Participación de la Comunidad y descentralización de la gestión
El
aumento de la criminalidad y la violencia y del temor al delito depende en
cierta medida de la intervención estatal, pero también de la sociedad y de su
capital social. Esto implica reconocer que la acción gubernamental tiene ciertos
límites y asumir que es necesaria la participación de la comunidad; pero también
resulta indispensable democratizar las políticas públicas, y la participación se
inscribe en ese plano.
El
capital social está representado por las organizaciones, grupos, redes y
afiliaciones sociales basadas en la confianza y en las normas de reciprocidad;
pueden ser formales o informales (iglesias, sindicatos, clubes, cooperativas,
juntas vecinales, etc.). El capital social ofrece infinidad de respuestas a los
conflictos, contribuyendo a evitar, reducir y limitar sus
efectos.
Los
estudios destacan que “el establecimiento y fortalecimiento del sentido de
comunidad y de la interacción social entre los habitantes actúa como un
importante inhibidor del crimen. En la medida en que el ciudadano sienta mayor
sentido de pertenencia a su comunidad, crecerán su compromiso y participación,
uniéndose con otros ciudadanos para la planificación de acciones tendientes a
mejorar la calidad de vida de la comunidad”. Por otro lado, no puede
desconocerse que las políticas de solución de problemas basadas en la comunidad
son más sensibles a las necesidades de las víctimas, pues reducen el riesgo de
doble victimización.
Se ha
dicho que “Las estrategias comunitarias se basan en la premisa de que la
ciudadanía tiene una responsabilidad directa en el sostenimiento de los valores
y normas que llevan a uña deseable organización social. Una política de
prevención comunitaria se dirige a activar los recursos sociales de varias
maneras. En primer lugar promueve la acción de los controles sociales informales
ajenos al sistema de justicia formal. En segundo lugar hace de puente entre los
problemas cotidianos de la gente y la estructura formal de las instituciones
públicas. Tercero, concentra la adhesión al orden establecido y la capacidad de
solidaridad de la mayoría, y lo pone a trabajar de manera operativa en el
incremento de la seguridad común. Cuarto, dado que todos somos dependientes de
los servicios que brinda la comunidad: médicos, educativas, policiales, etc., y
que ello suscita una tendencia retributiva, un programa de prevención
comunitario puede sacar ventaja del accionar de los servicios sociales ya
operantes. Una premisa básica de esta orientación, es que sólo el Estado está en
posición adecuada para otorgar dirección y coordinar el trabajo de la compleja
red de organizaciones, que brindan servicios en una sociedad
pluralista”.
La
estrategia de la acción comunitaria esta intrínsecamente destinada a operar
sobre las actitudes y hábitos de conductas, orientándose a evitar los ataques
delictivos potenciales, trabajando sobre los eventuales victimarios y conjurando
las condiciones para que las propias víctimas contribuyan a reducir los riesgos
de victimización.
Es muy
importante tener en cuenta que a través de las estrategias comunitarias se
incursiona en un terreno muy fértil pero a la vez muy complejo, donde la
experiencia acumulada en otros países, aún en aquellos que cuentan con una
amplia trayectoria en acciones comunitarias en el campo de la educación, la
salud y de la defensa civil, ha demostrado que ese medio puede dejar de ser
fértil si no se delimitan con claridad sus alcances y objetivos, si no se parte
de una percepción realista de las organizaciones sociales involucradas, si no se
cuentan con los recursos necesarios y si falta coordinación y una adecuada
supervisión.
La
orientación comunitaria, por otra parte, exige un nivel de descentralización de
la política criminal pues el ámbito local suele ser el medio de intervención más
eficaz y sustentable de las acciones preventivas. En el mencionado X Congreso de
Naciones Unidas sobre Prevención del deliro y Tratamiento del Delincuente se ha
dicho al respecto: “Las ciudades han sido señaladas como el centro de interés de
la seguridad comunitaria. Si una ciudad se siente segura y es segura, las
personas residirán en ella, la vida económica florecerá y la ciudad será
atractiva. Las ciudades están en una situación excepcional para reunir agentes
clave en torno a los problemas locales, pero a menudo requieren apoyo de otros
niveles de gobierno para lograrlo. La acción a nivel local es generalmente el
medio más eficaz de abordar los retos y los problemas”.
En esa
dirección, ya existen iniciativas en nuestro medio que deben acompañarse y
fortalecerse, tales como el Voluntariado por la Seguridad Pública de Santiago
(VOSES) y algunos consejos organizados de vecinos que ya funcionan en Santo
Domingo.
Conocer el capital social representa una de las principales prioridades
para un plan que pretenda hacer de la participación ciudadana un eje central.
Debe hacerse un mapeo de los recursos comunitarios en cada región o distrito, de
los proyectos existentes y de las experiencias concretadas o frustradas. Ello
permitirá definir las formas de la participación de la ciudadanía, que puede
asumir un carácter consultivo (provisión de información), decisional (participa
en ciertas resoluciones con los órganos estatales), ejecutiva (se hace cargo de
la implementación de programas o medidas) y fiscalizadora (controla la ejecución
de las medidas).
Dentro
de este contexto, vale la pena destacar las líneas de acción propuestas en el
Plan de Seguridad Democrática de la República Dominicana, tendientes a la
creación de una Policía Comunitaria. El principal objetivo de esta medida es
“mantener una presencia permanente en las calles y en los barrios para
establecerse como parte integral de la misma comunidad y no como una parte
aislada. Se redefine el concepto de patrulla en los barrios no solo como
vigilancia sino como prevención y recuperación del espacio
público”.
