CARTA
IBEROAMERICANA DE LA FUNCION PUBLICA
CAPITULO
SEGUNDO
CRITERIOS
ORIENTADORES Y PRINCIPIOS RECTORES
6.
La función pública es uno de los elementos centrales de articulación de los
sistemas político-administrativos. Por ello, la modernización de las políticas
públicas de gestión del empleo y los recursos humanos constituye un eje de las
reformas de la gestión pública emprendidas durante las últimas décadas por un
número significativo de gobiernos en diferentes partes del mundo. Esta Carta se
posiciona como un instrumento al servicio de estrategias de reforma que
incorporan los criterios inspiradores de tales esfuerzos de modernización, y
promueve la adopción de los mismos por los sistemas de función pública de los
países de la comunidad iberoamericana.
7.
En particular, son criterios que inspiran los enunciados de la
Carta:
a)
La preeminencia de las personas para el buen funcionamiento de los servicios
públicos, y la necesidad de políticas que garanticen y desarrollen el máximo
valor del capital humano disponible por los gobiernos y organizaciones del
sector público.
b)
La profesionalidad de los recursos humanos al servicio de las administraciones
públicas, como garantía de la mayor calidad de los servicios públicos prestados
a los ciudadanos.
c)
La estabilidad del empleo público y su protección frente a la destitución
arbitraria, sin perjuicio de la duración, indefinida o temporal, de la duración
que se establezca.
d)
La flexibilidad en la organización y gestión del empleo público, necesaria para
adaptarse, con la mayor agilidad posible, a las transformaciones del entorno y a
las necesidades cambiantes de la sociedad.
e)
La responsabilidad de los empleados públicos por el trabajo desarrollado y los
resultados del mismo, así como su respeto e implicación en el desarrollo de las
políticas públicas definidas por los gobiernos.
f)
La observancia, por parte de todo el personal comprendido en su ámbito de
aplicación, de los principios éticos del servicio público, la honradez, la
transparencia, la escrupulosidad en el manejo de los recursos públicos y los
principios y valores constitucionales.
g)
El protagonismo de los directivos públicos y la interiorización de su papel como
principales responsables de la gestión de las personas a su
cargo.
h)
La promoción de la comunicación, la participación, el diálogo, la transacción y
el consenso orientado al interés general, como instrumentos de relación entre
los empleadores públicos y su personal, a fin de lograr el clima laboral más
favorable, y el mayor grado de alineamiento entre los objetivos de las
organizaciones y los intereses y expectativas de su
personal.
i)
El impulso de políticas activas para favorecer la igualdad de género, la
protección e integración de las minorías, y en general la inclusión y la no
discriminación por motivos de género, origen social, etnia, discapacidad u otras
causas.
PRINCIPIOS
RECTORES
8.
Son principios rectores de todo sistema de función pública, que deberán inspirar
las políticas de gestión del empleo y los recursos humanos y quedar en todo caso
salvaguardados en las prácticas concretas de personal, los
de:
•
Igualdad de todos los ciudadanos, sin discriminación de género, raza, religión,
tendencia política u otras.
•
Mérito, desempeño y capacidad como criterios orientadores del acceso, la carrera
y las restantes políticas de recursos humanos.
•
Eficacia, efectividad y eficiencia de la acción pública y de las políticas y
procesos de gestión del empleo y las personas.
•
Transparencia, objetividad e imparcialidad.
•
Pleno sometimiento a la ley y al derecho.
