CARTA
IBEROAMERICANA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PREÁMBULO
De
conformidad con la Declaración de Santo Domingo, aprobada por la IV Conferencia
Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, el
Estado constituye la máxima instancia de articulación de relaciones sociales.
Desde el punto de vista de la gobernabilidad, el progreso económico y la
reducción de la desigualdad social, el papel del Estado en las sociedades
contemporáneas, y en particular en el área iberoamericana, es fundamental para
el logro de niveles crecientes de bienestar colectivo.
Para
la consecución de un mejor Estado, instrumento indispensable para el desarrollo
de los países, la profesionalización de la función pública es una condición
necesaria. Se entiende por tal la garantía de posesión por los servidores
públicos de una serie de atributos como el mérito, la capacidad, la vocación de
servicio, la eficacia en el desempeño de su función, la responsabilidad, la
honestidad y la adhesión a los principios y valores de la
democracia.
A
los fines de la presente Carta, la expresión "función pública", con el contenido
que le atribuye el capítulo primero, se entenderá equivalente a la de "servicio
civil", utilizada con preferencia en algunos países del área iberoamericana.
Todas las alusiones y referencias a la primera se consideran por tanto
indistintamente aplicables al otro término, por lo cual se entenderán excluidos
de la Carta los cargos de naturaleza política.
Diversos
estudios realizados por organismos internacionales registran evidencias acerca
de una relación positiva entre la existencia de sistemas de función pública o
servicio civil investidos de tales atributos y los niveles de confianza de los
ciudadanos en la administración pública, la eficacia gubernamental y la lucha
contra la corrupción, y la capacidad de crecimiento económico sustentable de los
países. Por otra parte, una Administración profesional que incorpora tales
sistemas contribuye al fortalecimiento institucional de los países y a la
solidez del sistema democrático.
Para
nacer posible la existencia de sistemas de tal naturaleza es necesario que la
gestión del empleo y los recursos humanos al servicio de los gobiernos incorpore
los criterios jurídicos, organizativos y técnicos así como las políticas y
prácticas que caracterizan a un manejo transparente y eficaz de los recursos
humanos.
La
eficacia de los principios, procedimientos, políticas y prácticas de gestión que
configuran un sistema de función pública requiere que todos ellos sean
debidamente contextualizados en el entorno institucional en el que deben
incardinarse y operar. Los requerimientos derivados de la historia, las
tradiciones, el contexto socioeconómico y el marco político de cada realidad
nacional son factores que condicionan los contornos específicos de cualquier
modelo genérico.
Por
otra parte, la calidad de los diferentes sistemas nacionales de función pública
o servicio, civil en la comunidad iberoamericana es diversa y heterogénea. El
logro de una función pública profesional y eficaz es, para cualquier sociedad
democrática, un propósito permanente que encuentra en todo caso múltiples áreas
de mejora de los arreglos institucionales existentes. Ahora bien, no deben
desconocerse las evidentes diferencias que los distintos puntos de partida
implican en cuanto al contenido, amplitud e intensidad de las reformas
necesarias en cada caso.
Sin
perjuicio de lo anterior, resulta posible y conveniente poner de manifiesto un
conjunto de bases comunes, sobre las cuales debiera articularse el diseño y
funcionamiento de los diferentes sistemas nacionales de función pública en los
países iberoamericanos. La definición de estas bases y su adopción por los
gobiernos contribuirá, por una parte, a enfocar de manera compartida los
esfuerzos por mejorar los sistemas nacionales, y permitirá por otra la
construcción de un lenguaje común sobre la función pública iberoamericana,
facilitando los intercambios de todo tipo y robusteciendo en este campo los
nexos existentes entre nuestros países.
Tales
son los objetivos de esta Carta Iberoamericana de la Función Pública que
constituye, para los países que la adoptan, un referente común en materia de
función pública. El texto define un marco de referencia genérico, no vinculante,
que deberá adaptarse en cada caso a la idiosincrasia, historia, cultura,
tradición jurídica y entorno institucional propios de cada país. Su desarrollo
admite concreciones normativas y políticas diferentes, acordes con dicha
heterogeneidad.
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