Graduación del Diplomado de Derecho Notarial 2003

La verdad es que el tiempo pasa, pasa muy rápido, han transcurrido ya 12 años de este Diplomado, del cual todos mis colegas hemos sacado grandes ventajas en nuestra carrera, en nuestro vivo ejercicio en la cotidianidad. Aquí les dejo el vídeo:

¿Cuántas y cuáles son las leyes derogadas por el nuevo código penal dominicano?

Leyes derogadas por Código Penal

Ley No. 550-14 que establece el Código Penal de la República Dominicana. G. O. No. 10788 del 26 de diciembre de 2014

 

Primera. Derogaciones. La presente ley deroga las siguientes leyes y disposiciones legales:

  • La Ley N o. 12-07 del 24 de enero de 2007 (Gaceta Oficial 10409).
  • La Ley N o. 36-2000 del 18 de junio de 2000 (Gaceta Oficial 10049).
  • La Ley No. 46-99 del 20 de mayo de 1999 (Gaceta Oficial 10015).
  • Los artículos 23, 24 y 25 de la Ley 329-98 del 10 de marzo de 1998 (Gaceta Oficial 9993).
  • La Ley N o. 24-97 del 28 de enero de 1997 (Gaceta Oficial 9945).
  • La Ley No. 73 del 16 de noviembre de 1979 (Gaceta Oficial 9515).
  • La Ley No. 428 del 22 de noviembre de 1972 (Gaceta Oficial 9288).
  • La Ley N o. 588 del 2 de julio de 1970 (Gaceta Oficial 9191).
  • La Ley N o. 282 del 28 de marzo de 1968 (Gaceta Oficial 9076).
  • La Ley N o. 5797 del 1 de diciembre de 1962 (Gaceta Oficial 8638).
  • La Ley No. 5937 del 6 de junio de 1962 (Gaceta Oficial 8661).
  • La Ley N o. 5901 del 14 de mayo de 1962 (Gaceta Oficial 8670).
  • La Ley N o. 5898 del 14 de mayo de 1962 (Gaceta Oficial 8670).
  • La Ley N o. 5869 del 24 de abril de 1962 (Gaceta Oficial 8651).
  • La Ley N o. 5782 del 3 de enero de 1962 (Gaceta Oficial 8636).
  • La Ley No. 5507 del 10 de marzo de 1961 (Gaceta Oficial 8560).
  • La Ley N o. 5224 del 25 de septiembre de 1959 (Gaceta Oficial 8408).
  • La Ley N o. 4427 del 13 de abril de 1956 (Gaceta Oficial 7971).
  • La Ley N o. 3930 del 20 septiembre de 1954 (Gaceta Oficial 7749).
  • La Ley N o. 3664 del 31 octubre de 1953 (Gaceta Oficial 7622).
  • La Ley No. 3379 del 8 de septiembre de 1952 (Gaceta Oficial 7469).
  • La Ley No. 3210 del 3 de marzo de 1952 (Gaceta Oficial 7396).
  • La Ley No. 2540 del 6 de noviembre de 1950 (Gaceta Oficial 7204).
  • La Ley N o. 1690 del 19 de abril de 1948 (Gaceta Oficial 6783).
  • La Ley No. 1603 del 21 de diciembre de 1947 (Gaceta Oficial 6724).
  • La Ley N o. 1384 del 27 de marzo de 1947 (Gaceta Oficial 6605).
  • La Ley No. 1268 del 19 de octubre de 1946 (Gaceta Oficial 6518).
  • La Ley N o. 1025 del 17 de octubre de 1945 (Gaceta Oficial 6345).
  • La Ley N o. 620 del 23 de mayo de 1944 (Gaceta Oficial 6090).
  • La Ley No. 583 del 14 de octubre de 1941 (Gaceta Oficial 5656).
  • La Ley N o. 517 del 28 de julio de 1941 (Gaceta Oficial 5620).
  • La Ley N o. 461 del 17 de mayo de 1941 (Gaceta Oficial 5595).
  • La Ley N o. 896 del 24 de abril de 1935 (Gaceta Oficial 4789).
  • La Ley N o. 770 del 17 de octubre de 1934 (Gaceta Oficial 4730).
  • La Ley No. 705 del 14 de junio de 1934 (Gaceta Oficial 4691).
  • El Artículo 4 de la Ley No. 387 del 10 de noviembre de 1932 (Gaceta Oficial 4522).
  • La Ley N o. 712 del 27 de junio de 1927 (Gaceta Oficial 3872).
  • La Ley N o. 64 del 19 de noviembre de 1924 (Gaceta Oficial 3596).
  • La Ley No. 575 del 9 de diciembre de 1920 (Gaceta Oficial 3176).
  • La Orden Ejecutiva N o. 390 del 27 de enero de 1920 (Gaceta Oficial 3099).
  • La Ley N o. 382 del 10 de enero de 1920 (Gaceta Oficial 3082).
  • La Orden Ejecutiva N o. 202 del 28 de agosto de 1918 (Gaceta Oficial 2939-A).
  • La Ley No. 175 del 17 de junio de 1918 (Gaceta Oficial 2918).
  • La Ley No. 5128 del 16 de julio de 1912 (Gaceta Oficial 2315).
  • La Ley No. 5009 del 28 de junio de 1911 (Gaceta Oficial 2209).
  • La Ley No. 5007 del 28 de junio de 1911 (Gaceta Oficial 2209).
  • La Ley No. 4928 del 30 de junio de 1910 (Gaceta Oficial 2098).
  • La Resolución No. 4699 del 28 de junio de 1906 (Gaceta Oficial 1700 y 1701).
  • El Decreto-Ley No. 2274 del 20 de agosto de 1884, que sanciona el Código Penal de la República Dominicana, así como las leyes posteriores que introdujeron derogaciones, modificaciones o sustituciones en su texto.
  • Los artículos 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593 y 601 del Código de Comercio de la República Dominicana puesto en vigor por el Decreto-Ley No. 2236 del 5 de junio de 1884, con sus respectivas modificaciones.
  • Las disposiciones de cualquier otra ley que contradigan lo dispuesto en este código respecto de los tipos penales en él definidos.

 

 

Nuevo código procesal penal dominicano

Ley No. 10-15 que introduce modificaciones a la Ley No. 76-02, del 19 de julio de 2002, que establece el Código Procesal Penal de la República Dominicana. G. O. No. 10791 del 10 de febrero de 2015.

Nuevo sistema procesal penal

Ley No. 10-15 que introduce modificaciones a la Ley No. 76-02, del 19 de julio de 2002, que establece el Código Procesal Penal de la República Dominicana. G. O. No. 10791 del 10 de febrero de 2015.

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la República

Ley No. 10-15

CONSIDERANDO PRIMERO: Que la definición clara de las líneas que gobiernan la política criminal del Estado, de la cual forma parte esencial la normativa procesal penal, es fundamental para garantizar la eficacia de la persecución del delito;

CONSIDERANDO SEGUNDO: Que la normativa vigente amerita cambios tendentes a fortalecer la eficacia de la persecución penal, aunque respetando los derechos fundamentales de las personas consagrados por la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que forman parte del bloque de la constitucionalidad;

CONSIDERANDO TERCERO: Que la República Dominicana procura, aumentando la eficacia de la persecución penal, contribuir a la erradicación de la cultura de impunidad que prevalece en nuestra sociedad, cuyos representantes reclaman que se enfrente de manera más contundente los hechos delictivos;

CONSIDERANDO CUARTO: Que para modificar viejas prácticas y actuaciones de muchos de los actores del sistema de administración de la justicia penal, es imperativo que la norma permita estimular más contundentemente el proceso de cambios que exige nuestra sociedad en la dinámica de la investigación, la persecución penal y el juicio;

CONSIDERANDO QUINTO: Que para tales fines es menester reformar varios aráculos del Código Procesal Penal relativos a los plazos para ejercer derechos, acciones y recursos para arribar a una decisión en el proceso penal; ampliación de los presupuestos para determinar el arraigo de la persona acusada y su posible medida de coerción; definir el ámbito de las funciones del juez de la ejecución de la pena y, en fi n, una serie de medidas que permitan reducir los niveles de impunidad como consecuencia de los hechos ilícitos, garantizando el debido proceso y el régimen de libertades individuales.

VISTA: La Constitución de República Dominicana;

VISTA: La Ley No. 76-02, del 19 de julio de 2002, que establece el Código Procesal Penal Dominicano.

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.- Se modifica el Artículo 11 de la Ley No.76-02, que establece el Código Procesal Penal de la República Dominicana, para que diga en lo adelante del modo siguiente:

“Artículo 11.- Igualdad ante la ley. Todas las personas son iguales ante la ley y deben ser tratadas conforme a las mismas reglas.

Los jueces y el ministerio público deben tomar en cuenta las condiciones particulares de las personas y del caso, pero no pueden fundar sus decisiones en base a nacionalidad, género, etnia, color, credo o religión, ideas políticas, orientación sexual, posición económica o social, u otra condición con implicaciones discriminatorias”.

Artículo 2.- Se modifica el Artículo 27 de la Ley No.76-02, del 19 de julio del 2002, que establece el Código Procesal Penal de la República Dominicana, para que diga:

Artículo 27.- Derechos de la víctima. La víctima tiene derecho a asumir su representación y a ser asistida por un representante técnico de su elección. Si no tiene la capacidad económica para designarlo, el Estado le proveerá uno. Tiene derecho a intervenir en el procedimiento penal y a ser informada de sus resultados en la forma prevista por este Código”.

Artículo 3.- Se modifica el Artículo 31 de la Ley No.76-02, que establece el Código Procesal Penal de la República Dominicana, para que diga en lo adelante del modo siguiente:

Artículo 31.- Acción pública a instancia privada. Cuando el ejercicio de la acción pública depende de una instancia privada el ministerio público sólo está autorizado a ejercerla con la presentación de la instancia y mientras ella se mantenga. Sin perjuicio de ello, el ministerio público debe realizar todos los actos imprescindibles para conservar los elementos de prueba, siempre que no afecten la protección del interés de la víctima.

La instancia privada se produce con la presentación de la denuncia o querella por parte de la víctima.

Se considera desistida la instancia privada cuando quien la presenta, citado legalmente y sin justa causa, no comparece a realizar una diligencia procesal que requiera su presencia, a prestar testimonio, a la audiencia preliminar o al juicio.

El ministerio público la ejerce directamente cuando el hecho punible sea en perjuicio de un incapaz que no tenga representación o cuando haya sido cometido por uno de los padres, el tutor o el representante legal.

Una vez presentada la instancia privada queda autorizada la persecución de todos los imputados.

Depende de instancia privada la persecución de los hechos punibles siguientes:

  • Vías de hecho;
  • Golpes y heridas que no causen lesión permanente, salvo los casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes, de género e intrafamiliar;
  • Amenaza, salvo las proferidas contra funcionarios públicos en ocasión del ejercicio de sus funciones;
  • Robo sin violencia y sin armas;
  • Estafa;
  • Abuso de confianza;
  • Trabajo pagado y no realizado;
  • Revelación de secretos;
  • Falsedades en escrituras privadas;
  • Trabajo realizado y no pagado.

Artículo 4.- Se modifica el Artículo 32 de la Ley No.76-02, que establece el Código Procesal Penal de la República Dominicana, para que diga en lo adelante del modo siguiente:

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Descargue la Sentencia sobre senador Félix Ramón Bautista Rosario

Mag. Alejandro Adolfo Moscoso Segarra

Descargue la Decisión (Resolución No. 544­-2015) senador Félix Ramón Bautista Rosario, la colocamos aquí con el único interés jurídico educativo, para que sea leída, analizada por los estudiantes de derecho, abogados y público en general apasionado por el mundo jurídico-legal.

He aquí la parte final de dicha Resolución marcada con el número 544-2015

R E S U E L V E:

PRIMERO: En cuanto a los imputados Félix Ramón Bautista Rosario, Senador de la República por la provincia de San Juan; José Elías Hernández García, Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, Carlos Manuel Ozoria Martínez y Grisel Araceli Soler Pimentel, declara la nulidad de la acusación presentada en su contra por el Procurador General de la República; y en consecuencia, se dicta AUTO DE NO HA LUGAR, por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente decisión;

SEGUNDO: En cuanto a los imputados Soraida Abreu Martínez y Bienvenido Apolinar Bretón Medina, se dicta AUTO DE NO HA LUGAR, en virtud de las consideraciones contenidas en esta decisión;

TERCERO: Ordena el levantamiento de cualquier tipo de oposición, nota de  advertencia, incautación,  secuestro y  cualquier otra medida restrictiva de la propiedad de los bienes de los imputados, descritos en parte anterior;

CUARTO: Exime el proceso de costas, en virtud de las disposiciones contenidas en los artículos 246 y 247 del Código Procesal Penal;

QUINTO: La lectura de la presente resolución vale notificación para las partes presentes y representadas, encontrándose lista para su entrega en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, a partir de la cual empieza a correr el plazo de cinco (5) días para la interposición del correspondiente recurso de apelación, de conformidad con las previsiones de los artículos 143, 304, 335, 410 y 411 del Código Procesal Penal.

 

Alejandro Adolfo Moscoso Segarra,

Grimilda Acosta

Secretaria General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por el Juez que figura en su  encabezamiento, en audiencia pública día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

Por favor presione aquí ver completamente Resolución núm. 544-­2015

Senador de la República, Secretario de Organización del @PLDenlinea y Presidente de FUNDI.

Félix Bautista

Derechos de la mujer en la Constitución de 2010

Perspectiva de Género

Desde siempre la mujer ha desempeñado aquel papel para el que estaba naturalmente destinada: el hogar, la maternidad, la familia; fruto de ese “proceso de socialización diferenciada”, que es el que moldea a la persona según unos patrones de conducta socialmente establecidos, se le asignó un rol marcadamente desigual ante el hombre.

Nuestro país dispone hoy de una nueva Constitución, contentiva de principios y normativas que definen una nueva República Dominicana, un Estado moderno, definiendo los derechos sociales, económicos, políti­cos y culturales, entre otros, donde se destaca de ma­nera clara y precisa la plena igualdad y equidad entre hombres y mujeres.

Los adelantos en materia de equidad de género in­cluyen el hecho de que en la Carta Sustantiva se reco­noce de manera expresa la igualdad de derechos en­tre el hombre y la mujer (Artículo 39.4), se condena la violencia intrafamiliar y de género en cualquiera de sus formas e impone al Estado la obligación de promover las medidas que fueren necesarias para sancionar y erradicar las desigualdades y la violencia de género (Artículos 39.3, 39.4 y 42.2).

Otra conquista para la mujer es la prerrogativa que establece el equilibrio de género en la presentación de candidaturas y puestos de decisión en la Adminis­tración Pública, de justicia y en los órganos de control del Estado (Art. 39), así como la consecuente habilita­ción de mecanismos para lograr la igualdad.

También, los derechos de la mujer se ven protegi­dos en ciertos numerales del artículo 55 sobre los de­rechos de familia, especialmente el numeral 6, el cual indica que “La maternidad, sea cual fuere la condi­ción social o el estado civil de la mujer, gozará de la protección de los poderes públicos y genera de­recho a la asistencia oficial en caso de desamparo”.

Otra disposición de corte progresista es el numeral 11 del mismo artículo 55, que señala lo siguiente:

“El Estado reconoce el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social, por lo que se incorporará en la formulación y ejecución de las políticas públicas y sociales”.

Sobre otros derechos relacionados con la participa­ción de la mujer en la vida política y pública queremos destacar el contenido del artículo 22 del texto sustan­tivo, sobre los derechos de la ciudadanía, el cual establece en su numeral 2 el derecho a “decidir sobre los asuntos que se les propongan mediante referendo”. Mientras que en el numeral 3 se consigna la libertad de “ejercer el derecho de iniciativa popular, legisla­tiva y municipal, en las condiciones fijadas por esta Constitución y las leyes”. Por último, el derecho de “formular peticiones a los poder

es públicos para solicitar medidas de interés público y obtener res­puesta de las autoridades en el término estableci­do por las leyes que se dicten al respecto“. Con ello nos ponemos a tono, además, con la recomendación general 23, adoptada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en 1997, que pone a cargo de los Estados Partes tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país.

Ahora bien, aunque los avances normativos son im­portantes, al profundizar en el análisis de su validez a la luz de sus objetivos y alcances, nos damos cuenta que aún quedan muchos obstáculos por salvar.

Se precisa de la construcción de un nuevo sistema de valores, actitudes y convicciones que conviertan en prácticas de vida la igualdad y la equidad entre mu­jeres y hombres como condición indispensable para construir una cultura de paz, libre de violencia intrafamiliar y contra las mujeres.

La educación para la igualdad de derechos y opor­tunidades en todos los ámbitos de nuestras vidas y en todos los espacios en los que interactuamos es la única vía segura para que podamos construir una Re­pública Dominicana cada vez más humana, justa y so­lidaria, donde mujeres y hombres avancemos juntos, de igual a igual.

En lo relativo a la participación política de mujeres y hombres también debe existir equilibrio. Una ver­dadera participación política con enfoque de género deberá garantizar tres elementos: inclusión, represen­tación y paridad.

El Tribunal Constitucional deberá garantizar proac­tivamente el empoderamiento de la mujer en un diálogo constructivo que permita canalizar institucio­nalmente las posibilidades que le reconoce la Consti­tución. Podemos asegurar que el TC ha asumido ese compromiso dispuesto a trabajar sin descanso para que la nueva Constitución se convierta en un verdade­ro instrumento de derechos, de manera que esos de­rechos se traduzcan en hechos reales que se expresen en la igualdad de derechos; que contribuya a lograr una mayor representación de las mujeres a todos los niveles de la sociedad, en el respeto de su vida, de su autonomía y su soberanía plena.

Revisión constitucional de sentencias de amparo

Revisión Constitucional de Sentencias de Amparo

En nuestro país se ha diseñado un mecanismo de protección de los derechos fundamentales en el cual la acción de amparo se convierte en el medio procesal para la tutela de todos ellos, quedando los jueces del orden judicial encargados de conocer y decidir sobre las violaciones a los mismos, sin importar si provienen de la autoridad pública o de los particulares.

¿CUÁL ES LA FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE AMPARO?

La acción de amparo, contemplada en el artículo 72 de la Constitución y los artículos 65 al 93 de la Ley núm. 137-11, ha sido instaurada en la Constitución dominicana como el proceso judicial que tiene como finalidad proteger los derechos fundamentales de la persona -con excepción de los que protegen el hábeas corpus y la acción de hábeas data- ante violaciones o amenazas de violación provenientes de una autoridad o de un particular.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCIONAR EN AMPARO?

Nuestra Constitución establece que toda persona tiene derecho a una acción de amparo para reclamar ante los tribunales, por sí o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales.

¿ANTE CUÁLES CIRCUNSTANCIAS PODEMOS ACCIONAR EN AMPARO?

La acción de amparo será admisible contra todo acto u omisión de una autoridad pública o de cualquier particular, que lesione, restrinja, altere o amenace los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.

El recurso de revisión constitucional de sentencias de amparo ha sido instaurado en los artículos del 94 al 111 de la Ley núm. 137-11 como el medio a través del cual se pueden impugnar las sentencias de amparo que hayan violado los derechos fundamentales de los accionantes.

¿EN QUÉ CONSISTE EL RECURSO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL DE SENTENCIAS DE AMPARO?

El recurso de revisión constitucional de sentencias de amparo es un recurso extraordinario de impugnación, por medio del cual se somete a la consideración del Tribunal Constitucional una controversia ya resuelta por otro tribunal.

¿CUÁLES SENTENCIAS PUEDEN SER RECURRIDAS EN REVISIÓN CONSTITUCIONAL?

La revisión de las sentencias de amparo por parte del Tribunal Constitucional de la República Dominicana está contenida en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, el cual establece que todas las sentencias emitidas por el juez de amparo pueden ser recurridas en revisión en la forma y bajo las condiciones establecidas en dicha ley.

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO PARA RECURRIR EN REVISIÓN CONSTITUCIONAL DE SENTENCIAS DE AMPARO?

El procedimiento para recurrir en revisión constitucional de sentencias de amparo está contenido en los artículos del 95 al 103 de la Ley núm. 137-11. Este se interpondrá mediante escrito depositado en la Secretaría del juez o tribunal que rindió la sentencia, en el cual se exponen las violaciones a los derechos fundamentales que han sido alegadas por la parte agraviada.

Fuente: Tribunal Constitucional República Dominicana

¿En qué consiste la acción directa en inconstitucionalidad?

La acción directa en inconstitucionalidad, contenida en el artículo 185 numeral 1 de la Constitución y los artículos 38 al 50 de la Ley núm. 137-11, orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, tiene como finalidad verificar que toda ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza se encuentre conforme con las disposiciones contenidas en la Constitución dominicana vigente.

En tal virtud, el Tribunal Constitucional determina, a través del juicio de constitucionalidad, si existe una oposición objetiva entre el contenido de la disposición enjuiciada y lo que la Constitución política dispone sobre ese particular.

¿Quiénes pueden accionar ante el tribunal constitucional?

En virtud del artículo 185 de la Constitución, la acción directa en inconstitucionalidad podrá ser interpuesta, a instancia del presidente de la República, de parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con un interés legítimo y jurídicamente protegido.

¿Cuáles son los actos susceptibles de ser atacados en inconstitucionalidad?

Nuestra Carta Magna en el numeral 1 de su artículo 185 y el artículo 36 de la Ley núm. 137-11 establecen que pueden ser atacados en incons­titucionalidad las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas que contravengan el ordenamiento constitucional.

¿Cuál es el procedimiento para accionar en inconstitucionalidad?

El procedimiento para incoar una acción directa en inconstitucionalidad está contenido en los artículos 38 al 50 de la Ley No. 137-11.

Esta se interpone mediante un escrito presentado ante la Secretaría del Tribunal Constitucional, en el cual se exponen los fundamentos de la acción, con cita concreta de las disposiciones constitucionales que se consideran vulneradas.

Luego se convocará a una audiencia oral y pública, a fin de que el accionante, la autoridad de la que emane la norma o el acto cuestionado y el Procurador General de la República presenten sus conclusiones.

¿Cuál es el fin de una sentencia de acción en inconstitucionalidad?

Las sentencias que declaren la inconstitucionali­dad generan la anulación de la norma o los actos impugnados, eliminándolos del ordenamiento jurídico.

Las decisiones que denieguen la acción únicamente surtirán efecto entre las partes en el caso concreto.

Fuente: Tribunal Constitucional República Dominicana

¿Cuáles derechos fundamentales que están contenidos en la constitución dominicana de 2010?

Derecho a la vida

Derecho a la dignidad humana

Derecho a la igualdad

Derecho a la libertad y seguridad personal

Derecho a la libertad de empresa

Derecho a la propiedad

Derecho a la libertad de expresión

Derecho a la libertad de asociación

Derecho a la salud Derecho a la educación

Derecho a la vivienda Derecho a la familia Derecho al trabajo Entre otros

¿Dónde se establecen estos derechos?

Los Derechos Fundamentales están contemplados en los artículos 37 al 67 de la Constitución y en el bloque de constitucionalidad. Sin embargo, tal como la misma Constitución establece, esto es un mero listado enunciativo.

Por ejemplo:

Artículo 37.- Derecho a la vida. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte.

Artículo 38.- Dignidad humana. El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos.

Artículo 39.- Derecho a la igualdad. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal. En consecuencia:

1) La República condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de las dominicanas y los dominicanos, entre quienes no deben existir otras diferencias que las que resulten de sus talentos o de sus virtudes;

2) Ninguna entidad de la República puede conceder títulos de nobleza ni distinciones hereditarias;

3) El Estado debe promover las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas para prevenir y combatir la discriminación, la marginalidad, la vulnerabilidad y la exclusión;

4) La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Se prohíbe cualquier acto que tenga como objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales de mujeres y hombres. Se promoverán las medidas necesarias para garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación de género;

5) El Estado debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado.

Artículo 40.- Derecho a la libertad y seguridad personal. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. Por lo tanto:

1) Nadie podrá ser reducido a prisión o cohibido de su libertad sin orden motivada y escrita de juez competente, salvo el caso de flagrante delito;

2) Toda autoridad que ejecute medidas privativas de libertad está obligada a identificarse;

3) Toda persona, al momento de su detención, será informada de sus derechos;

4) Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o persona de su confianza, quienes tienen el derecho a ser informados del lugar donde se encuentra la persona detenida y de los motivos de la detención;

5) Toda persona privada de su libertad será sometida a la autoridad judicial competente dentro de las cuarenta y ocho horas de su detención o puesta en libertad. La autoridad judicial competente notificará al interesado, dentro del mismo plazo, la decisión que al efecto se dictare;

6) Toda persona privada de su libertad, sin causa o sin las formalidades legales o fuera de los casos previstos por las leyes, será puesta de inmediato en libertad a requerimiento suyo o de cualquier persona;

7) Toda persona debe ser liberada una vez cumplida la pena impuesta o dictada una orden de libertad por la autoridad competente;

8) Nadie puede ser sometido a medidas de coerción sino por su propio hecho;

9) Las medidas de coerción, restrictivas de la libertad personal, tienen carácter excepcional y su aplicación debe ser proporcional al peligro que tratan de resguardar;

10) No se establecerá el apremio corporal por deuda que no provenga de infracción a las leyes penales;

11) Toda persona que tenga bajo su guarda a un detenido está obligada a presentarlo tan pronto se lo requiera la autoridad competente;

12) Queda terminantemente prohibido el traslado de cualquier detenido de un establecimiento carcelario a otro lugar sin orden escrita y motivada de autoridad competente;

13) Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan infracción penal o administrativa;

14) Nadie es penalmente responsable por el hecho de otro;

15) A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos: sólo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica;

16) Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social de la persona condenada y no podrán consistir en trabajos forzados;

17) En el ejercicio de la potestad sancionadora establecida por las leyes, la Administración Pública no podrá imponer sanciones que de forma directa o subsidiaria impliquen privación de libertad.

Ver los demás artículos sobre protección a nuestros derechos aquí:

 

¿Cuál es la diferencia entre los derechos fundamentales y los derechos humanos?

Los derechos humanos son aquellos que el hombre posee por el mero hecho de serlo. Son inherentes a la persona y se proclaman sagrados, inalienables, imprescriptibles, fuera del alcance de cualquier poder político.

Los derechos fundamentales están reconocidos en las constituciones políticas de los Estados. Los derechos humanos consignados, solo están en las declaraciones internacionales sobre derechos humanos.