Los bancos dominicanos trabajarán con la cédula vieja

Vieja Cédula de Identidad y Electoral

Vieja Cédula de Identidad y Electoral

Información muy útil y lleva un poco de tranquilidad a muchas personas, relacionado con el tema de la nueva cédula de identidad y electoral.

De acuerdo a una publicación en el periódico ¨Diario Libre¨, los bancos están autorizados permitir cédula vieja, de acuerdo con una autorización emitida por Asociación de Bancos Comerciales, estuvimos revisando la página en Internet de dicha institución pero no vimos nada al respecto, http://www.aba.org.do/.

Por favor si usted no tiene su nuevo documento aún, les recomendamos que haga un esfuerzo por tenerlo a manos, para que su vida jurídica no se vea afectada así como sus intereses financieros.

Aquí les dejo el enlace con la información completa:

http://www.diariolibre.com/noticias/2015/01/12/i963881_autorizan-los-bancos-permitir-cdula-vieja.html?t=comments

También el periódico El Nacional en su versión digital nos amplia más la información, ver aquí:

Bancos aceptan vieja cédula en operaciones

Mediación, Conciliación y Arbitraje

Mediación

La Mediación

La Mediación

El objetivo de la mediación es facilitar, mediante la intervención de un terce­ro neutral, que las partes lleguen a un acuerdo, sin ganadores ni perdedores. El mediador conduce la negociación entre las partes, dirige el procedimiento absteniéndose de asesorar, aconsejar, emitir opinión o proponer fórmulas de arreglo. Este sólo trata de persuadir a las partes para que avengan sus intere­ses, pero nada puede decidir.

Bajo el ámbito de los Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos (MARC), la mediación se utiliza como un proceso extraju­dicial, con carácter confidencial, con la intervención de un tercero neutral e imparcial que ayuda a las partes a negociar asuntos, no necesariamente jurí­dicos, para llegar a un acuerdo aceptable. La mediación es la técnica según la cual un Tercero interviene como facilitado para ayudar a las partes a esforzar­se en conseguir la solución a su desavenencia mediante la negociación. El mediador no otorga ninguna decisión ni provee ninguna evaluación del caso.

El mediador o tercero neutral facilita el intercambio de información, establece el escenario para una comunicación constructiva, permite identificar los pun­tos de controversia, descubrir los intereses y explorar diferentes posibilidades de solución para llegar a un acuerdo.

Dentro de esta categoría es importante señalar la Mediación Comunitaria que tiene su origen en la necesidad de buscar formas alternativas para resolver conflictos entre particulares, y en las iniciativas de personas y organizaciones de completar el sistema legal existente. Este tipo de mediación proporciona a los vecinos de una determinada comunidad, una posibilidad para resolver los problemas con otros miembros de su vecindad o barrio de una manera ágil, económica y amigable. Una de las principales características del proce­dimiento de mediación es la voluntariedad, en cuanto a que las partes tiene libertad para participar, permanecer y retirarse del procedimiento, y otra es la autocomposición, ya que las partes preservan el derecho de proporcionarse con la asistencia de un tercero, su propio acuerdo y que será voluntariamen­te aceptado por ellas.

Su ámbito abarca conflictos familiares y particulares, tales como robo de bie­nes, deudas de dinero, acoso, bienes prestados, lugares ruidosos y destrucción de propiedades. Los problemas se presentan entre miembros de una familia, conflictos entre vecinos, entre amigos, concubinos, propietarios e inquilinos, vendedor y comprador, entre otros. EL mediador comunitario es una persona de la comunidad, seleccionada en virtud de su respetabilidad y de su acepta­ción por todos, y que goza de credibilidad por su honestidad, comprensión, por tener el don de saber escuchar, por ser justa y reservada.

Conciliación

La Conciliación

La Conciliación

Por otro lado, en la conciliación se pueden proponer fórmulas conciliatorias con el objetivo de superar la disputa a fin de que las partes continúen en sociedad. El tercero neutral e imparcial, además de facilitar la comunicación entre las partes, puede proponer fórmulas de solución que éstas pueden o no aceptar según su voluntad.

La conciliación puede ser contemplada anexa a un tribunal, de manera obli­gatoria en el ambiente de los tribunales, como paso previo para acceder a las jurisdicciones de juicio. Bajo esta modalidad el juez designa un conciliador con la consulta previa de las partes o prescindiendo de ella. La decisión adop­tada en el proceso debe ser homologada por un tribunal para que adquiera la ejecutoriedad.

También puede ser un preliminar obligatorio, es decir, es una especie de requisito de admisibilidad para la demanda jurisdiccional. Mediante la ley se establece que en determinadas materias es necesario agotar un proceso de conciliación, como paso previo para accesar a los tribunales.

La conciliación puede ser también voluntaria, cuando mediante cláusula con­tractual las partes acuerdan someter Las potenciales diferencias originadas en la relación de negocios a un procedimiento de conciliación.

 

Arbitraje

Arbitraje Comercial

Arbitraje Comercial

Entre las alternativas mencionadas, el arbitraje es la más conocida, particular­mente en materia comercial. Es una forma pacífica y extrajudicial de solucio­nar controversias. A través de él dos o más partes convienen en renunciar al derecho de acción ante los órganos jurisdiccionales del Estado, y someter la controversia, surgida o por surgir entre ellos, a la decisión de un tercero o ter­ceros a cuya jurisdicción y solución se someten.

El arbitraje, a pesar de su naturaleza procesal, es considerado como uno de los medios alternos de solución de conflictos en razón de que los árbitros, no per­tenecen a la rama judicial del poder público del Estado, ya que son jueces ad­hoc, designados por las mismas partes o por un tercero a quienes éllas les con­fían esa designación. El arbitraje se puede definir como la institución por la que dos ó más personas dan solución a un conflicto planteado por otras que se comprometen previamente a aceptar su decisión. Es una institución en la que coexisten elementos de derecho sustantivo, por las relaciones jurídicas contractuales entre las partes, con elementos de derecho procesal, por su condición de procedimiento tendente a dirimir una cuestión litigiosa surgida entre las partes.

Según la ley modelo propuesta por la Comisión de la Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL), el acuerdo arbitral “es un acuer­do por el que las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual. El acuer­do de arbitraje podrá adoptar la forma de una cláusula compromisoria inclui­da en un contrato o la forma de un acuerdo independiente.” La mayoría de las legislaciones latinoamericanas estudiadas distingue entre un contrato preli­minar de arbitraje, denominado “cláusula compromisoria”, mediante la cual las partes se comprometen a someter las controversias que puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, y el contrato de arbitraje en sí mismo, denominado “compromiso” mediante el cual las partes deciden finalmente a someter a arbitraje las controversias que hayan surgido en el pasado.

Conforme a la fuente que conduce a la selección del método de resolución alternativa del conflicto, se pueden clasificar en:

  1. Imperativos, cuando resultan de un texto legal o tribunal que los ordena; y
  2. Voluntarios, que solo pueden efectuarse cuando las partes voluntariamen­te acceden a ellos.

Entre los diferentes “métodos para la solución de conflictos” existen elementos comunes:

  1. Constituyen verdaderas alternativas con pleno respaldo en la ley, para la solución de conflictos. En las legislaciones en las cuales estas alternativas tienen cabida, les han otorgado el pleno respaldo para su efectividad. En este senti­do observamos, como un hecho común en estas legislaciones, que el acuer­do logrado a través de la mediación o de la conciliación, y la decisión que se adopta a través del arbitraje o de la amigable composición, tienen — por minis­terio de la ley — el efecto de la cosa juzgada y de título ejecutorio, aunque en muchos casos requieren de la simple homologación de parte del tribunal de
  2. Tienen como objeto resolver controversias susceptibles de transacción. Este aspecto tiene su razón de ser en cuanto las alternativas mencionadas tienen su ámbito de aplicación en el principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Por lo tanto puede recaer su efecto sobre aquellas materias en las cua­les no estén comprometidos aspectos de orden público.
  3. Los terceros neutrales deben guardar confidencialidad.
  4. Las partes tienen libertad para escoger los terceros neutrales.
  5. Debe haber una normativa procesal clara y conocida de antemano por las par­tes envueltas.

Los MARC forman parte de los sistemas de administración de justicia de muchos países de América Latina, los cuales en el ejercicio de su potestad jurisdiccional, les norman y reglamentan. Varios de los países analizados pre­vén los mecanismos de solución alternativa, de conflictos en leyes especiales.

A través de este estudio analizaremos las distintas legislaciones de los países de Latinoamérica resaltando los países donde mayor desarrollo y éxito han tenido. Los países objeto del estudio son: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela.

De los dieciocho (18) países examinados nueve (9) han puesto al día sus orde­namientos jurídicos respecto al arbitraje, la conciliación y la mediación, tales como son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú. Algunas de estas leyes son tan exhaustivas que cuentan con un gran articulado lo cual marca una gran vocación de autonomía regulato­ria, como son los casos de Bolivia, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Honduras y el Perú. Solo cabe esperar una renovación en Chile, El Salvador, Nicaragua, México y Uruguay.

Finalmente, cabe señalar que la Convención sobre Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras de Nueva York, de 1958 —dentro de las 134 ratificaciones con que cuenta — en la actualidad ha sido rati­ficada por los siguientes países de América Latina: Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

En cuanto a la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional de Panamá, de 1975, ésta ha sido ratificada por 17 países de América, como son, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela.

Finalmente, la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, de Montevideo, Uruguay, de 1979, ha sido ratificada por Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela.

En este enorme esfuerzo codificador realizado en casi todos los países de América Latina se ha visto el apoyo y el desarrollo de los métodos alternos de resolución de conflictos.

Fuente: Resolución Alternativa de Conflictos en America Latina, por Arelis Ricourt y Karina Elmudesi de Ferrúa, Pag.9-13 Editado por Finjus, Marzo 2006

Ley 1951 sobre la reglamentación de espectáculos públicos y emisiones radiofónicas

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO: 1951 del 6 de marzo de 1949

Artículo 1.- Las proyecciones cinematográficas, presentaciones teatrales y espectáculos públicos análogos, así como las emisiones radiofónicas, ofrecidos u originados en el país, deberán sujetarse a las restricciones y prohibiciones que se establezcan en reglamentos dictados por el Poder Ejecutivo.

Artículo 2.- Los reglamentos previstos en el artículo anterior podrán prohibir los espectáculos, proyecciones y emisiones radiofónicas, o parte de los mismos que ofendan la moral, las buenas costumbres, las relaciones con los países amigos y en general que puedan ser perjudiciales a los principios y normas del pueblo dominicano.

Los proyectos para estos reglamentos serán sometidos al Poder Ejecutivo, vía Secretaría de Estado de lo Interior y Policía, por un organismo especial que se denominará Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía.

Dicha comisión tendrá su asiento en Santo Domingo de Guzmán y estará compuesta por un presidente, un vicepresidente, tres vocales y un Secretario Permanente Encargado de los archivos, remunerados y nombrados por el Poder Ejecutivo.

La comisión tendrá además, un asesor que lo será ex oficio el Mayor de Leyes de la Policía Nacional, y que será llamado a consulta o en caso de empate.

Artículo 3.- Toda empresa que celebre espectáculos públicos deberá proveerse de un permiso previo que será otorgado por la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía en Ciudad Trujillo y por las Subcomisiones correspondientes, en las provincias.

Los permisos serán solicitados mediante escrito que llevará adherido un sello de Rentas Internas del tipo de RD $3.00, cuando se trate de espectáculos que se celebren en Ciudad Trujillo, San Cristóbal, Santiago, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, La Romana, Barahona, San Francisco de Macorís y La Vega; de RD $2.00; para espectáculos que se celebren en Moca, Baní, San Juan, Montecristi, Samaná, Azua, Elías Piña, Neiba, Dajabón y Seibo, y de RD $1.00, para espectáculos que se celebren en los demás lugares de la República. Cada solicitud incluirá las funciones de un mismo día.

Artículo 4.- Queda prohibido por la presente ley proyectar en el país películas cinematográficas en las cuales trabajen artistas reconocidos como comunistas o que tiendan a servir de propaganda a la ideología comunista.

Artículo 5.- Queda prohibido exhibir en las proyecciones cinematográficas destinadas a los niños de uno y otro sexo menores de catorce años, películas que contengan escenas, situaciones, leyendas o diálogos de carácter erótico; que contengan escenas, situaciones, leyendas o diálogos capaces de pervertir su sentido moral; y en general, que por sus detalles o por su argumento, proporcionen a los niños ejemplos perniciosos o experiencias prematuras para su edad.

Artículo 6.- La prohibición anteriormente prescrita existe aún en el caso de que los niños sean acompañados a las funciones por sus padres u otras personas mayores.

Artículo 7.- Se entenderá que una película es apta para la niñez dentro de esta ley, únicamente después que sea exhibida ante la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía.

Artículo 8.- La Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía rendirá un informe trimestral sobre las labores por ella realizadas al Secretario de Estado de lo Interior y Policía.

Un informe trimestral será rendido, igualmente, al Secretario de Estado de Previsión Social, sobre las intervenciones realizadas en los espectáculos para niños regidos por la presente ley.

Artículo 9.- Mientras se dicten reglamentos de conformidad con los artículos 1 y 2 de esta ley, los espectáculos públicos seguirán rigiéndose, en lo relativo a moralidad y buenas costumbres, por las Ordenanzas dictadas en sus respectivas jurisdicciones por el Consejo Administrativo del Distrito de Santo Domingo, los Ayuntamientos y las Juntas Municipales, teniendo capacidad las subcomisiones señaladas en el artículo 11 para hacer los sometimientos correspondientes.

Artículo 10.- La violación de los reglamentos dictados en virtud del artículo 1, así como la del artículo 2, de esta ley, se castigará con multa de veinticinco a cien pesos, o prisión de quince días a tres meses o ambas penas a la vez.

Las violaciones a los artículos 3, 4 y 5 de esta ley se castigarán con multa de cincuenta a quinientos pesos o prisión de tres a seis meses o ambas penas a la vez en los casos graves.

Los Jueces de Paz serán competentes para conocer de estas infracciones.

Párrafo.- En caso de reincidencia, se duplicará la pena; y se podrá ordenar la clausura de los establecimientos por un período no mayor de treinta días.

Artículo 11.- Los sometimientos en el Distrito de Santo Domingo para la aplicación de las penas, serán hechos por la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía; en las Comunes cabeceras de provincia, por una subcomisión compuesta por el gobernador, quien la presidirá, el síndico municipal y el jefe de puesto de la Policía Nacional; y en las comunes no cabeceras de provincia por una subcomisión compuesta por el síndico municipal, quien la presidirá, un inspector de Instrucción Pública y el jefe de puesto de la Policía Nacional; todo sin perjuicio de los sometimientos que pueda hacer la Policía Judicial.

Artículo 12.- El Secretario de Estado de lo Interior y Policía velará por el cumplimiento de la presente ley.

Artículo 13.- La presente ley deroga y sustituye la No. 1470 del 2 de julio del año 1947, modificada por la No. 1664, del 13 de marzo de 1948 y la No. 1405, del 30 de abril de 1947, publicadas en las Gacetas Oficiales Nos. 6655, 6766 y 6621 y deroga toda otra disposición contraria a la presente o derivadas de las citadas leyes.

 

Definiciones en el Manejo de los Medios de Prueba en el Proceso Penal

Sospechoso identificadoPrueba admisible: Característica necesaria del elemento de prueba para su incorporación al proceso sobre la base de su legalidad, utilidad, pertinencia y relevancia.

Acreditación: Mecanismo utilizado durante una audiencia para la autenticación o identificación de los medios de prueba recibidos y exhibidos con el propósito de convencer al juez o tribunal respecto a su credibilidad.

Autenticación: Mecanismo mediante el cual se sientan las bases para la admisión como prueba de un objeto o documento.

Base probatoria: Mecanismo utilizado durante la audiencia mediante la declaración de un testigo o perito a fin de incorporar objetos, documentos y otros medios de prueba.

Calificación de perito: Mecanismo utilizado por las partes a fin de proporcionar al tribunal la información necesaria para establecer la calidad habilitante respecto del tema de tipo científico o técnico para el cual ha sido propuesto el testigo pericial.

Conocimiento personal: Condición necesaria para admitir la relación de hecho presentada a través de prueba testimonial no pericial.

Declaración: Exposición de la existencia o inexistencia sobre un hecho o situación de derecho.

Defensa de coartada. Aquella que mediante evidencia clara y convincente logre establecer la imposibilidad material de que el imputado sea autor, coautor o cómplice del hecho que se le atribuye.

Elementos de prueba: Conjunto de indicios y/o evidencia física que sostiene la pretensión de una parte.

Estipulación: Acuerdo bajo supervisión judicial que implica un desistimiento formal de las partes de hacer oposición sobre la cuestión tratada.

Evidencia física: Cualquier cosa, desde objetos a trazas microscópicas que pueda ofrecer cualquier tipo de indicio relevante para la investigación.

Impugnación: Técnica utilizada por las partes a fin de afectar de forma negativa la credibilidad del testigo o perito u otro medio de prueba, o para lograr su exclusión del debate.

Acreditación de la pruebaIncorporación de pruebas: Acto judicial de introducir los elementos de prueba obtenidos por las partes.

Integridad de la prueba: Condición necesaria para la admisibilidad de una evidencia física mediante el establecimiento de una cadena de custodia.

Interrogatorio: Se refiere al examen de testigos o peritos a través de preguntas dirigidas a establecer la existencia de un hecho alegado.

Legitimación de la prueba: Admisión por parte del tribunal de los elementos de prueba aportados por las partes, luego de un examen previo respecto a su legalidad y pertinencia.

Materia privilegiada: Se trata de derechos de confidencialidad que tiene el testigo para negarse a prestar información considerada secreta por haber sido recibida con expectativa de confidencialidad, siempre que la ley le acuerde tal derecho.

Objeción: Es el mecanismo legal que puede ser utilizado por las partes durante el conocimiento de una causa a los fines de manifestar su oposición a la formulación de una pregunta o respuesta, argumento, actitud de los sujetos procesales considerada indebida o a la presentación de evidencia inadmisible y cualquier otra actuación contraria a la reglamentación procesal.

Oferta de pruebas: Se refiere a la acción material de una parte de poner en conocimiento de las demás, la prueba que habrá de presentar en la audiencia correspondiente.

Prueba circunstancial: Se refiere a aquella que prueba un hecho del cual se infieren otros.

Prueba demostrativa o ilustrativa: Se refiere a aquella utilizada para explicar, clarificar o visualizar un hecho a través de cualquier medio ilustrativo.

Prueba directa: Aquella que por sí sola demuestra la existencia de un hecho en controversia.

Prueba preconstituida: Se refiere a aquella prueba elaborada por la parte que la presenta con miras a su utilización en la eventualidad de un proceso posterior.

Prueba real: Aquella que forma parte de los hechos del caso.

Rehabilitación de testigo: Mecanismo mediante el cual la parte que presentó a un testigo impugnado procura reestablecer su credibilidad o la de su testimonio.

Testigo reticente: Persona citada a declarar como testigo que no comparece o que se niega a satisfacer el objeto de la citación.

Testigo hostil: Testigo o persona que al prestar declaración, varía su testimonio respecto de otro que haya formulado anteriormente, ya sea por ante otra autoridad o jurisdicción, como al proponente.

Síndrome de la mujer maltratada: Afección de tipo psicológico, provocada en la mujer por su pareja, por medio de violencia ejercida sobre ésta como patrón de conducta, que por su frecuencia e intensidad ha disminuido su autoestima y anulado su capacidad de percibirse a sí misma como un ente con los valores y derechos inherentes a su condición humana, provocándole una obnubilación total o parcial de sus sentidos.

Supuestos exculpatorios: Conjunto de circunstancias utilizadas por el imputado como medio de defensa, con el propósito de desvirtuar la acusación sobre la base de la legitimidad y justificación de su actuación.


Valor probatorio:
El peso que merece al juzgador determinada evidencia sobre la base de una ponderación individual y conjunta de todos los elementos de prueba, su credibilidad, naturaleza, propósito y pertinencia, de conformidad con el artículo 172 del Código Procesal Penal.

Interrogatorio Re-directo: Segundo interrogatorio realizado por la parte proponente del testigo o perito, a los fines de rehabilitar su credibilidad, luego de este haber sido sometido al contra-interrogatorio por la parte adversa.

Re-Contra interrogatorio: Segundo interrogatorio realizado al testigo o perito, por la adversa al que lo propone a los fines de reafirmar su impugnación.

Fuente: Resolución No. 3869-2006 Suprema Corte de Justicia

Garantías del debido proceso

Debido Proceso

Garantías del debido proceso

El debido proceso, entendido como un medio pacífico de solución de conflictos, como un remedio idóneo de conflictos a través de la erradicación de la fuerza ilegítima, y como un debate en el que participan dos partes con la intervención de un tercero independiente e imparcial que interpreta y aplica la ley en cada caso concreto, se rige, en un Estado constitucional y democrático de derecho, por una serie de principios y garantías básicas que aseguran la tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales, y en definitiva, en un juicio justo para las partes.

En el marco de un Estado de derecho el debido proceso está sustentado también en otros principios jurídicos, a saber: principios de bilateralidad; contradicción; moralidad del debate; y economía procesal, entre otros.

El derecho internacional reconoce principios y garantías del debido proceso que son comunes a ambas partes en el proceso judicial, algunas de las cuales tienen carácter de garantías inderogables no susceptibles de suspensión o limitación en ninguna circunstancia.

Entre los principios, derechos y garantías comunes se pueden mencionar los siguientes:

Principio de legalidad;

Principio igualdad ante la ley y los tribunales de justicia;

Principio de publicidad procesal;

Derecho de acceso a la jurisdicción;

Derecho a un juez competente, independiente e imparcial;

Derecho a un juez natural, predeterminado por la ley;

Derecho a la tutela judicial efectiva;

Derecho a un juicio justo;

Derecho a un trato humano;

Derecho a la celeridad judicial; y

Derecho a un recurso efectivo.

Fuente: Instrumentos Internacionales sobre derechos humanos aplicables a la administración de justicia, Estudio Constitucional Comparado, por Florentín Meléndez, Pag. 44, 45 y 46.

 

JCE fija hasta 10 enero 2015 validez vieja cédula identidad

Documento de identidad República Dominicana

Nueva cédula República Dominicana

La Junta Central Electoral informó que la vieja Cédula de Identidad y Electoral, cuya expedición inició en el año 1998, caducará a partir del próximo 10 de enero del año 2015, por lo que a partir de esa fecha sólo tendrá validez el nuevo documento de identidad que se expide en el país desde abril del presente año.

La decisión fue adoptada por el Pleno de la Junta Central Electoral, mediante Resolución No.05-2014, aprobada en sesión ordinaria celebrada este lunes 15 de los corrientes, cuyos resultados fueron ofrecidos en el transcurso de una rueda de prensa por el periodista Félix Reyna, director de Comunicaciones, en representación del Presidente de la institución, Magistrado Roberto Rosario Márquez.
Explicó que para emitir la referida resolución, el Pleno de la Junta Central Electoral tomó en consideración el Artículo 1 de la Ley 26-01, de febrero del año 2001, que señala que “se modifica el Artículo 5 de la Ley No. 8-92, que establece la Cédula de Identidad y Electoral, para que a partir de la promulgación de la presente, la Cédula de Identidad y Electoral tenga una validez de diez años, desde el año de su expedición hasta la fecha de su próximo cumpleaños, dentro del mismo año calendario”.
En ese sentido, el artículo Primero de la citada normativa declara la caducidad o vencimiento del actual documento de Identidad y Electoral, vigente, cuya emisión data del año 1998 (Cédula Amarilla), utilizado por sus portadores para la realización de los actos de la vida civil. No obstante todos los centros de cedulación en el país y el exterior continuarán expidiendo el nuevo documento para que las personas que hasta la fecha no han podido obtenerlas.La fecha límite para la vigencia de dicho carnet es el día diez (10) de enero del 2015, fecha a partir de la cual la única Cédula de Identidad y Electoral que tendrá validez será el nuevo documento Biométrico de Identidad que se está expidiendo en todos los centros de cedulación de la Junta Central Electoral, diseminados en toda la geografía nacional y en las ciudades de diferentes países donde residen importantes comunidades en el exterior.

Recuerda la medida “Que la Cédula de Identidad y Electoral es el único documento de Identificación legalmente emitido con el cual los ciudadanos y ciudadanas dominicas así como los extranjeros con residencia legal en el país, realizan los actos y actividades de la vida civil, así como el ejercer su derecho al voto, para el caso de los que poseen el documento correspondiente”.

La referida Resolución dispone que las oficinas y centros de cedulación continúen brindando el servicio de renovación y expedición de la nueva Cédula de Identidad y Electoral, para los casos de los ciudadanos y ciudadanas que no hayan acudido en el tiempo previsto.

El maestro de cedulados, que incluye a militares, policías, menores entre 16 y 18 años y extranjeros residentes legalmente en el país, tiene en la actualidad 7,373,568 de personas inscritas, de las cuales ya se han atendido un total de 4,694,330, para un (63.66) por ciento.

Mientras, que el total de Cédulas retiradas asciende a unos 4,471,194 personas, para un 60.64 por ciento, en tanto que 71,046 documentos de Identidad y Electoral están a la espera de ser retiradas por ciudadanos y ciudadanas que ya aportaron sus datos biométricos y otras informaciones necesarias para esas expediciones.

Al mismo tiempo, la Junta Central Electoral informó que un total de 2,888,284 millones de personas actualizaron sus direcciones, 2,115,806, actualizaron su tipo de sangre y la cantidad de 1,112,942 actualizaron sus ocupaciones. Además otro dato importante es que 256,736 personas actualizaron su Estado Civil, mientras que la cantidad de ciudadanos y ciudadanas que agregaron datos de Actas asciende a 95,184. Actualizaron sus datos del sexo unas 3,935.

Se destaca también que los diez Municipios con mayor cantidad de renovaciones de sus habitantes son Jaquimeyes con un 73.21 por ciento, Las Salinas con 72.56 y Las Terrenas 72.09 por ciento. Además Cristóbal con el 71.68 por ciento; Fundación, con 71.13 por ciento y San Antonio de Guerra, de la Provincia de Santo Domingo, con el 69.77 por ciento de sus habitantes cedulados a la fecha.

En tanto, que los Centros de Cedulación en el exterior han atendido un total de (68,626) ciudadanos y ciudadanas, destacándose que en la ciudad de Nueva York 19,651 criollos han obtenido su nueva cédula para un (20.25) por ciento. En Madrid, España 8,073, para un 12.95 por ciento, en tanto que en New Jersey, 7,812 personas para un 12.53 por ciento. En San Juan, Puerto Rico 7,228 para un (11.59) por ciento.

Además, en Miami, Florida, Estados Unidos han sido empadronados unos 2,736, para un 4.39 por ciento. En Zurich, Suiza, 1,334, un 2.14 por ciento. Panamá (1,142), (1.83). En Milano, Italia, (300), (0.48) por ciento. Philadelfia 274 , un 0.44 por ciento.

Fuente: JCE

Dirección de Comunicaciones

TC anula artículo 32 de la ley 10-04 de Cámara de Cuentas

El Tribunal Constitucional dispuso la nulidad, por  violar la Carta Magna,  del artículo 32 de la ley 10-04 de la Cámara de Cuentas, que obliga a las instituciones  y organismos del Estado a pedir autorización a ese órgano fiscalizador para contratar firmas privadas seleccionadas mediante concurso.

El TC acogió una acción directa en inconstitucionalidad interpuesta por el Banco Central el 25 de septiembre del 2005, contra los artículos 32 y 35 de la ley 10-04, sobre la Cámara de Cuentas, del 20 de enero de 2004.

El Banco Central (BC) solicitó al TC que anule el artículo 32 de esa ley, por considerar que exigirle legalmente que obtenga una autorización de otro órgano constitucional (en este caso la Cámara de Cuentas) para poder contratar una firma privada que fiscalice externamente sus operaciones y gestión, como establece el artículo 16.b de la Ley Monetaria y Financiera,  constituye una vulneración a la autonomía que le ha conferido el artículo 111 de la Constitución de 2002 y mantenida en el 225 de la Constitución de 2010.

El TC señaló que la acción en inconstitucionalidad fue sometida por el BC por ante la Suprema Corte de Justicia en atribuciones constitucionales, a consecuencia del requerimiento realizado por la Cámara de Cuentas de dar cumplimiento a los artículos 32 y 35 de su ley orgánica, de la obligación de sujetarse a la autorización previa y expresa para contratar firmas privadas que realicen auditorías externas de sus operaciones.

Según el expediente, el BC procuró hacer valer ante la Cámara de Cuentas, por vía de intercambio de comunicaciones, que el contenido de tales artículos no aplica para aquellas instituciones que,  como el BC, son de carácter autónomo por disposición del orden constitucional. Agrega que esa forma de entender la autonomía constitucional no fue asumida por la Cámara de Cuentas, que reiteró al BC su facultad exclusiva para ejercer a través de la auditoría gubernamental el control externo de las instituciones del Estado.

El TC también declaró no conforme con la Constitución, la siguiente expresión del artículo 35 de la Ley No. 14-04:  “Las personas naturales o jurídicas autorizadas para hacer auditorías e investigaciones especiales en el sector público”.

Información Pública
Además, el TC estableció, por otra parte, que  el ámbito de aplicación de la Ley  200-04, General de Libre Acceso a la Información Pública, no solo concierne a las entidades públicas que reciben fondos públicos, sino también a las entidades privadas que ejerzan funciones públicas o que puedan ser beneficiarias de subvenciones suministradas por el Estado dominicano.

Consideró que el artículo 6 de la ley solo exime a esos organismos e instituciones de derecho privado,  de asignar un responsable de acceso a la información (RAI) y de organizar una oficina de acceso a la información (OAI).

Fuente: Listin Diario 19 Diciembre 2014,

Por Wanda Méndez

Ley 3003 Sobre Policía de Puertos y Costas

Ley No. 3003 Sobre Policía de Puertos y Costas

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la República

CAPÍTULO I
DE LOS COMANDANTES DE PUERTOS Y
SUS ATRIBUCIONES

Artículo 1. La policía general de los puertos, fondeaderos y costas de la República, queda encomendada a la Secretaría de Estado de Guerra, Marina y Aviación, a los Comandantes de Puertos y a las demás autoridades previstas en la presente ley.

Artículo 2. Los Comandantes de Puertos actuarán bajo la dependencia del Secretario de Estado de Guerra, Marina y Aviación.

Artículo 3. Habrá tantas Comandancias de Puertos como puertos habilitados para el comercio exterior.

Artículo 4. Los Comandantes de Puertos son miembros de la Policía Judicial. En esta calidad y en los casos de crímenes y delitos cometidos a bordo de buques mercantes nacionales o extranjeros, surtos en puertos dominicanos o que se encuentren en aguas territoriales, actuarán sometiendo los hechos a los Tribunales Ordinarios sin perjuicio de las actuaciones de los demás miembros de la Policía Judicial. Copia de todo el expediente será enviada a la Secretaría de Estado de Guerra, Marina y Aviación, para su debida información.

Si el crimen o delito fuese cometido a bordo de un buque de guerra no podrán entrar a éste, limitándose a redactar un acta de los hechos de que tuviesen conocimiento, la cual será remitida a titulo informativo, al Secretario de Estado de Guerra, Marina y Aviación.

Artículo 5. Cuando la República se encuentre en Estado de guerra, o en estado de emergencia o de sitio, las zonas portuarias podrán ser declaradas bajo la administración militar, por decreto del Presidente de la República. En estos casos las funciones de Comandante de Puerto estarán a cargo de miembros de las Fuerzas Armadas.

Continue reading ‘Ley 3003 Sobre Policía de Puertos y Costas’ »

Ley 3143 sobre trabajo realizado y no pagado, pagado y no realizado.

Ley No. 3143 sobre trabajo realizado y no pagado, pagado y no realizado.

Del 11 de diciembre, de 1951. G.O No.7363

ART. 1.- Toda persona que con motivo de una profesión, arte u oficio, reciba dinero efecto u otra compensación, ya sea como anticipo o pago total del trabajo que se obligó a ejecutar; o como materiales para el mismo, y no cumpla su obligación en el tiempo convenido o en el que sea necesario para ejecutarlo, será castigado como autor de fraude y se le aplicarán las penas establecidas en el articulo 401 del Código Penal, según la cuantía, sin perjuicio de la devolución de las sumas, efectos o materiales avanzados y de las indemnizaciones que procedan.

ART. 2.- También constituirá fraude y se sancionará con las mismas penas indicadas en el artículo anterior, el hecho de contratar trabajadores y no pagar a éstos la remuneración que les corresponda en fecha convenida o a la terminación del servicios de ellos encomendados, después que el hubiera contratado los trabajadores haya recibido el costo de la obra, aun cundo sea sin ninguna estipulación sobre el pago a los trabajadores.

Todo, sin perjuicio de las acciones civiles que sean procedentes.

ART. 3.- Para los fines indicados en los artículos 1 y 2 de la presente Ley, la intención fraudulenta se comprobará por la circunstancia de no ejecutar el trabajo en el tiempo convenido o en el que sea necesario para ejecutarlo, o por no pagar a los trabajadores la remuneración que les corresponda en la fecha convenida o a la terminación del trabajo, salvo que un caso de fuerza mayor, debidamente comprobado, o el hecho de no haber recibido el costo de la obra haya impedido el oportuno cumplimiento de tales obligaciones.

ART. 4.- Cuando el infractor a la presente ley sea una persona moral, la pena de prisión se aplicará a los administradores o personas que tengan la dirección de la empresa.

ART. 5.- El requerimiento de puesta en mora a la persona que falta deberá hacerse por mediación del Procurador Fiscal, funcionario que citará a su despacho a las personas interesadas y levantará el acta de sus declaraciones.

En todos los casos, dicho funcionario concederá a la persona en falta un plazo de no menos de cinco ni demás de quince días para que cumpla con su obligación.

ART. 6.- Si la persona requerida no obtempera a la citación del Procurador Fiscal o no cumple su obligación en el plazo que le fuere concedido, será puesta en movimiento la acción pública correspondiente.

ART. 7.- Son competentes, para los fines de la presente Ley, los Juzgados de Primera Instancia y los Procuradores Fiscales de los Distritos Judiciales de la Jurisdicción donde se cometa la infracción y aquellos donde tenga su domicilio el prevenido.

ART. 8.- Las violaciones a los reglamentos dictados por el Poder Ejecutivo en materia de trabajo, serán castigadas con multa de veinticinco a trescientos pesos, según la gravedad del caso.

ART. 9.- La presente Ley deroga y sustituye a la No. 344, del 23 de Octubre de 1919.

DADA en la Sala de Sesiones del Palacio del Senado, en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capital de la República Dominicana, a los seis días del mes de diciembre del año Mil Novecientos Cincuenta y Uno; año 108 de la Independencia, 89 de la Restauración y 22 de la Era de Trujillo.

DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capital de la República Dominicana, a los seis días del mes de Noviembre del año Mil Novecientos Cuarenta y Tres; año 100 de la Independencia, 81 de la Restauración y 14 de la Era de Trujillo.

Nota: Debe observarse el Código de Trabajo y el Código Procesal Penal

En la práctica el trabajo realizado y no pagado se lleva ante el Tribunal Laboral o Juzgado de Trabajo;

El Trabajo pagado y no realizado se deposita una querella por ante la Fiscalía y por lo general lo convierten de acción pública a instancia privada, en acción privada, por ser más rápido y conveniente para las partes.

Ley 3484 sobre Préstamos de Semillas, Animales y Equipos.

Ley No. 3484 sobre Préstamos de Semillas, Animales y Equipos.

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Art. 1.- Con el objeto de cooperar al fomento y mejoramiento de la agricultura, la pecuaria y la industria rural, la Secretaría de Estado de Agricultura, Pecuaria y Colonización y las Cámaras Oficiales de Comercio, Agricultura e Industria, podrán dar en préstamo, sin interés alguno, semillas para las siembras, animales de trabajo, animales de cría, equipo de labranza y en general, todo cuanto contribuya a la intensificación de la agricultura, la pecuaria y la industria rural en la República, todo, salvo las disposiciones de la Ley sobre Mecanización Agrícola y sus Reglamentos.

PÁRRAFO I.- Los Préstamos se harán a cada agricultor, ganadero, criador o industrial rural por períodos que no excedan de un año, aunque pueden ser renovados por igual período.

PÁRRAFO II.- La Secretaría de Estado de Agricultura, podrá además, arrendar el equipo de que disponga, a contratistas de obras de interés agrícola, a empresas agrícolas o agrícola-industriales o a particulares cuya solvencia económica permita el pago de una retribución mínima que incluya únicamente el costo de depreciación del equipo o el de sus servicios, desligado de todo elemento de lucro o especulación. El Secretario de Estado de Agricultura determinará por Resolución el valor de arrendamiento y condiciones de los diversos equipos de que disponga.

PÁRRAFO III.- El arrendamiento consignado en el párrafo anterior, solamente podrá ser posible en el caso en que la Secretaría de Estado de Agricultura no tenga necesidad del equipo o que agricultores de escasos recursos económicos no requieran de su servicio, quienes serán atendidos gratuitamente con preferencia a los posibles arrendatarios.

 (Los párrafos II y III fueron agregados mediante la Ley 5605 del 19 de agosto de 1961)

 Art. 2.- El uso de las semillas o de los animales, equipos y demás efectos prestados en un fin distinto a aquel para el cual se haya hecho el préstamo, o la no devolución de los mismos en el plazo estipulado en los respectivos contratos, salvo caso de fuerza mayor, construye el delito de abuso de confianza sujeto a las penas establecidas en el artículo 406 del Código Penal.

PÁRRAFO I.- En todos los casos, las persecuciones no pueden iniciarse sino después de requerimiento escrito del prestador para la devolución de los animales o efectos o para la regularización de su uso.

PÁRRAFO II.- También construye el delito de abuso de confianza, sujeto a las penas establecidas en el artículo 406 del Código Penal la venta de la totalidad o de una parte cualquiera de la cosecha proveniente de las semillas prestadas de conformidad con esta ley, consentida por el prestatario en favor de un tercero, cuando el prestador de las semillas se haya obligado a comprar y el prestatario a vender la totalidad de la cosecha, al precio, por cantidad o por unidad de peso o de medida, adoptado por las partes en el contrato de préstamo.

PÁRRAFO III.- Iguales penas se impondrán a quienes conociendo o pudiendo conocer la existencia de un contrato de los arriba aludidos, compraren o sub-compraren la totalidad o parte de las semillas o de la cosecha, fruto de los préstamos sin intereses a que se refiere esta ley.

(Los párrafos II y III fueron agregados mediante la Ley 525 del 11 de diciembre de 1969)

Art. 3.- Todas las disposiciones de esta ley serán aplicables a los préstamos de semillas, animales y equipos que para los mismos fines de esta ley hagan las empresas particulares con la previa autorización de la Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuaria y Colonización, sin interés alguno.

Art. 4.- La presente ley deroga y sustituye la Ley No. 731 del 2 de noviembre de 1944, publicada en la G. O. No. 6167, ampliada por la Ley No. 2766 del 26 de julio de 1948, publicad en la G. O. No. 6821.

PROMULGADA el 13 de febrero de 1953.