículos del 94 al 111 de la Ley núm. 137-11 como el medio a través del cual se pueden impugnar las sentencias de amparo que hayan violado los derechos fundamentales de los accionantes.

¿EN QUÉ CONSISTE EL RECURSO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL DE SENTENCIAS DE AMPARO?

El recurso de revisión constitucional de sentencias de amparo es un recurso extraordinario de impugnación, por medio del cual se somete a la consideración del Tribunal Constitucional una controversia ya resuelta por otro tribunal.

¿CUÁLES SENTENCIAS PUEDEN SER RECURRIDAS EN REVISIÓN CONSTITUCIONAL?

La revisión de las sentencias de amparo por parte del Tribunal Constitucional de la República Dominicana está contenida en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, el cual establece que todas las sentencias emitidas por el juez de amparo pueden ser recurridas en revisión en la forma y bajo las condiciones establecidas en dicha ley.

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO PARA RECURRIR EN REVISIÓN CONSTITUCIONAL DE SENTENCIAS DE AMPARO?

El procedimiento para recurrir en revisión constitucional de sentencias de amparo está contenido en los artículos del 95 al 103 de la Ley núm. 137-11. Este se interpondrá mediante escrito depositado en la Secretaría del juez o tribunal que rindió la sentencia, en el cual se exponen las violaciones a los derechos fundamentales que han sido alegadas por la parte agraviada.

Fuente: Tribunal Constitucional República Dominicana

¿En qué consiste la acción directa en inconstitucionalidad?

La acción directa en inconstitucionalidad, contenida en el artículo 185 numeral 1 de la Constitución y los artículos 38 al 50 de la Ley núm. 137-11, orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, tiene como finalidad verificar que toda ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza se encuentre conforme con las disposiciones contenidas en la Constitución dominicana vigente.

En tal virtud, el Tribunal Constitucional determina, a través del juicio de constitucionalidad, si existe una oposición objetiva entre el contenido de la disposición enjuiciada y lo que la Constitución política dispone sobre ese particular.

¿Quiénes pueden accionar ante el tribunal constitucional?

En virtud del artículo 185 de la Constitución, la acción directa en inconstitucionalidad podrá ser interpuesta, a instancia del presidente de la República, de parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con un interés legítimo y jurídicamente protegido.

¿Cuáles son los actos susceptibles de ser atacados en inconstitucionalidad?

Nuestra Carta Magna en el numeral 1 de su artículo 185 y el artículo 36 de la Ley núm. 137-11 establecen que pueden ser atacados en incons­titucionalidad las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas que contravengan el ordenamiento constitucional.

¿Cuál es el procedimiento para accionar en inconstitucionalidad?

El procedimiento para incoar una acción directa en inconstitucionalidad está contenido en los artículos 38 al 50 de la Ley No. 137-11.

Esta se interpone mediante un escrito presentado ante la Secretaría del Tribunal Constitucional, en el cual se exponen los fundamentos de la acción, con cita concreta de las disposiciones constitucionales que se consideran vulneradas.

Luego se convocará a una audiencia oral y pública, a fin de que el accionante, la autoridad de la que emane la norma o el acto cuestionado y el Procurador General de la República presenten sus conclusiones.

¿Cuál es el fin de una sentencia de acción en inconstitucionalidad?

Las sentencias que declaren la inconstitucionali­dad generan la anulación de la norma o los actos impugnados, eliminándolos del ordenamiento jurídico.

Las decisiones que denieguen la acción únicamente surtirán efecto entre las partes en el caso concreto.

Fuente: Tribunal Constitucional República Dominicana