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En nombre de la República

El Congreso Nacional

 

Ley 183-02 Código Monetario y Financiero

 

TITULO I

MARCO REGULATORIO E INSTITUCIONAL

 

SECCIÓN I

 

PRINCIPIOS DE LA REGULACIÓN DEL SISTEMA MONETARIO Y FINANCIERO

 

Artículo 1. Objeto de la Ley y Régimen Jurídico del Sistema Monetario y Financiero.

 

a) Objeto de la Ley. La presente Ley tiene por objeto establecer el régimen regulatorio del sistema monetario y financiero de la República Dominicana.

 

b) Alcance de la Regulación. La regulación del sistema monetario y financiero en todo el territorio de la República Dominicana se lleva a cabo exclusivamente por la Administración Monetaria y Financiera. La regulación del sistema comprende la fijación de políticas, reglamentación, ejecución, supervisión y aplicación de sanciones, en los términos establecidos en esta Ley y en los Reglamentos dictados para su desarrollo.

 

 

c) Régimen Jurídico. La regulación del sistema monetario y financiero se regirá exclusivamente por la Constitución de la República y esta Ley.  Los Reglamentos que para su desarrollo dicte la Junta Monetaria, y los Instructivos, que subordinados jerárquicamente a los Reglamentos que dicte la Junta Monetaria, dicten el Banco Central y la Superintendencia de Bancos en el área de sus respectivas competencias. Serán de aplicación supletoria en los asuntos no previstos específicamente en las anteriores normas, las disposiciones generales del Derecho Administrativo y en su defecto las del Derecho Común.

 

 

d) Coordinación de Competencias. El sistema monetario y financiero, el mercado de valores y los sistemas de seguros y pensiones se regirán por sus propias Leyes. La Administración Monetaria y Financiera y los Organismos reguladores y supervisores del mercado de valores, seguros y pensiones guardarán la necesaria coordinación en el ejercicio de sus respectivas competencias regulatorias, con el objeto de permitir una adecuada ejecución de sus funciones, una eficiente supervisión en base consolidada y un fluido intercambio de las informaciones necesarias para llevar a cabo sus tareas, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. La Junta Monetaria reglamentará, previa consulta a los referidos Organismos, el procedimiento para la solución de discrepancias y conflictos de competencias que pudieran derivarse del cumplimiento de dicha obligación de coordinación. 

 

 

Artículo 2. Objeto de la Regulación.

 

a) Regulación del Sistema Monetario. La regulación del sistema monetario tendrá por objeto mantener la estabilidad de precios, la cual es base indispensable para el desarrollo económico nacional.

 

b) Regulación del Sistema Financiero. La regulación del sistema financiero tendrá por objeto velar por el cumplimiento de las condiciones de liquidez, solvencia y gestión que deben cumplir en todo momento las entidades de intermediación financiera de conformidad con lo establecido en esta Ley, para procurar el normal funcionamiento del sistema en un entorno de competitividad, eficiencia y libre mercado.

 

Artículo 3. Régimen de Previa Autorización Administrativa.

 

 

a) Modelo de Autorización. La intermediación financiera está sometida al régimen de previa autorización administrativa y sujeción a supervisión continua, en los términos establecidos en esta Ley. La intermediación financiera sólo podrá ser llevada a cabo por las entidades de intermediación financiera a que se refiere esta Ley.

 

b) Concepto de Intermediación Financiera. A los efectos de esta Ley se entiende por intermediación financiera la captación habitual de fondos del público con el objeto de cederlos a terceros, cualquiera que sea el tipo o la denominación del instrumento de captación o cesión utilizado. Reglamentariamente se determinarán los supuestos de captación habitual que, por su carácter benéfico, no constituyen intermediación financiera.

 

c) Efectos. El otorgamiento de la autorización y el ejercicio de las actividades de supervisión no supondrán, en ningún caso, la asunción por la Administración Monetaria y Financiera de responsabilidad alguna por los resultados derivados del ejercicio de actividades de intermediación financiera que serán siempre por cuenta de la entidad de intermediación financiera autorizada.

 

d) Instrumentos. La Administración Monetaria y Financiera garantizará el adecuado funcionamiento del sistema monetario y financiero, mediante la implementación de los instrumentos de política monetaria, regulación, supervisión y control de las operaciones de las entidades de intermediación financiera, acorde con la presente Ley, las normas y prácticas internacionales sobre la materia.

 

 

 

Artículo 4. Régimen Jurídico de los Actos Regulatorios y de los Recursos.

 

a) Presunción de Legalidad. Los actos dictados por la Administración Monetaria y Financiera en el ejercicio de sus competencias y de conformidad con los procedimientos reglamentariamente establecidos, gozan de presunción de legalidad, salvo prueba en contrario, y serán inmediatamente ejecutorios. Su incumplimiento conlleva la correspondiente sanción en los términos establecidos en esta Ley. Para la ejecución forzosa de los actos administrativos, la Administración Monetaria y Financiera contará, si fuere necesario, con el auxilio de la fuerza pública del Ministerio Público, la cual no podrá ser denegada bajo ninguna circunstancia. La ocupación a que hace referencia el Artículo 63, literal b) de esta Ley no requerirá ningún auxilio jurisdiccional del Ministerio Público, siempre que se practique en dependencias de la entidad de intermediación financiera en presencia de un funcionario debidamente acreditado por la Junta Monetaria que levantará acta de lo actuado.

 

b) Recurribilidad. Los actos dictados por la Administración Monetaria y Financiera, que pongan término a un procedimiento administrativo, sólo serán recurribles mediante los recursos administrativos de reconsideración ante la entidad que dictó el acto y el recurso jerárquico ante la Junta Monetaria conforme a las disposiciones de esta Ley. Los actos de iniciación de un procedimiento y los actos de trámite no serán recurribles independientemente del acto que ponga término al procedimiento administrativo. Frente a los actos de la Junta Monetaria que pongan término a los recursos administrativos cabrá interponer recurso contencioso-administrativo de lo monetario y financiero en el plazo máximo de un (1) mes, ante el órgano judicial y conforme al procedimiento determinado en el Artículo 77 de esta Ley.

 

c) Efectos No Suspensivos. Los recursos y las resoluciones que pongan término a los mismos deberán fundamentarse exclusivamente en infracciones de la normativa a la que se refiere el Artículo 1 de esta Ley o en infracción de las normas de procedimiento dictadas al amparo de lo establecido en este Artículo. La interposición de un recurso administrativo o contencioso administrativo de lo monetario y financiero, no tendrá efectos suspensivos sobre la ejecución del acto recurrido. Sólo podrá solicitarse la suspensión del acto recurrido cuando dicho acto ponga fin a un procedimiento sancionador y siempre y cuando la ejecución de dicho acto pudiera producir, objetivamente considerado, un efecto irremediable en caso de que el acto fuese revocado posteriormente en sede judicial. No tendrá la consideración de efecto irremediable el mero pago de sumas de dinero. No serán susceptibles de recurso administrativo o contencioso-administrativo de lo monetario y financiero, los actos mediante los que se defina el objetivo anual de la programación monetaria, los de ejecución de la política monetaria, y aquellos por los que se apruebe o modifique el plan anual de inspección y supervisión financiera.

 

d) Impugnación de Disposiciones Reglamentarias. La impugnación de los Reglamentos de la Junta Monetaria y los Instructivos del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos sólo podrá realizarse en ocasión de la interposición de un recurso frente a un acto dictado en ejecución de los mismos. Los Reglamentos y los Instructivos tendrán siempre un alcance general y lo dispuesto en ellos no podrá ser objeto de alteración singular por actos dictados por el mismo órgano que emitió la disposición reglamentaria o por otro distinto.

 

e) Principios Procedimentales. La Junta Monetaria reglamentará las normas generales aplicables a los procedimientos administrativos de la Administración Monetaria y Financiera de conformidad con lo dispuesto en este Artículo y de acuerdo con los principios generales del Derecho Administrativo y en especial con los de legalidad, seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad, motivación de los actos que restrinjan la esfera jurídica de los interesados, jerarquía normativa, eficacia, razonabilidad, economía, transparencia, celeridad, preclusión de plazos, publicidad y debido proceso.

 

f) Terminología. Las disposiciones reglamentarias de la Junta Monetaria se denominarán Reglamentos Monetarios y Reglamentos Financieros. Las disposiciones reglamentarias del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos se denominarán Instructivos. Los Reglamentos Internos de la Junta Monetaria, del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos se denominarán Reglamentos Internos. Los actos de la Junta Monetaria se denominarán Resoluciones de la Junta Monetaria. Los actos del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos se denominarán Circulares.

 

g) Elaboración de Reglamentos. Durante la elaboración de los Reglamentos Monetarios y Financieros, la Junta Monetaria deberá convocar a consulta pública para recibir por escrito las opiniones de los sectores interesados, en un plazo que no podrá ser inferior a treinta (30) días contados a partir de la fecha de la publicación en por lo menos un diario de circulación nacional del texto íntegro de la propuesta de Reglamento. El plazo establecido en este literal podrá ser reducido por la Junta Monetaria en los casos que sea de extrema urgencia la entrada en vigor del Reglamento. Los Reglamentos entrarán en vigor en un plazo de setenta y dos (72) horas de su publicación en por lo menos un diario de circulación nacional.  

 

h) Publicidad. Los Reglamentos Monetarios y Financieros así como los Instructivos del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos serán publicados en los Boletines Informativos a que se refieren los Artículos 22, literal f) y 23, literal c) de esta Ley, según corresponda, y en por lo menos un diario de circulación nacional. Los Reglamentos Internos deberán ser del conocimiento del personal de la Administración Monetaria y Financiera en la parte que le concierne. Los actos administrativos de la Administración Monetaria y Financiera deberán ser notificados como condición de validez en el domicilio de los particulares afectados por los mismos o, si se trata de una persona moral, en manos de sus representantes legales y en el domicilio social de la entidad, y, en su defecto y por imposibilidad acreditada, en las publicaciones a que se refieren los Artículos 22 y 23 de esta Ley, según corresponda.

 

 

SECCIÓN II

ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA

 

 

Artículo 5. Estructura.

 

a) Organización. La Administración Monetaria y Financiera está compuesta por la Junta Monetaria, el Banco Central y la Superintendencia de Bancos, siendo la Junta Monetaria el órgano superior de ambas entidades. La Administración Monetaria y Financiera goza de autonomía funcional, organizativa y presupuestaria para el cumplimiento de las funciones que esta Ley le encomienda.

 

b) Relaciones. Las relaciones entre el Banco Central y la Superintendencia de Bancos se regirán por los principios de economía, cooperación, coordinación de funciones y competencias. La Junta Monetaria velará por el cumplimiento de esta disposición. 

 

c) Ejercicio de Competencias. Las atribuciones que esta Ley encomienda a la Administración Monetaria y Financiera son irrenunciables y sólo podrán ser ejercidas por la misma de conformidad con lo dispuesto en esta Ley. La Administración Monetaria y Financiera sólo tendrá capacidad para realizar aquello que esta Ley le encomienda.

 

d)  Obligación de Información. Las personas físicas y jurídicas ya sean públicas o privadas, estarán obligadas a facilitar a la Administración Monetaria y Financiera la información que ésta precise para el cumplimiento de sus funciones en la forma que determina esta Ley y que reglamentariamente se establezca. La falta de suministro de información podrá ser hecha pública por la Administración Monetaria y Financiera en un diario de circulación nacional y comunicada al Congreso Nacional, independientemente de las sanciones a que estén sujetas las personas conforme las disposiciones de la presente Ley.

 

 

Artículo 6. Régimen Estatutario del Personal. 

 

a) Categorías. El personal de la Administración Monetaria y Financiera está conformado por autoridades, funcionarios y empleados. Son autoridades los miembros de la Junta Monetaria, así como el Vicegobernador del Banco Central y el Intendente de la Superintendencia de Bancos. Son funcionarios los cargos iguales o superiores a la categoría de subdirector de conformidad con las disposiciones de los Reglamentos Internos del Banco Central y la Superintendencia de Bancos. Tendrá la consideración de empleados el resto del personal. La relación laboral de los funcionarios y empleados al servicio de la Administración Monetaria y Financiera se regirá por lo dispuesto en este Artículo, por los correspondientes Reglamentos Internos y por las disposiciones del Código de Trabajo y la Ley de Seguridad Social. Para su consideración dentro del régimen de compensación y retiro del personal de la Administración Monetaria y Financiera, el Gobernador y el Vicegobernador del Banco Central, así como el Superintendente y el Intendente de Bancos, estarán equiparados a la categoría de funcionario, sin perjuicio de su calidad de autoridades.

 

b) Deberes. El personal al servicio de la Administración Monetaria y Financiera ejercerá sus funciones con absoluta imparcialidad y de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos.

 

Reglamentariamente se establecerá un Código de Conducta que regirá la obtención de financiamiento por el personal de la Administración Monetaria y Financiera de parte de las entidades de intermediación financiera. El personal estará sometido a un régimen de responsabilidad administrativa personal, sin perjuicio de la civil o penal que corresponda, que será exigible mediante el correspondiente procedimiento disciplinario. Dentro de este régimen disciplinario se considerarán faltas muy graves, con sanción de separación del cargo, la infracción de las obligaciones impuestas por el Código de Conducta y la infracción del deber de confidencialidad.

 

c) Derechos. Los funcionarios y empleados de la Administración Monetaria y Financiera contarán con un sistema de selección y carrera basado en los principios de mérito y capacidad, que garantizará su imparcialidad e independencia, y proscribirá la remoción del cargo por razones de mera oportunidad. La selección de los funcionarios y empleados para labores técnico-profesionales estará sujeta a la celebración de concursos de acuerdo a los Reglamentos Internos del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos. Los funcionarios y empleados contarán con un sistema de retribuciones transparente y de mercado que contemple fondos de pensiones y jubilaciones para el Banco Central y para la Superintendencia de Bancos, conforme a las disposiciones que dicte la Junta Monetaria y en base a los preceptos de la Ley de Seguridad Social. Los Reglamentos Internos también establecerán los respectivos regímenes de los funcionarios y empleados del Banco Central y la Superintendencia de Bancos, así como el catálogo de incompatibilidades en atención a las responsabilidades del puesto desempeñado y el régimen disciplinario. Los actos que se dicten en materia de personal seguirán el régimen de recursos administrativos y contencioso-administrativo de lo monetario y financiero establecido en el Artículo 77 de esta Ley.

 

d) Responsabilidad Económica. Las autoridades y funcionarios al servicio de la Administración Monetaria y Financiera que autoricen, permitan o de cualquier modo toleren la concesión de financiamiento por parte del Banco Central a entidades públicas o privadas, en violación a los preceptos de la presente Ley, serán personal y solidariamente responsables con su propio patrimonio del reembolso inmediato de las cantidades dispuestas, sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil que resulten aplicables. La acción judicial para exigir el reembolso, con los correspondientes intereses, es pública y prescribe a los cinco (5) años contados a partir de la fecha en que dicha persona haya dejado de prestar su servicio a la Administración Monetaria y Financiera. En caso de que la decisión de concesión de financiamiento haya sido adoptada por la Junta Monetaria no podrá exigirse esta responsabilidad a quienes hayan salvado su voto oportunamente, lo cual debe constar en las actas correspondientes.

 

 

Artículo 7. Exigencia de Responsabilidad por Terceros. No podrá intentarse ninguna acción personal, civil openal, contra el personal que preste sus servicios a la Administración Monetaria y Financiera, por los actos realizados durante el ejercicio de sus funciones conforme a lo previsto en esta Ley, sin que con carácter previo se haya obtenido una resolución judicial definitiva e irrevocable declarando la nulidad del correspondiente acto administrativo en cuya realización dicha persona hubiere participado.

 

En el caso de que se declare la nulidad de dicho acto y que la causa de nulidad fuere la conducta particular de la persona que dictó o ejecutó el acto, quedará abierta la vía para ejercitar la acción disciplinaria que corresponda sin perjuicio de las demás acciones que procediesen en Derecho.

 

A los efectos previstos en este Artículo, la Administración Monetaria y Financiera asumirá los costos de defensa del personal demandado, aún cuando haya dejado de prestar servicios a la misma. La Administración Monetaria y Financiera tendrá derecho a repetir tales costos contra dichas personas en el caso en que las mismas fueran encontradas personalmente responsables de la ilegalidad. Esta obligación de asumir los costos de defensa a cargo de la Administración Monetaria y Financiera existirá en beneficio de aquellos funcionarios separados de sus cargos o sancionados por su negativa a ejecutar acciones que violen las prohibiciones de financiamiento a las entidades públicas y privadas que establece la presente Ley, cuando estos funcionarios hayan impugnado el acto por el que se les separe o sancione ante las instancias competentes. 

 

Artículo 8. Obligación Especial de Confidencialidad. El personal al servicio de la Administración Monetaria y Financiera, que en virtud de sus funciones tenga acceso a información de carácter confidencial y privilegiada, tendrá la obligación de observar total discreción. El incumplimiento de esta obligación será causa de destitución inmediata sin perjuicio de otras responsabilidades que resulten aplicables.

 

Cuando a efectos previstos en la legislación tributaria o para la sustanciación de las causas penales, la Administración Tributaria o los jueces competentes requieran la remisión de información de carácter confidencial, ésta se transmitirá por escrito por intermedio de las autoridades competentes de la Administración Monetaria y Financiera. Lo dispuesto en este Artículo se entiende sin perjuicio de lo que puedan disponer normas especiales para la prevención de lavado de activos. 

 

SECCIÓN III

DE LA JUNTA MONETARIA

 

Artículo 9. Atribuciones. Corresponde a la Junta Monetaria:

 

a)    Determinar las políticas monetaria, cambiaria y financiera de la Nación conforme a lo dispuesto en esta Ley y de acuerdo con los objetivos regulatorios del Artículo 2 de la presente Ley. 

 

b)   Aprobar el Programa Monetario de conformidad con el objetivo establecido en el Artículo 2 de esta Ley, así como el conocimiento y fiscalización regular de su grado de ejecución.

 

c)    Dictar los Reglamentos Monetarios y Financieros para el desarrollo de la presente Ley.

 

d)   Aprobar los Reglamentos Internos del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos, así como la estructura orgánica de dichas entidades a propuesta de las mismas.

 

e)   Aprobar los presupuestos del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos.

 

f)      Otorgar y revocar la autorización para funcionar como entidad de intermediación financiera, así como autorizar las fusiones, absorciones, escisiones y figuras análogas entre entidades de intermediación financiera a propuesta de la Superintendencia de Bancos.

 

g)   Otorgar y revocar la autorización para funcionar como entidad de intermediación cambiaria, así como autorizar las fusiones, absorciones, escisiones y figuras análogas entre entidades de intermediación cambiaria a propuesta de la Superintendencia de Bancos.

 

h)    Conocer y fallar los recursos jerárquicos interpuestos contra los actos dictados por el Banco Central y la Superintendencia de Bancos en las materias de sus respectivas competencias.

 

i)       Aprobar y remitir al Poder Ejecutivo las propuestas de modificación de la legislación monetaria y financiera de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución de la República, así como informarle acerca de las iniciativas legislativas o de cualquier otra índole que afecten al sistema monetario y financiero.

 

j)       Designar, suspender o remover a los funcionarios del Banco Central y la Superintendencia de Bancos a propuesta del Gobernador y del Superintendente de Bancos, según corresponda.

 

k)    Designar al Contralor del Banco Central y al de la Superintendencia de Bancos.

 

l)       Desempeñar las otras funciones que la presente Ley encomiende a la Administración Monetaria y Financiera y que no hayan sido atribuidas expresamente al Banco Central y a la Superintendencia de Bancos. Las funciones a las que hace referencia este literal podrán ser delegadas por la Junta Monetaria en el Banco Central o en la Superintendencia de Bancos.

 

Artículo 10. Composición de la Junta Monetaria. La Junta Monetaria está integrada por tres (3) miembros ex oficio y seis (6) miembros designados por tiempo determinado. Son miembros ex oficio: el Gobernador del Banco Central, quien la presidirá, el Secretario de Estado de Finanzas y el Superintendente de Bancos. Al Presidente de la Junta Monetaria le corresponderá la representación oficial y exclusiva de la Junta Monetaria, sin que pueda delegarla en ningún miembro de la misma.

 

Artículo 11. Designación, Capacidad y Remoción de los Miembros.

 

a) Designación. Los miembros por tiempo determinado serán designados por el Presidente de la República, por un período de dos (2) años, pudiendo ser renovable. El Miembro designado para cubrir una vacante por causa distinta a la expiración del mandato ocupará dicho cargo solo hasta la finalización del mandato correspondiente al miembro cuya vacante se supla.

 

b) Capacidad. Para ser miembro designado por tiempo determinado es necesario ser dominicano, mayor de 35 años, de reconocida capacidad profesional y con más de diez (10) años de acreditada experiencia en materia económica, monetaria, financiera o empresarial, siempre y cuando sus actividades no constituyan conflicto de interés con las funciones que debe desempeñar como miembro de la Junta Monetaria. No podrá ser miembro designado por tiempo determinado si concurriese alguna de las siguientes causas de inhabilidad:

 

1) Ser pariente de otro miembro de la Junta Monetaria hasta el tercer grado de consaguinidad o segundo de afinidad o tener vinculaciones o intereses económicos o laborales coincidentes con otro miembro de la Junta.

 

2) Los que hayan sido directores o administradores de una entidad de intermediación financiera, en algún momento durante los cinco (5)  años anteriores a la fecha en que ésta haya: (i) sido objeto de la revocación de la autorización para operar por causa de infracción; (ii) incumplido un plan de recuperación; (iii) quedado sometida a un procedimiento de intervención,  disolución o liquidación forzosa, quiebra, o bancarrota; o (iv) sido objeto de  alguna acción de salvamento por parte del Estado.

 

3) Los que hayan sido sancionados por infracción de las normas vigentes en materia monetaria y financiera con la separación del cargo e inhabilitado para desempeñarlo durante el tiempo que dure la sanción; los sancionados por infracción de las normas reguladoras del mercado de valores, seguros y pensiones; los declarados insolventes; los condenados por delitos de naturaleza económica o por lavado de activos, y los que sean legalmente incapaces o hayan sido objeto de remoción de sus cargos en la Administración Monetaria y Financiera en los supuestos previstos en este Artículo y los Artículos 17 y 21 de esta Ley.

 

4) Los que hayan sido condenados por sentencia judicial definitiva e irrevocable a penas por infracciones criminales.

 

c) Incompatibilidades. El cargo de miembro por tiempo determinado de la Junta Monetaria será incompatible con lo siguiente:

 

1) Ser funcionario electivo o desempeñar otras funciones públicas remuneradas, con excepción de los cargos de carácter docente o académico.

 

2) Ser miembro de directorios, consejos, o de cualquier modo participar en el control o dirección de una entidad de intermediación financiera sometida a lo dispuesto en esta Ley o en otras Leyes especiales.

 

3) Tener una participación directa o indirecta en el capital de las entidades sometidas a las disposiciones de esta Ley. Los miembros de la Junta Monetaria que posean participaciones en las entidades de intermediación financiera que no constituyan incompatibilidad deberán poner la administración de dichas participaciones bajo un contrato de fideicomiso o administración durante el tiempo que dure su mandato. El administrador o fideicomisario estará obligado a administrar dicho portafolio con arreglo a las sanas prácticas comerciales. El miembro de la Junta no podrá ordenar la ejecución de orden alguna y deberá abstenerse de realizar cualquier indicación sobre la administración de dicha cartera.

 

d) Remoción. Los miembros designados por tiempo determinado sólo podrán ser removidos de sus cargos mediante decisión adoptada por las tres cuartas (3/4) partes de los miembros de la Junta Monetaria, por las siguientes causales:

 

1) Cuando sobrevenga alguna de las circunstancias que determinan la existencia de conflicto de interés o causas de inhabilidad e incompatibilidad previstas en los literales b) y c) de este Artículo, o fuere declarado judicialmente incapaz.

 

2) Cuando violen la obligación de confidencialidad a la que se refiere el Artículo 8 de esta Ley, o no se inhibanen los casos en que debieren hacerlo.

 

3) Cuando hicieren uso en provecho propio o de terceros de información obtenida en el desarrollo de sus funciones como miembros de la Junta Monetaria.

 

4) Cuando se ausentasen o injustificadamente dejasen de acudir a tres (3) sesiones consecutivas de la Junta Monetaria.

 

e) Efectos. El miembro de cuya remoción se trate podrá apelar ante la Suprema Corte de Justicia en un plazo de quince (15) días contados a partir de la fecha de su remoción. Ni el plazo para el recurso de apelación ni el ejercicio de dicho recurso es suspensivo de la decisión de remoción adoptada por la Junta Monetaria. La Suprema Corte de Justicia deberá convocar a audiencia oral, pública y contradictoria, en un plazo de quince (15) días contados a partir de la fecha de la interposición del recurso, y juzgará si se encuentran reunidas las causas de remoción, tras lo cual dictará un fallo confirmatorio de la remoción o revocatorio de la misma, que deberá ser rendido en un plazo de quince (15) días contados a partir de la fecha de la audiencia. Los miembros removidos por las causales previstas en el literal d) del presente Artículo quedarán inhábiles para ser miembros de consejos de administración o directorios de entidades de intermediación financiera.

 

Artículo 12. Remuneración y Actividades. La labor de los miembros a que se refiere el Artículo anterior será remunerada conforme se establezca en el Reglamento Interno de la Junta Monetaria. Estos miembros deberán presentar Declaración Jurada de Bienes conforme al procedimiento y la forma establecida por la Ley 82 del 23 de diciembre de 1979. Asimismo, declararán sus relaciones comerciales y de asesoría o consultoría, y que en ellos no concurren ninguna de las causas de incompatibilidad. Estas declaraciones se actualizarán anualmente. No podrán realizar actividades que representen conflicto de interés con sus labores como miembros de la Junta Monetaria.

 

Durante el año siguiente al cese en sus funciones, los miembros de la Junta Monetaria por tiempo determinado no podrán realizar actividades de dirección, asesoría o representación legal alguna en entidades cuyo ejercicio sea incompatible con el cargo desempeñado y permanecerán sujetos a la obligación de guardar confidencialidad y al régimen de incompatibilidades previstos en esta Ley. Como compensación por no poder realizar dichas actividades durante ese año, la Administración Monetaria y Financiera ofrecerá a los cesantes una indemnización mensual equivalente a su última remuneración. El derecho a la indemnización previsto en este Artículo no será extensible a los miembros de la Junta Monetaria en los casos de remoción o renuncia, quedando en todo caso obligados al cese de actividades prescrito en el presente Artículo. 

 

Los gastos necesarios para el funcionamiento de la Junta Monetaria constituirán una partida dentro de los presupuestos del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos en la proporción que determine la Junta Monetaria.

 

Artículo 13. Funcionamiento. Las sesiones de la Junta Monetaria serán convocadas por su Presidente, quien fijará el Orden del Día, cuando menos una (1) vez al mes, o cuando lo soliciten por escrito fundadamente al Presidente de la misma, al menos cuatro (4) miembros por tiempo determinado.

 

La Junta Monetaria se reunirá válidamente con la asistencia de, al menos, cinco (5) de sus miembros y la presencia necesaria de, al menos, tres (3) miembros por tiempo determinado. La presencia de los miembros de la Junta Monetaria es personal e indelegable, salvo el caso de los miembros ex oficio que serán representados de acuerdo con las disposiciones legales correspondientes. Las decisiones se tomarán por mayoría simple de los miembros presentes y en caso de empate el Presidente tendrá voto decisorio. En los casos en que la presente Ley establece mayoría agravada para la toma de decisiones por parte de la Junta Monetaria, la base para el cálculo de dicha mayoría agravada será la totalidad de la matrícula de miembros de dicho cuerpo.  Los miembros de la Junta Monetaria podrán salvar o explicar su voto y se abstendrán en los casos en que tengan alguna relación de tipo personal, económica o profesional con el asunto a tratar.

 

La Junta Monetaria, durante sus sesiones, podrá autorizar la presencia de personal al servicio de la Administración Monetaria y Financiera o de particulares, con el objeto de recabar informaciones que sean necesarias para el conocimiento y la resolución de los asuntos en agenda. El Vicegobernador del Banco Central asistirá a las reuniones con voz pero sin voto y sustituirá al Presidente en caso de ausencia o enfermedad. La Junta Monetaria designará un Secretario que deberá ser licenciado o doctor en Derecho, quien asistirá a las sesiones sin voz ni voto y  confeccionará las certificaciones oficiales de las mismas, las cuales, firmadas por el Presidente y el Secretario, constituirán la prueba plena de las decisiones adoptadas. Corresponderá al Secretario de la Junta Monetaria desempeñar todas las funciones que por Reglamento le sean asignadas a los fines de la tramitación, organización y archivo de la documentación y expedientes sometidos a, y expedidos por la Junta Monetaria.

 

La Junta Monetaria, mediante Reglamento Interno, que deberá ser aprobado o modificado por unanimidad, desarrollará lo dispuesto en este Artículo y en el anterior.

 

SECCIÓN IV

DEL BANCO CENTRAL

Artículo 14. Naturaleza. El Banco Central es una entidad pública de Derecho Público con personalidad jurídica propia. En su condición de entidad emisora única goza de la autonomía consagrada por la Constitución de la República. Tiene su domicilio en su oficina principal de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, pudiendo establecer sucursales y corresponsalías dentro o fuera del territorio nacional.

 

El Banco Central está exento de toda clase de impuestos, derechos, tasas o contribuciones, nacionales o municipales, y en general, de toda carga contributiva que incida sobre sus bienes u operaciones. Igualmente quedan exentas del pago de todo impuesto las operaciones derivadas de la política monetaria que realicen directamente con el Banco Central las entidades de intermediación financiera y de otra naturaleza. El Banco disfrutará, además, de franquicia postal y telegráfica. Contratará la adquisición de bienes y prestación de servicios necesarios para su funcionamiento con arreglo a los principios generales de la contratación pública y en especial de acuerdo a los principios de publicidad, concurrencia y transparencia, conforme Reglamento dictado por la Junta Monetaria.

 

Artículo 15. Funciones. El Banco Central tiene por función ejecutar las políticas monetaria, cambiaria y financiera, de acuerdo con el Programa Monetario aprobado por la Junta Monetaria y exclusivamente mediante el uso de los instrumentos establecidos en el Título II de esta Ley, conforme a los objetivos establecidos en el Artículo 2, literal a). Sin perjuicio de la iniciativa reglamentaria de la Junta Monetaria, el Banco Central propondrá a dicho Organismo los proyectos de Reglamentos Monetarios y Financieros en materia monetaria, cambiaria y financiera. Corresponde al Banco Central la supervisión y liquidación final de los sistemas de pagos, así como del mercado interbancario. Es función del Banco Central compilar y elaborar las estadísticas de balanza de pagos, del sector monetario y financiero, y otras que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

 

El Banco Central tiene potestad reglamentaria interna de carácter auto-organizativo, sujeta a ratificación de la Junta Monetaria, así como potestad reglamentaria subordinada para desarrollar mediante Instructivos lo dispuesto en los Reglamentos Monetarios y Financieros en las materias propias de su competencia. El Banco Central administrará el Fondo de Contingencia que establece el Artículo 64 de esta Ley mediante un balance separado. Corresponde al Banco Central la imposición de sanciones por deficiencias en el encaje legal, incumplimiento de las normas de funcionamiento de los sistemas de pagos, violación del deber de información a que se refiere el Artículo 5, literal d), y violación al Artículo 25, literal d) de esta Ley. Las multas por infracción se ingresarán al Fondo de Contingencia.

 

Las funciones que esta Ley encomienda al Banco Central no podrán en modo alguno vulnerar la estricta prohibición de otorgar crédito al Gobierno u otras instituciones públicas, directa o indirectamente, a través de entidades financieras o mediante la realización de contratos cuyo precio implique subvención a una institución pública o, de cualquier modo, conlleve algún tipo de subsidio. No se entenderá vulnerada dicha prohibición en los casos en que realice operaciones de mercado abierto comprando títulos de deuda pública en el mercado secundario a entidades financieras, conforme a lo dispuesto en el Artículo 26 de esta Ley, ni en la ejecución de lo estipulado en su Artículo 84, literal b).

 

El Banco Central nunca podrá garantizar obligaciones de otros, ni tampoco dar aval, ni ningún tipo de garantía personal, ni asumir solidaridad alguna por obligaciones de terceros.

 

Artículo 16. Régimen Patrimonial, Contabilidad y Estados financieros.

 

a) Capital y Patrimonio. El Banco Central cuenta con un capital que se denominará Fondo de Recursos Propios, constituido por el aporte que para la creación del mismo efectuó el Estado y por las capitalizaciones autorizadas y las reservas para ampliación de capital acumuladas hasta el momento de entrar en vigor la presente Ley. Este Fondo se podrá aumentar con el superávit a que se refiere el  literal e)  del presente Artículo y con otros aportes del Estado. El Banco Central tiene patrimonio propio inembargable y afecto exclusivamente al cumplimiento de sus fines.

 

b) Fiscalización y Rendición de Cuentas. El Banco Central está sujeto a la fiscalización de sus propios órganos de control, al dictamen y certificación anual de una firma de auditoria externa de reconocido prestigio nacional e internacional y a la rendición anual de cuentas ante el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional, por intermedio de su Gobernador, con la presentación de la correspondiente Memoria Anual durante la primera legislatura de cada año. El Gobernador deberá informar a la Junta Monetaria mensualmente sobre las principales ejecutorias del Banco Central.

 

c) Estados Financieros. El Banco Central elaborará sus estados financieros y llevará una contabilidad de acuerdo con los estándares internacionales en materia de banca central, conforme lo determine reglamentariamente la Junta Monetaria. El ejercicio fiscal será de un (1) año calendario.

 

d) Presupuestos. El Banco Central elaborará sus presupuestos anualmente en los que, junto a los gastos corrientes, deberán incluirse de manera explícita los gastos programados para la ejecución de la política monetaria. Dichos presupuestos serán aprobados por la Junta Monetaria. Los mecanismos de control y seguimiento de los presupuestos serán establecidos mediante Reglamento por la Junta Monetaria.

 

e) Superávit o Déficit. Para cada ejercicio fiscal el superávit se distribuirá en primer lugar mediante la asignación de un tercio (1/3) del mismo hasta incrementar el Fondo de Recursos Propios, a un nivel equivalente al cinco por ciento (5%) del monto agregado de los pasivos del Banco Central. Otro tercio (1/3) se destinará a incrementar la Reserva General del Banco, hasta alcanzar un nivel equivalente al monto del Fondo de Recursos Propios. Esta Reserva General sólo podrá utilizarse para compensar cualquier déficit del Banco Central. El tercio (1/3) restante se aplicará para amortizar o redimir los títulos de deuda pública a que se refiere el Artículo 82 de la presente Ley. Canceladas estas deudas en su totalidad dicho superávit se utilizará para incrementar los Fondos de Recursos Propios y Reserva General hasta alcanzar el referido cinco por ciento (5%) indicado anteriormente. Cuando tales Fondos hayan alcanzado los montos señalados y se hayan pagado los títulos a los que se refiere el Artículo 82 de la presente Ley, el superávit se transferirá al Gobierno, una vez dictaminados los Estados financieros. En los casos que se genere déficit, éste se cubrirá en primer lugar con cargo al Fondo de Reserva General y si ello no alcanzase a cubrir dicho déficit, el Gobierno absorberá la diferencia mediante un traspaso directo de fondos al Banco Central o mediante la emisión de una letra del Tesoro, con vencimiento no superior a un (1) año, por el importe total de la diferencia, a una tasa de interés que no podrá ser menor que la tasa de interés del mercado. Dicha letra del Tesoro podrá ser desagregada por el Banco Central al objeto de negociarla en el mercado secundario. El Gobierno deberá consignar el pago de dicha letra en su presupuesto del año subsiguiente al de la emisión.

 

 

Artículo 17. Organización.

 

a) Dirección.  El Banco Central está dirigido por un Gobernador, quien tiene a su cargo la dirección yrepresentación de dicho Organismo, y contará con un Comité Ejecutivo que le asesorará, integrado por el Vicegobernador, el Gerente y por los funcionarios que por Reglamento Interno sean incorporados a dicho comité. La organización y reparto de competencias internas dentro del Banco Central, así como las del Comité Ejecutivo, serán determinados mediante Reglamento Interno.

 

b) Gobernador.

 

1) Designación. El Gobernador será designado por el Presidente de la República, por un período de dos (2) años, pudiendo ser renovables. Sólo podrán ser propuestos para el cargo quienes sean Dominicanos, mayores de 35 años, en posesión de título universitario superior, con amplia formación en las materias monetarias y financieras y de acreditada reputación personal. Será de aplicación a estos efectos lo dispuesto en el Artículo 11 de esta Ley, respecto de las causas de inhabilidad e incompatibilidad.

 

2) Remoción. El Gobernador sólo podrá ser removido cuando medie causa de remoción de las mencionadas en el Artículo 11, literal d)  de esta Ley, respecto de los miembros de la Junta Monetaria por tiempo determinado, o cuando infrinja la normativa específica de incompatibilidades establecida en el ordinal 3) de este Artículo. La remoción será acordada por unanimidad del resto de los miembros de la Junta Monetaria que será convocada en este caso por el Secretario de Estado de Finanzas. Será de aplicación en este caso lo dispuesto en el Artículo 11, literal e) de esta Ley.

 

3) Restricciones. El ejercicio del cargo de  Gobernador es incompatible  con cualquier otra actividad profesional pública o privada,  remunerada  o  no, a  excepción  de  su pertenencia  a  la  Junta  Monetaria  y  la  actividad docente. No  podrá  formar  parte de ningún consejo, sociedad, órgano, entidad,  empresa,  instituto o similar, sea público o privado, con excepción de aquellos que competan a sus funciones. Antes de tomar posesión del cargo, y anualmente, deberá presentar la Declaración Jurada de Bienes a la que alude el Artículo 12 de esta Ley. Al cese de sus funciones, se le aplican al Superintendente las disposiciones del Artículo 12 de esta Ley.

 

4) Competencias. Los Instructivos, Reglamentos Internos y Circulares del Banco Central serán acordados y emitidos por el Gobernador. La facultad de dictar Circulares podrá ser delegada en el Vicegobernador, el Gerente y los funcionarios, conforme a un Reglamento Interno que regirá la delegación de funciones. El Gobernador podrá avocar en cualquier momento el conocimiento de cualquier asunto delegado.

 

c) Vicegobernador.

 

1) Designación. El Banco Central tendrá un Vicegobernador que será nombrado por el Presidente de la República, por un período de dos (2) años, pudiendo ser renovable. Para ser nombrado Vicegobernador, se requiere haber desempeñado funciones dentro del Banco Central o la Superintendencia de Bancos durante un período no inferior a tres (3) años. Sólo podrá ser removido cuando medie causa de remoción de las mencionadas en el Artículo 11 de esta Ley respecto de los miembros de la Junta Monetaria por tiempo determinado o cuando infrinja la normativa específica de incompatibilidades establecidas en dicho Artículo.  Al Vicegobernador se le aplican las disposiciones del Artículo 12 de esta Ley. Serán de aplicación al Vicegobernador las mismas causas de incompatibilidad e inhabilidad que se aplican al Gobernador.

 

2) Atribuciones. El Vicegobernador tendrá las atribuciones siguientes: i) Sustituir al Gobernador en el caso de ausencia o impedimento temporal de éste y ejercer sus funciones con todas las responsabilidades inherentes al cargo; ii) asistir al Gobernador en el estudio y despacho de los asuntos relativos a su cargo; iii) fungir como Gobernador alterno o sustituto del Gobernador por la República Dominicana en Organismos Internacionales en los cuales el país sea miembro, siempre que la representación haya sido encomendada al Banco Central; iv) asistir en representación del Gobernador a las sesiones de los Consejos u órganos directivos cuando así lo disponga el Gobernador; v) asumir, por disposición del Gobernador, las atribuciones de cualquier funcionario del Banco Central; vi) realizar cualquier otra gestión que pongan a su cargo la Junta Monetaria o el Gobernador del Banco Central.

 

d) Gerente. La administración interna del Banco estará a cargo del Gerente, quien será jefe del personal del Banco Central. El Gerente, que deberá ser de reconocida competencia en materia bancaria, será nombrado por la Junta Monetaria a propuesta del Gobernador y le serán aplicables las disposiciones del Artículo 11 relativas a las causas de inhabilidad e incompatibilidad. Corresponde al Gerente sugerir al Gobernador, para su posterior análisis por la Junta Monetaria, aquellas modificaciones aconsejables para la mejor organización y funcionamiento del Banco. Del mismo modo, es de su competencia preparar y someter al Gobernador informaciones periódicas sobre la situación financiera del Banco, eficiencia del personal en el cumplimiento de sus deberes, así como dirigir las operaciones del Banco, debiendo en todo caso velar por la observancia de esta Ley, de los Reglamentos de la Junta Monetaria y de los Instructivos del Banco Central en los aspectos de la competencia del Banco Central e informar al Gobernador en los casos de incumplimiento. El Gerente firmará los estados financieros y ejercerá las funciones que le fueren asignadas por la Junta Monetaria y el Gobernador del Banco Central. Serán de aplicación al Gerente, las mismas causas de incompatibilidad e inhabilidad que las que se aplican al Gobernador. Al Gerente, al cese de sus funciones, no se le aplican las prohibiciones de actividades ni la indemnización a que se refiere el Artículo 12 de esta Ley.

 

e) Contralor. Habrá un Contralor del Banco Central, quien deberá ser un Contador Público Autorizado, especialista con experiencia en el manejo bancario y de reconocida integridad moral. Será elegido por la Junta Monetaria previo concurso público. No serán elegidos para este cargo las personas en que concurriesen una o varias de las causas de inhabilidad e incompatibilidad que establece el Artículo 11 de esta Ley. El Contralor del Banco Central podrá ser removido por decisión adoptada por las dos terceras (2/3) partes de los miembros de la Junta Monetaria. Estarán a su cargo las funciones de fiscalizar y controlar todas las operaciones y cuentas del Banco Central mediante inspecciones y conciliaciones. Además, velará por el cumplimiento de los Reglamentos dictados por la Junta Monetaria, así como por el cumplimiento de las políticas, controles administrativos y Reglamentos Internos del Banco Central, teniendo acceso a todos sus registros, sin excepción. Rendirá informes directamente a la Junta Monetaria con la periodicidad que ésta establezca y, en cualquier momento, cuando detecte casos de irregularidades o incumplimientos por parte del Banco Central. El Contralor firmará los Estados financieros del Banco Central.  

 

Serán de aplicación al Contralor las mismas causas de incompatibilidad e inhabilidad que se le aplican al Gerente no correspondiéndole las prohibiciones de actividades ni la indemnización a que se refiere el Artículo 12 de esta Ley.

 

SECCIÓN V

DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

 

Artículo 18. Naturaleza. La Superintendencia de Bancos es una entidad pública de Derecho Público con personalidad jurídica propia. Tiene su domicilio en su oficina principal de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, pudiendo establecer otras oficinas dentro del territorio nacional.

 

La Superintendencia de Bancos está exenta de toda clase de impuestos, derechos, tasas o contribuciones, nacionales o municipales y en general, de toda carga contributiva que incida sobre sus bienes u operaciones. La Superintendencia de Bancos disfrutará, además, de franquicia postal y telegráfica. Contratará la adquisición de bienes y prestación de servicios necesarios para su funcionamiento con arreglo a los principios generales de la contratación pública y en especial de acuerdo a los principios de publicidad, concurrencia y transparencia, conforme Reglamento dictado por la Junta Monetaria.

 

Artículo 19. Funciones. La Superintendencia de Bancos tiene por función: realizar, con plena autonomía funcional, la supervisión de las entidades de intermediación financiera, con el objeto de verificar el cumplimiento por parte de dichas entidades de lo dispuesto en esta Ley, Reglamentos, Instructivos y Circulares; requerir la constitución de provisiones para cubrir riesgos; exigir la regularización de los incumplimientos a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes; e imponer las correspondientes sanciones, a excepción de las que aplique el Banco Central en virtud de la presente Ley. También le corresponde proponer las autorizaciones o revocaciones de entidades financieras que deba evaluar la Junta Monetaria. Sin perjuicio de su potestad de dictar Instructivos y de la iniciativa reglamentaria de la Junta Monetaria, la Superintendencia de Bancos puede proponer a dicho Organismo los proyectos de Reglamentos en las materias propias de su ámbito de competencia. La Superintendencia de Bancos tiene potestad reglamentaria interna de carácter auto-organizativo con aprobación de la Junta Monetaria, así como potestad reglamentaria subordinada para desarrollar, a través de Instructivos, lo dispuesto en los Reglamentos relativos a las materias propias de su competencia.

 

Artículo 20. Régimen Patrimonial, Contabilidad y Estados Financieros.

 

a) Patrimonio y Presupuestos. La Superintendencia de Bancos tiene patrimonio propio inembargable y afecto exclusivamente al cumplimiento de sus fines. Elabora sus propios presupuestos anuales en los que se estimará el costo general de la supervisión por ejercicio. Los presupuestos de la Superintendencia de Bancos serán aprobados por la Junta Monetaria.

 

b) Fiscalización y Rendición de Cuentas. La Superintendencia de Bancos está sujeta a la fiscalización de su Contralor, al dictamen y certificación anual de una firma de auditoria externa de reconocido prestigio internacional y a la rendición anual de cuentas ante el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional por intermedio del Superintendente, mediante la presentación de la correspondiente Memoria Anual durante la primera legislatura de cada año.

 

c) Contabilidad. La Superintendencia de Bancos elaborará sus estados financieros y llevará una contabilidad de acuerdo con los estándares internacionales aplicables a las agencias de supervisión en la forma que determine reglamentariamente la Junta Monetaria. El ejercicio fiscal será de un (1) año calendario.

 

d) Ingresos. Los ingresos de la Superintendencia de Bancos estarán constituidos por los aportes trimestrales realizados por las entidades sometidas a supervisión financiera. Dichos aportes representarán un sexto (1/6) del uno por ciento (1%) del total de activos de cada institución. La Junta Monetaria, con el voto favorable de las tres cuartas (3/4) partes de sus miembros, podrá modificar dicho porcentaje de acuerdo a las necesidades de ingresos para realizar adecuadamente las funciones de supervisión.

 

Artículo 21. Organización.

 

a) Dirección. La Superintendencia de Bancos estará dirigida por un Superintendente, quien tiene a su cargo la dirección y representación de dicho Organismo, y contará con un Comité Ejecutivo que le asesorará, integrado por el Intendente y por los funcionarios que por Reglamento Interno sean integrados a dicho Comité. La organización y reparto de competencias internas dentro de la Superintendencia de Bancos será determinado mediante Reglamento Interno. El Superintendente de Bancos deberá informar a la Junta Monetaria, al menos mensualmente, sobre las principales ejecutorias de la Superintendencia de Bancos.

 

b) Designación. El Superintendente será designado por el Presidente de la República, por un período de dos (2) años,  pudiendo ser renovables.  Solo podrán ser propuestos para el cargo quienes sean dominicanos, mayores de 35 años, en posesión de título universitario superior, con amplia formación en materia económica y financiera y de acreditada reputación personal. Será de aplicación a estos efectos lo dispuesto en el Artículo 11 de esta Ley, respecto de las causas de inhabilidad e incompatibilidad.

 

 

c) Remoción. El Superintendente sólo podrá ser removido cuando medie causa de remoción de las mencionadas en el Artículo 11 de esta Ley respecto de los miembros de la Junta Monetaria por tiempo determinado o cuando infrinja la normativa específica de incompatibilidades establecidas en el literal d) de este Artículo. La remoción será acordada por las tres cuartas (3/4) partes de los miembros de la Junta Monetaria que será convocada en este caso por el Gobernador del Banco Central. Será de aplicación en este caso lo dispuesto en el Artículo 11, literal e) de la presente Ley.

 

d) Restricciones. El ejercicio del cargo de Superintendente de Bancos es incompatible con cualquier otra actividad profesional pública o privada, remunerada o no, a excepción de su pertenencia a la Junta Monetaria y la actividad docente. No podrá formar parte de ningún consejo, sociedad, órgano, entidad, empresa, instituto o similar, sea público o privado, con excepción de aquellos que competan a sus funciones. Antes de tomar posesión del cargo, y anualmente, deberá presentar la Declaración Jurada de Bienes a la que alude el Artículo 12 de esta Ley. Al cese de sus funciones, se le aplican al Superintendente las disposiciones del Artículo 12 de esta Ley.

 

e) Competencias. Los Instructivos, Reglamentos Internos y Circulares de la Superintendencia de Bancos serán acordados y emitidos por el Superintendente de Bancos. La facultad de dictar Circulares podrá ser delegada en el Intendente, el Gerente y los funcionarios, conforme a un Reglamento Interno que regirá la delegación de funciones. El Superintendente de Bancos podrá avocar en cualquier momento el conocimiento de cualquier asunto delegado.

 

f) Intendente. Para ser nombrado Intendente se requiere haber desempeñado funciones dentro del Banco Central o la Superintendencia de Bancos durante un período no inferior a tres (3) años. El Intendente de Bancos tendrá las atribuciones siguientes: i) Sustituir al Superintendente de Bancos en caso de ausencia o impedimento temporal de éste y ejercer sus funciones con todas las responsabilidades inherentes al cargo; ii) representar al Superintendente en las sesiones de la Junta Monetaria en caso de ausencia temporal de éste; iii) asistir al Superintendente de Bancos en el estudio y despacho de los asuntos relativos a su cargo; iv) asistir, en representación del Superintendente de Bancos,

a las reuniones y eventos de cualquier naturaleza, cuando así lo disponga dicho funcionario; v) asumir por disposición del Superintendente de Bancos, las atribuciones de cualquier funcionario de la Superintendencia de Bancos en caso de falta temporal de éste; vi) realizar otra gestión que el Superintendente de Bancos le delegue o asigne.

 

El Intendente será nombrado por La Junta Monetaria, por un período de dos (2) años,  de una terna presentada por el Superintendente, y con el voto de las dos terceras (2/3) partes, de los miembros de la Junta Monetaria, pudiendo ser reelegido por igual período. Solo podrá ser removido cuando medie causa de remoción de las mencionadas en el artículo 11 de esta Ley, respecto de los miembros de la Junta Monetaria por tiempo determinado o cuando infrinja la normativa especifica de incompatibilidades establecidas en dicho artículo exigiéndose que la remoción sea acordada por las dos terceras (2/3) partes de los miembros de la Junta Monetaria, que será convocada en este caso por el Gobernador.

 

         Al Intendente se le aplican las disposiciones del artículo 12 de la presente ley. Las Serán de aplicación al Intendente, las mismas causas de incompatibilidad e inhabilidad que se aplican al Superintendente.

 

g) Gerente. La administración interna de la Superintendencia estará a cargo del Gerente, quien será Jefe del Personal de la Superintendencia de Bancos. El Gerente, que deberá ser de reconocida competencia en materia bancaria, será nombrado por la Junta Monetaria a propuesta del Superintendente y le serán aplicables las disposiciones del Artículo 11 relativas a las causas de inhabilidad e incompatibilidad. Corresponde al Gerente sugerir al Superintendente de Bancos, para su posterior análisis por la Junta Monetaria, aquellas modificaciones aconsejables para la mejor organización y funcionamiento de la Superintendencia. Del mismo modo, es de su competencia preparar y someter al Superintendente informaciones periódicas sobre la   situación   financiera   de  la Superintendencia,   eficiencia   del   personal   en   el   cumplimiento de sus deberes,   así   como   dirigir   las  operaciones administrativas de la Superintendencia. El Gerente firmará los balances y las cuentas de ganancias y pérdidas juntamente con los funcionarios que determine la Junta  Monetaria y  ejercerá  las  funciones  que  le fueren

asignadas por la Junta Monetaria y el Superintendente. Serán de aplicación al Gerente las mismas causas de incompatibilidad e inhabilidad que se aplican al Superintendente. Al Gerente, al cese de sus funciones, no se le aplican las prohibiciones de actividades ni la indemnización a que se refiere el Artículo 12 de la presente Ley.

 

h) Contralor. Habrá un Contralor de la Superintendencia de Bancos, quien deberá ser un contador público autorizado, especialista con experiencia en el manejo bancario y de reconocida integridad moral. Será elegido por la Junta Monetaria previo concurso público. No serán elegidas para este cargo las personas en que concurriesen una o varias de las causas de inhabilidades e incompatibilidades que establece el Artículo 11 de esta Ley. El Contralor de la Superintendencia de Bancos podrá ser removido por decisión adoptada por las dos terceras (2/3) partes de los miembros de la Junta Monetaria. Tendrá a su cargo las funciones de fiscalizar y controlar todas las operaciones y cuentas de la Superintendencia de Bancos mediante inspecciones y conciliaciones. Además, velará por el cumplimiento de los Reglamentos dictados por la Junta Monetaria, así como por el cumplimiento de las políticas, controles administrativos y Reglamentos Internos de la Superintendencia de Bancos, teniendo acceso a todos sus registros, sin excepción. Rendirá informes directamente a la Junta Monetaria con la periodicidad que ésta establezca y, en cualquier momento, cuando detecte casos de irregularidades o incumplimientos por parte de la Superintendencia de Bancos.

 

Serán de aplicación al Contralor las mismas causas de incompatibilidad e inhabilidad que se le aplican al Gerente, no correspondiéndole las prohibiciones de actividades ni la indemnización a que se refiere el Artículo 12 de esta Ley.

 

SECCIÓN VI

DE LA TRANSPARENCIA MONETARIA Y FINANCIERA

 

Artículo 22. De la Transparencia Monetaria.  El Banco Central pondrá a la disposición del público las siguientes informaciones:

 

a) El Balance General mensual de sus cuentas, el cual deberá ser publicado a más tardar el día quince (15) del mes siguiente al que corresponda.

 

b) Los Estados financieros Auditados anuales, los cuales se publicarán antes del treinta (30) de abril siguiente a la fecha de cierre del año al que correspondan.

 

c) Un resumen del Programa Monetario que contendrá por lo menos las metas y las políticas, dentro de los treinta (30) días siguientes a su aprobación.

 

d) El Informe Trimestral de la Economía Dominicana, juntamente con un resumen de la Ejecución del Programa Monetario.

 

e) Un resumen de la Memoria Anual presentada al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional durante la primera legislatura de cada año.

 

f) Un Boletín Informativo que contenga los Reglamentos Monetarios y Financieros y los Instructivos del Banco Central;

 

g) Un Boletín Informativo que contenga las Resoluciones que dicte la Junta Monetaria y las Circulares del Banco Central que sean de interés general, sin perjuicio de la necesaria notificación al interesado.

 

h) Un Boletín Trimestral que compile las principales estadísticas económicas, monetarias y financieras de la República Dominicana.

 

i) Cualquier otra información que sea relevante a efectos de mantener un adecuado nivel de transparencia de sus actuaciones.

 

Artículo 23. De la Transparencia Financiera. La Superintendencia de Bancos pondrá a la disposición del público las siguientes informaciones:

 

a) Los Estados Financieros Auditados anuales, los cuales se publicarán antes del treinta (30) de abril siguiente a la fecha de cierre del año al que correspondan.

 

b) Un resumen de la Memoria Anual presentada al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional durante la primera legislatura de cada año.

 

c) Un Boletín Informativo que contenga aquellas Circulares de la Superintendencia de Bancos, que sean de interés general, sin perjuicio de la necesaria notificación al interesado, así como los Instructivos de la Superintendencia de Bancos.

 

d) Un Boletín Trimestral que compile las principales estadísticas de las entidades de intermediación financiera, incluyendo de manera enunciativa pero no limitativa los Estados financieros y los principales indicadores de dichas entidades.

 

e) Cualquier otra información que sea relevante a efectos de mantener un adecuado nivel de transparencia de sus actuaciones.

 

TITULO II

DE LA REGULACIÓN DEL SISTEMA MONETARIO

 

SECCIÓN I

DE LA MONEDA Y LA EMISIÓN MONETARIA

 

Artículo 24. Del Régimen Jurídico de la Moneda. La moneda nacional, tal como está definida en la Constitución de la República y en las denominaciones en circulación, es la única de curso legal con plenos efectos liberatorios para todas las obligaciones públicas y privadas, en todo el territorio nacional. Estará representada en billetes y monedas siendo su efecto liberatorio el que corresponda a su valor facial. Los billetes llevarán las firmas, en facsímil, del Gobernador del Banco Central y del Secretario de Estado de Finanzas.

 

Las deudas dinerarias se pagarán en la moneda pactada y, a falta de pacto expreso, en moneda nacional. La contabilidad de las entidades públicas y privadas para asuntos oficiales se expresará exclusivamente en términos de la unidad monetaria nacional, la cual se dividirá en cien (100) centavos.

 

Las operaciones monetarias y financieras se realizarán en condiciones de libre mercado. Las tasas de interés para transacciones denominadas en moneda nacional y extranjera serán determinadas libremente entre los agentes del mercado.

 

Artículo 25. De la Emisión de la Moneda.

 

a) Facultad de Emisión. La emisión de billetes y monedas representativas de la moneda nacional, es potestad exclusiva e indelegable del Banco Central, el cual determinará la cantidad de billetes y monedas en circulación. El Banco Central es responsable de satisfacer la demanda de billetes y monedas representativos de la moneda nacional que circulan en el país, con objeto de garantizar el normal desenvolvimiento de las transacciones económicas. La demanda debe ser satisfecha en el tiempo oportuno y con billetes y monedas en óptima calidad, para lo que el Banco Central deberá contar con procedimientos que tomen en consideración los estándares internacionales en la materia.

 

b) Canje y Retiro. El Banco Central retirará de circulación los billetes y monedas deteriorados por el uso mediante su canje por otros aptos para circular. Sin embargo, el Banco Central no estará obligado a canjear los billetes y monedas de identificación imposible, los billetes que hayan perdido más de las dos quintas (2/5) partes de su superficie, así como aquellos que hayan sido usados para escribir sobre ellos cualquier clase de leyenda y las monedas que tengan señales de limaduras, recortes o perforaciones, o que adolezcan de cualesquiera otras imperfecciones no producidas por el desgaste natural, retirando el Banco Central sin compensación dichos billetes y monedas y procediendo a su desmonetización y a su registro en la cuenta de reserva general. La Junta Monetaria determinará reglamentariamente, la forma de destrucción de los billetes y monedas retirados de la circulación, mediante procedimientos que garanticen pleno control y seguridad sobre la destrucción íntegra de los mismos. Los metales resultantes de las monedas fundidas podrán ser vendidos por el Banco Central y el producto de la venta se registrará como ingreso.

 

c) Denominaciones. La Junta Monetaria determinará de acuerdo a la ley las denominaciones de los billetes y monedas de curso legal y sus características, así como la eliminación de emisiones en circulación. Los cambios o eliminación de emisiones deberán ser comunicados al público en general con la antelación suficiente para prevenir adecuadamente a la población.

 

d) Protección Legal. Queda prohibida a toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, la emisión, reproducción, imitación, falsificación o simulación total o parcial de billetes y monedas de curso legal, por cualquier medio, soporte o forma de representación, sin perjuicio de lo establecido en el literal a) de este Artículo. Quienes incumplan lo dispuesto en este literal serán sancionados por el Banco Central, con independencia de la sanción penal que corresponda, mediante el decomiso de los billetes y monedas reproducidos, imitados, falsificados o simulados, así como del producto de las infracciones indicadas anteriormente y una multa por importe igual a diez (10) veces el valor facial que dichos billetes y monedas tendrían en caso de haber sido legalmente emitidos. La Junta Monetaria dictará un Reglamento para prevenir y sancionar la violación del presente literal.

 

SECCIÓN II

DEL PROGRAMA MONETARIO E INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA MONETARIA

Artículo 26. Programa Monetario e Instrumentos de la Política Monetaria. El Banco Central ejecutará la política monetaria en base al Programa Monetario, tomando en consideración el objeto de la regulación monetaria establecido en el Artículo 2, literal a) de la presente Ley. Dicho Programa contendrá en forma explícita los objetivos y metas que se persigan para el período de que trate, así como las medidas o acciones de política que se estimen necesarias para asegurar su cumplimiento. La Junta Monetaria aprobará el Programa Monetario, a propuesta del Banco Central, dentro de los treinta (30) días después de la promulgación del Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos del año correspondiente a su ejecución y en todo caso no más tarde del 31 de diciembre de cada año. El Programa Monetario se revisará al menos trimestralmente. El Banco Central implementará la política monetaria utilizando los siguientes instrumentos y mecanismos de mercado:

 

a) Operaciones de Mercado Abierto. El Banco Central podrá realizar operaciones de mercado abierto exclusivamente con entidades de intermediación financiera e inversionistas institucionales. Tales operaciones, en cualesquiera de las modalidades habituales de mercado, se realizarán, garantizarán o se colateralizarán solamente con títulos de deuda pública o con títulos emitidos por el Banco Central, cualesquiera que sean sus términos, moneda y condiciones de emisión. El Banco Central podrá emitir valores para implementar las operaciones de mercado abierto, previa autorización de la Junta Monetaria. Cuando el Banco Central realice compra de títulos de deuda pública para sus operaciones de mercado abierto deberá hacerlo exclusivamente en el mercado secundario con títulos emitidos por lo menos un (1) año antes de la operación, a menos que se trate de los referidos en los Artículos 16, literal e) y 82 de esta Ley.

 

b) Encaje Legal. Las entidades de intermediación financiera estarán sujetas al encaje legal, entendiendo por tal la obligación de mantener en el Banco Central o donde determine la Junta Monetaria, un porcentaje de la totalidad de los fondos captados del público en cualquier modalidad o instrumento, sean éstos en moneda nacional o extranjera. La obligación de encaje podrá extenderse reglamentariamente a otras operaciones pasivas, contingentes o de servicios, si así lo considerase la Junta Monetaria. El incumplimiento de la obligación de encaje dará lugar a la sanción correspondiente prevista en el Artículo 67, literal c) de esta Ley.

 

1)               Alcance. La Junta Monetaria determinará la política de encaje legal. En particular, establecerá la composición del encaje según la moneda en que estén denominados los fondos, el porcentaje, la base de cómputo, el período de cómputo, las posiciones con los criterios admisibles de compensación intra-período, eventualmente su remuneración y los límites a la intensidad o a la frecuencia de desencajes. Las entidades de intermediación financiera están obligadas a conservar permanentemente y en forma líquida las reservas de encaje.

 

2) Naturaleza Jurídica. Los fondos depositados en el Banco Central por concepto de encaje son inembargables. A todos los efectos legales los fondos depositados en las cuentas de encaje en el Banco Central constituyen, respecto de la entidad obligada a mantenerlo, un patrimonio separado de afectación destinado exclusivamente a atender la finalidad regulatoria a que responden. Tales fondos estarán también afectos a los pagos por concepto de liquidación del sistema de pagos y a los cargos por concepto de las sanciones que tanto el Banco Central como la Superintendencia de Bancos impongan a la entidad correspondiente.

 

c) Otros Instrumentos y Mecanismos. La Junta Monetaria, con el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de sus miembros, podrá establecer otros instrumentos y mecanismos de política monetaria, siempre y cuando éstos sean indirectos y de mercado.

 

SECCIÓN III

DEL SISTEMA DE PAGOS Y COMPENSACIÓN Y DEL MERCADO INTERBANCARIO

 

Artículo 27. Del Sistema de Pagos y Compensación y del Mercado Interbancario.

 

   a) Sistema de Pagos y Compensación. El sistema de pagos y compensación de cheques y demás medios de pago es un servicio público de titularidad exclusiva del Banco Central. La reglamentación de la organización y el funcionamiento del sistema de pagos y compensación por parte de la Junta Monetaria tendrá como objetivos fundamentales asegurar la inmediación y el buen fin del pago,  pudiendo establecer distintos subsistemas, teniendo como referencia los estándares internacionales en la materia. Todas las entidades de intermediación financiera estarán obligatoriamente adscritas a dicho sistema y no podrán organizarse sistemas multilaterales de compensación y liquidación de medios de pago fuera del previsto en este Artículo. Corresponde al Banco Central actuar como supervisor y liquidador final del sistema de pagos y compensación. La prestación material del servicio podrá ser concedida a entidades privadas, en la forma que determine reglamentariamente la Junta Monetaria. En ningún caso, el Banco Central podrá cubrir una posición negativa de una entidad de intermediación financiera, por transitoria que ésta sea. La Junta Monetaria podrá establecer un régimen de fianza colectiva o de garantías adecuadas para los participantes. Las cuentas de encaje y demás fondos depositados por las entidades de intermediación financiera en el Banco Central, servirán como cuenta corriente para el sistema de compensación y de pagos, conforme lo determine la Junta Monetaria.

 

b) Mercado Interbancario. El Banco Central realizará un adecuado seguimiento a las operaciones del mercado interbancario. Las entidades de intermediación financiera tendrán la obligación de suministrar la información requerida por la Administración Monetaria y Financiera a los fines de garantizar la transparencia del mercado interbancario, en la forma que se determine reglamentariamente.

 

SECCIÓN IV

DEL RÉGIMEN CAMBIARIO Y LA ADMINISTRACIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES

 

Artículo 28. Libre Convertibilidad. El régimen cambiario estará basado en la libre convertibilidad de la moneda nacional con otras divisas. Los agentes económicos podrán realizar transacciones en divisas en las condiciones que libremente pacten de acuerdo con las normas generales sobre contratos. El Banco Central no podrá, en caso alguno, establecer que determinadas operaciones de cambio internacionales deban realizarse exclusivamente con éste o en condiciones que no aseguren libre determinación de precios en el mercado. La Junta Monetaria, con el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de sus miembros, por un plazo preestablecido que no podrá ser mayor de un (1) año, podrá fijar límites temporales a la entrada de capitales de corto plazo en moneda extranjera, de acuerdo a los estándares internacionales y que los mismos sean de forma equitativa, no discriminatoria y de buena fe. El Banco Central publicará con la frecuencia que sea necesaria la tasa de cambio de mercado a efectos contables y legales.

 

Artículo 29. Intermediación Cambiaria. Constituye intermediación cambiaria la compra y venta de divisas de manera habitual, entendiéndose por divisas los billetes y monedas de países extranjeros, cualquiera que sea su denominación o característica, independientemente de los medios de pago utilizados para efectuar dicha compra y venta, incluyendo de manera enunciativa pero no limitativa, las letras de cambio, cheques, órdenes de pago, pagarés, giros y transferencias. La intermediación cambiaria sólo podrá ser realizada por las entidades de intermediación financiera autorizadas y por los Agentes de Cambio.

 

Artículo 30 Agentes de Cambio. Para ser Agente de Cambio es necesario constituirse como compañía por acciones organizada de acuerdo con las Leyes de la República Dominicana, con el objeto social y la actividad habitual exclusiva de efectuar intermediación cambiaria en condiciones de libre mercado en el territorio nacional, así como también en el exterior bajo la modalidad de empresa remesadora. Los Agentes de Cambio deberán contar con la previa autorización de la Junta Monetaria para actuar como tales. A los fines de su régimen de autorización y funcionamiento, los Agentes de Cambio se considerarán entidades sujetas a regulación conforme a esta Ley, debiendo la Junta Monetaria establecer por Reglamento su estatuto, en el cual se determinen las condiciones necesarias para su autorización y funcionamiento.

 

Artículo 31. Administración de las Reservas Internacionales. El Banco Central procurará mantener un nivel adecuado de reservas internacionales, con el objetivo de promover la estabilidad monetaria y la confianza en las políticas macroeconómicas. La administración de dichas reservas se centrará en los criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad, a los fines de preservar  el valor de las mismas dentro del objetivo de la política monetaria.

 

Artículo 32. Operaciones en Moneda Extranjera del Banco Central. El Banco Central en sus operaciones en monedas extranjeras podrá realizar:

 

a)                      Operaciones Propias de la Banca Central. El Banco Central podrá obtener y conceder financiamiento y efectuar las operaciones propias de la naturaleza de banca central, incluyendo aquellas referentes a la colocación de fondos, de conformidad con los convenios y prácticas internacionales, con otros bancos centrales, organismos financieros multilaterales o entidades financieras públicas o privadas localizadas en el exterior. Cuando se trate de operaciones de obtención de financiamiento tendrán que ser aprobadas por el Congreso Nacional exceptuando los intercambios de monedas que se realicen con el Fondo Monetario Internacional.

 

 

b)                      Compra y Venta de Divisas. El Banco Central podrá comprar y vender divisas, valores expresados en moneda extranjera u otros activos, en las condiciones y términos que determine la Junta Monetaria, así como efectuar operaciones de cambio a futuro y cualesquiera otras operaciones propias de los mercados cambiarios, con las entidades financieras localizadas en el exterior y las que se refieren en el Artículo 29 de esta Ley, en condiciones de libre mercado, de acuerdo con la libre convertibilidad y en las modalidades que determine reglamentariamente la Junta Monetaria.

                 

 

c)                      Corresponsalía. El Banco Central podrá actuar como agente o corresponsal de otros bancos centrales y de entidades bancarias y financieras localizadas en el exterior; a la vez que podrá nombrar a tales entidades como sus agentes o corresponsales en el exterior. Asimismo, podrá suscribir acuerdos de cooperación con bancos centrales, asociaciones de bancos centrales u otros entes similares.

 

 

SECCIÓN V

PRESTAMISTA DE ÚLTIMA INSTANCIA

 

Artículo 33. Alcance y Prohibiciones.

 

a) Alcance. La Junta Monetaria reglamentariamente determinará las circunstancias en las que el Banco Central podrá otorgar crédito a las entidades de intermediación financiera con el objeto de atender deficiencias temporales de liquidez que no estén causadas por problemas de solvencia. El monto del crédito podrá ser de hasta una vez y media (1½ veces) el capital pagado de la entidad, y podrá instrumentarse mediante un préstamo garantizado con títulos, depósitos en el Banco Central, o cartera de bajo riesgo, o mediante compra de títulos con pacto de recompra o mediante compra de cartera de bajo riesgo. El valor del colateral no podrá ser inferior a una vez y media (1½ veces) el principal del préstamo. El plazo de dicho crédito podrá ser de hasta treinta (30) días calendario. Reglamentariamente se determinará el número máximo de créditos que podrán otorgarse a una misma entidad y la tasa de interés, la cual tendrá carácter diferenciado en función de los distintos objetivos regulatorios de esta facilidad.

 

b) Prohibiciones. Fuera de los casos previstos en el literal anterior, el Banco Central no podrá conceder financiamiento directa o indirectamente a entidades de intermediación financiera, a otras entidades públicas o privadas, ni a personas físicas, a excepción de los préstamos que pueda otorgar como empleador de conformidad con el correspondiente Reglamento Interno.  Lo dispuesto en este Artículo no impedirá que la Junta Monetaria, como último recurso, con el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de sus miembros, y siempre y cuando se hayan hecho todos los esfuerzos por parte del Gobierno para obtener financiamiento de otras fuentes internas o externas, pueda autorizar al Banco Central a conceder créditos exclusivamente al Gobierno Central a través de préstamos o de la adquisición de bonos, valores o documentos representativos de deuda. Para que pueda ser posible este financiamiento al Gobierno, se deberán cumplir con cada una de las siguientes condiciones:

 

1) Que el Congreso Nacional por Ley, declare al país en situación de emergencia por motivos relacionados con la seguridad del Estado o catástrofes derivadas de los fenómenos de la naturaleza.

 

2) Que dicho financiamiento sea a través de una o varias instituciones de intermediación financiera.

 

3) Que la tasa de interés de la transacción no sea inferior a la del mercado.

 

4) Que el monto otorgado no exceda del dos por ciento (2%) del promedio de los ingresos corrientes del Gobierno Central en los tres (3) años calendario anteriores y, en caso de haber deuda pendiente, que el monto total no exceda del tres por ciento (3%) del ingreso corriente promedio del Gobierno Central de los últimos tres (3) años, excluyendo los valores a que se hace referencia en el Artículo 16, literal e) y en el Artículo 82 de esta Ley.

 

TITULO III

DE LA REGULACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

 

SECCIÓN I

DE LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

 

Artículo 34. Tipos de Entidades de Intermediación Financiera. Las entidades que realicen intermediación financiera podrán ser de naturaleza privada o pública. A su vez, las entidades privadas podrán ser de carácter accionario o no accionario. Se considerarán para los fines de esta Ley como entidades accionarias, los Bancos Múltiples y Entidades de Crédito, pudiendo ser estas últimas, Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito. Asimismo, se considerarán entidades no accionarias, las Asociaciones de Ahorros y Préstamos y las Cooperativas de Ahorro y Crédito que realicen intermediación financiera. Los bancos constituidos con arreglo a la legislación de otros países, que quieran realizar intermediación financiera en el territorio nacional se sujetarán a lo dispuesto en el Artículo 39 de esta Ley.

 

Artículo 35. Régimen Jurídico. Los Bancos Múltiples y Entidades de Crédito que se constituyan y funcionen de acuerdo a las disposiciones de esta Ley serán regidas por las disposiciones de este Título III, en tanto que las Entidades Públicas de Intermediación Financiera,  las Asociaciones de Ahorros y Préstamos y las Cooperativas de Ahorro y Crédito que estén autorizados a realizar intermediación financiera estarán sujetas a las disposiciones del Título IV de esta Ley, así como a las SECCIÓN es V, VI, VII, VIII y IX de este Título III, en la forma que reglamentariamente se determine. Las entidades de intermediación financiera, según corresponda conforme a su naturaleza y los Reglamentos de desarrollo de la presente Ley, quedarán sometidas a las siguientes disposiciones en cuanto a inicio y cese de operaciones:

 

a) Autorización Previa. Para actuar como entidad de intermediación financiera, deberá obtenerse la autorización previa de la Junta Monetaria, que sólo podrá ser denegada por razones de legalidad y no de oportunidad. La autorización caducará si al transcurrir seis (6) meses de haberse otorgado, la entidad no ha iniciado sus operaciones. También es obligatorio obtener la correspondiente autorización previa de la Junta Monetaria, en los casos de fusión, absorción, conversión de un tipo de entidad a otra, segregación, escisión, venta de acciones de otras entidades que representen un porcentaje mayor o igual al treinta por ciento (30%) del capital pagado, traspasos de la totalidad o parte sustancial de los activos y pasivos, así como apertura de sucursales y agencias de bancos locales en el extranjero y oficinas de representación de entidades financieras extranjeras en el territorio nacional. En cada caso se requerirá la opinión previa de la Superintendencia de Bancos. La apertura de sucursales y agencias en el territorio nacional, así como su traslado y cierre, requerirá autorización previa de la Superintendencia de Bancos.

 

b) Limitaciones Operativas Iniciales. La Junta Monetaria podrá establecer limitaciones operativas a las entidades de nueva creación, en lo referente a la apertura de sucursales, gastos máximos de organización, dividendos y demás aspectos que permitan procurar la prudencia en la expansión inicial de la entidad. Tales limitaciones no podrán exceder el plazo de cinco (5) años desde el otorgamiento de la autorización, y éstas en ningún caso podrán referirse a las tasas de interés, comisiones y recargos que serán las que libremente se pacten, sin más limitaciones que las derivadas de las normas generales de contratación y de las reglas de transparencia y protección al consumidor previstas en esta Ley.

 

c) Extinción. Las entidades de intermediación financiera serán de duración ilimitada y no podrán cesar sus operaciones sin autorización previa de la Junta Monetaria. Su disolución deberá realizarse de conformidad con el procedimiento establecido en la Sección VIII de este Título. Las disposiciones relativas a la quiebra de las compañías por acciones sólo serán aplicables respecto al balance residual a que se refiere la Sección VIII de este Título. La disolución de las entidades de intermediación financiera de carácter no accionario se regirá por sus leyes especiales, por las disposiciones reglamentarias que dicte la Junta Monetaria y por la normativa de Derecho Común que les sean aplicables.

 

SECCIÓN II

DE LOS BANCOS MÚLTIPLES Y DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO

 

Artículo 36. Definiciones. Para los efectos de esta Ley se entenderán por entidades de intermediación financiera de estructura accionaria, los tipos siguientes:

 

a) Bancos Múltiples. Los Bancos Múltiples son aquellas entidades que pueden captar depósitos del público de inmediata exigibilidad, a la vista o en cuenta corriente, y realizar todo tipo de operaciones incluidas dentro del catálogo general de actividades establecido en el Artículo 40 de esta Ley.

 

b) Entidades de Crédito. Las Entidades de Crédito son aquellas cuyas captaciones se  realizan mediante depósitos de ahorro y a plazo, sujetos a las disposiciones de la Junta Monetaria y a las condiciones pactadas entre las partes. En ningún caso dichas entidades podrán captar depósitos a la vista o en cuenta corriente. Las Entidades de Crédito se dividirán en dos (2) categorías: Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito y podrán realizar las operaciones incluidas en los Artículos 42 y 43 de esta Ley. Las Entidades de Crédito se regirán por las siguientes disposiciones:

 

1)               La Junta Monetaria podrá establecer determinadas diferenciaciones normativas entre los dos (2) tipos de Entidades de Crédito establecidas en esta Ley, las cuales  se ponderarán reglamentariamente, siempre y cuando se eviten situaciones de desequilibrio normativo que den lugar a ventajas comparativas, de manera que las diferencias entre capitales pagados mínimos en cada caso, guarden relación con el número y tipo de operaciones autorizables, así como con los riesgos permisibles.

 

2)               El régimen regulatorio diferenciado que establezca la Junta Monetaria para las Entidades de Crédito entre sí, se refiere exclusivamente a las normas estipuladas en la Sección IV de este Título y a la política de inversión, y en ningún caso podrá suponer una menor rigurosidad relativa de  requerimientos que los que establece esta Ley para los Bancos Múltiples.

 

Artículo 37. Requisitos de Autorización. La autorización para que los Bancos Múltiples y Entidades de Crédito puedan iniciar operaciones requerirá la presentación a la Junta Monetaria de una opinión de la Superintendencia de Bancos, sobre la base de la documentación presentada por la entidad solicitante, en la que se verifique:

 

a) Que el patrimonio consolidado de los accionistas solicitantes sea igual o superior al monto del capital mínimo requerido para la constitución de la institución.

 

b) Que los socios fundadores demuestren una experiencia previa en materia financiera. En todo caso deberán conformar un equipo de directivos y funcionarios experimentados en el manejo de las diferentes áreas de una institución financiera. Para estos efectos, durante los primeros tres (3) años de operación de dicha entidad, deberán presentar semestralmente el currículo de las personas que ocupan los cargos ejecutivos y gerenciales para conocimiento y evaluación de la Superintendencia de Bancos. Con posterioridad a dichos primeros tres (3) años deberán presentar el currículo de las personas que pasen a ocupar los puestos ejecutivos y gerenciales de la entidad cada vez que se produzcan cambios.

 

c) Que no existan en los estatutos y documentos constitutivos requeridos, pactos y estipulaciones ilegales, abusivos o que de cualquier forma lesionen gravemente los derechos de los accionistas minoritarios o contengan limitaciones excesivas sobre el control de decisión. Cualquier modificación posterior de los estatutos deberá ser autorizada previamente por la Superintendencia de Bancos.

 

d) Que hayan cumplido íntegramente con los requisitos establecidos en esta Ley, así como cualesquiera otros previstos en la legislación general que le competan o en las reglamentaciones de la Junta Monetaria.

 

Artículo 38. Normas Societarias. 

 

a) Forma de Sociedad. Los Bancos Múltiples y las Entidades de Crédito se constituirán necesariamente en forma de compañías por acciones que se regirán por las disposiciones de esta Ley y sus Reglamentos. Las disposiciones del Código de Comercio en materia de compañías por acciones, para los efectos de esta Ley, sólo serán aplicables en lo que no esté expresamente dispuesto en la misma.

 

b) Objeto y Denominación. Los Bancos Múltiples y las Entidades de Crédito tendrán un objeto social exclusivo destinado a la realización de actividades de intermediación financiera, conforme a lo estipulado en esta Ley y su razón social incluirá la denominación “Banco Múltiple” o la correspondiente a las Entidades de Crédito, es decir, “Bancos de Ahorro y Crédito” y “Corporaciones de Crédito”, según sea el caso. Ninguna otra entidad o persona física podrá utilizar dichas denominaciones en su razón social o nombre comercial, las cuales están reservadas por Ley respectivamente a los Bancos Múltiples y las Entidades de Crédito. El objeto social exclusivo coincidirá, necesariamente, con el alcance que para cada caso le confieren esta Ley y la autorización otorgada por la Junta Monetaria. La Superintendencia de Bancos llevará el registro de estas entidades y de sus estatutos. Las mismas no podrán utilizar en su razón social término alguno que induzca a considerarlas como entidades que gozan de garantía estatal o pública.

 

c) Capital Pagado Mínimo. Los Bancos Múltiples y Entidades de Crédito tendrán un capital pagado mínimo determinado reglamentariamente por la Junta Monetaria, que nunca podrá ser inferior a noventa millones de pesos (RD$90,000,000.00) en el caso de los Bancos Múltiples; a dieciocho millones de pesos (RD$18,000,000.00) para los Bancos de Ahorro y Crédito; y a cinco millones de pesos (RD$5,000,000.00) para las Corporaciones de Crédito más el índice de inflación de cada año. El capital pagado mínimo será igual para las entidades del mismo tipo y estará representado por acciones comunes nominativas, entendiendo que todas las acciones tendrán los mismos derechos sociales y económicos. La Junta Monetaria podrá permitir acciones preferidas como parte del capital pagado de estas entidades, en cuyo caso establecerá reglamentariamente las características del instrumento, condiciones y límites para su emisión. Las acciones preferidas no podrán en ningún caso otorgar a su tenedor mayor derecho al voto que las comunes, ni percibir dividendos anticipadamente o con independencia del resultado del ejercicio.

El capital pagado será enteramente suscrito y pagado en numerario. Para fines de apertura de una nueva entidad deberá presentarse ante la Superintendencia de Bancos, la documentación que acredite la realidad y procedencia del monto aportado, el cual deberá depositarse, transitoriamente, en el Banco Central para la ejecución del plan de inversiones inicial. Tales recursos podrán disponerse para costear la adquisición de sus activos fijos y los gastos necesarios de instalación e inicio de operaciones. Los estatutos podrán requerir una tenencia mínima de acciones para poder votar en la Junta General de Accionistas, que no podrá ser superior al punto cero uno por ciento (0.01%) del capital social mínimo. Las estipulaciones sobre tenencias mínimas no podrán limitar acuerdos entre accionistas para alcanzar los mismos. No se podrá reducir el capital pagado sin la previa autorización de la Superintendencia de Bancos, sin perjuicio del capital mínimo. El pago de dividendos estará sujeto al cumplimiento de determinados requisitos que serán establecidos reglamentariamente. 

 

d) Límites a la Condición de Accionistas. No podrán ser accionistas de las entidades de intermediación financiera definidas en esta Sección, con participación significativa por sí ni por persona física o jurídica interpuesta, aquellos a quienes les sean aplicables las inhabilidades establecidas en el literal f) de este Artículo. Las adquisiciones de acciones vulnerando lo dispuesto en este párrafo serán nulas y se procederá a la enajenación de las mismas por parte de la entidad financiera en un plazo no superior a quince (15) días desde la compra.

 

e) Participaciones Significativas. La adquisición de acciones representativas de más de un tres por ciento (3%) del capital pagado, o la realización de operaciones que directa o indirectamente determinen el control de más de un tres por ciento (3%) del capital pagado de los Bancos Múltiples y las Entidades de Crédito deberán ser comunicadas a la Superintendencia de Bancos. Tales entidades deberán llevar un libro registro de accionistas para conocer en todo momento la exacta composición accionaria de las mismas, con base al procedimiento que se determine reglamentariamente.

 

f) Administración. El Consejo de Directores o de Administración estará compuesto por un mínimo de cinco (5) personas físicas. El Consejo de Administración deberá tener estatutariamente todas las facultades de administración y representación de la entidad de intermediación financiera, sin perjuicio de las delegaciones que pueda realizar. No podrán ser miembros del Consejo de Administración, ni ejercer funciones de administración o control quienes se encuentren prestando servicios a la Administración Monetaria y Financiera, los que fueron directores o administradores de una entidad de intermediación financiera, nacional o extranjera, durante los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha en que a la entidad le haya sido revocada la autorización para operar por sanción o haya incumplido de manera reiterada normas regulatorias y planes de recuperación o haya sido sometida a un procedimiento de disolución o liquidación forzosa, o declarada en quiebra o bancarrota o incurriera en procedimientos de similar naturaleza; los que hubiesen sido sancionados por infracción muy grave de las normas vigentes con la separación del cargo e inhabilitación para desempeñarlo; los sancionados por infracción de las normas reguladoras del mercado de valores; los insolventes; los que hayan sido miembros del consejo directivo de una entidad previo a una operación de salvamento por parte del Estado; los condenados por delitos de naturaleza económica o por lavado de activos, y los que sean legalmente incapaces o hayan sido objeto de remoción de sus cargos en la Administración Monetaria y Financiera en los supuestos previstos en los Artículos 11, 17 y 21 de esta Ley.  Por lo menos un cuarenta por ciento (40%) de los miembros del Consejo de Directores o de Administración deberán ser profesionales con experiencia en el área financiera o personas de acreditada experiencia en materia económica, financiera o empresarial. La Superintendencia de Bancos organizará un Registro de miembros de Consejos de Administración y altos directivos de estas entidades.

 

Artículo 39. Participación de la Inversión Extranjera en la Intermediación Financiera y Oficinas de Representación. La Junta Monetaria determinará por vía de Reglamento los requisitos y condiciones para que bancos y otras entidades financieras constituidos con arreglo a la legislación de otros países, y para que personas físicas y jurídicas radicadas en el exterior, puedan participar en actividades de intermediación financiera en el territorio nacional, al igual que los requisitos y condiciones que regirán la apertura de oficinas de representación de bancos extranjeros, atendiendo a las disposiciones siguientes:

 

a) Participación de la Inversión Extranjera. La participación de la inversión extranjera en la actividad de intermediación financiera nacional podrá realizarse bajo cuatro modalidades:

 

1)               Mediante la adquisición de acciones de Bancos Múltiples y Entidades de Crédito existentes, por parte de bancos y otras entidades financieras, así como por personas físicas.

 

2) Mediante la constitución de entidades de intermediación financiera de carácter accionario, conforme a las disposiciones de esta Ley.

 

3)      Bajo la modalidad de filial, mediante el establecimiento de Bancos Múltiples y Entidades de Crédito propiedad de bancos y otras entidades financieras.

 

4) Mediante el establecimiento de sucursales de bancos constituidos con arreglo a la legislación de otros países.

 

Compete a la Junta Monetaria autorizar lo indicado en el numeral 1) del presente Artículo cuando dicha adquisición supere el treinta (30%) del capital pagado de la entidad de que se trate. De igual modo, es facultad de la Junta Monetaria autorizar las actividades referidas en los numerales 3) y 4) siempre que se asegure la adecuada coordinación e intercambio de información con las autoridades supervisoras del país de origen. Una vez autorizadas estas entidades conforme a lo establecido en el Artículo 35, literal a) de esta Ley, quedarán sujetas a las mismas normas y requerimientos que las entidades nacionales.

 

b) Oficinas de Representación. Los bancos extranjeros no domiciliados en el territorio nacional podrán establecer oficinas de representación en la República Dominicana, conforme se determine reglamentariamente. En ningún caso, las oficinas de representación podrán realizar actividades de intermediación financiera.

 

SECCIÓN III

DE LAS OPERACIONES DE LOS BANCOS MÚLTIPLES Y ENTIDADES DE CRÉDITO

  

Artículo 40. Operaciones y Servicios de los Bancos Múltiples. Los Bancos Múltiples podrán realizar las siguientes operaciones y servicios:

 

a)    Recibir depósitos a la vista en moneda nacional y depósitos de ahorro y a plazo en moneda nacional y extranjera.

 

b)    Emitir títulos-valores.

 

c)    Recibir préstamos de instituciones financieras.

 

d)    Emitir letras, órdenes de pago, giro contra sus propias oficinas o corresponsales, y efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos.

 

e)    Conceder préstamos en moneda nacional y extranjera, con o sin garantías reales, y conceder líneas de crédito.

 

f)      Descontar letras de cambio, libranzas, pagarés y otros documentos comerciales que representen medios de pago.

 

g)    Adquirir, ceder o transferir efectos de comercio, títulos-valores y otros instrumentos representativos de obligaciones, así como celebrar contratos de retroventa sobre los mismos, conforme lo determine reglamentariamente la Junta Monetaria.

 

h)    Emitir tarjetas de crédito, débito y cargo conforme a las disposiciones legales que rijan en la materia.

 

i)       Aceptar, emitir, negociar y confirmar cartas de crédito.

 

j)       Asumir obligaciones pecuniarias, otorgar avales y fianzas en garantía del cumplimiento de obligaciones determinadas de sus clientes.

 

k)     Aceptar letras giradas a plazo que provengan de operaciones de comercio de bienes o servicios.

 

l)       Realizar contratos de derivados de cualquier modalidad.

 

m) Realizar operaciones de compra-venta de divisas.

 

n)    Establecer servicios de corresponsalía con bancos en el exterior.

 

o)    Recibir valores y efectos en custodia y ofrecer el servicio de cajas de seguridad.

 

p)    Realizar operaciones de arrendamiento financiero, descuento de facturas, administración de cajeros automáticos.

 

q)    Asegurar los préstamos hipotecarios a la vivienda con el Seguro de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA) que expide el Banco Nacional de la Vivienda o su continuador jurídico, conforme lo determine reglamentariamente la Junta Monetaria.

 

r)      Servir como originador o titularizador de carteras de tarjetas de crédito y préstamos   hipotecarios en proceso de titularización.

 

s)    Fungir como administrador de cartera titularizada por cuenta de emisores de títulos de origen nacional.

 

t)       Servir de agente financiero de terceros.

 

u)    Proveer servicios de asesoría a proyectos de inversión.

 

v)     Otorgar asistencia técnica para estudios de factibilidad económica, administrativa, y de organización y administración de empresas.

 

w)   Realizar otras operaciones y servicios que demanden las nuevas prácticas bancarias en la forma que reglamentariamente se determine. La Junta Monetaria gozará de potestad reglamentaria interpretativa para determinar la naturaleza de nuevos instrumentos u operaciones que surjan como consecuencia de nuevas prácticas y que puedan ser realizados por los Bancos Múltiples.

 

Artículo 41. Inversiones de los Bancos Múltiples.

 

a) Entidades de Apoyo y de Servicios Conexos. Los Bancos Múltiples podrán invertir hasta el veinte por ciento (20%) de su capital pagado sujeto a lo estipulado en el Artículo 46, literal a) de esta Ley, en entidades de apoyo y de servicios conexos. Se considerarán entidades de apoyo aquellas que se dediquen exclusivamente a realizar actividades de cobro, descuento de facturas, arrendamiento financiero, administradoras de cajeros automáticos, afiliación y procesamiento de tarjeta de crédito, agentes de cambio, procesamiento electrónico de datos, centros de información crediticia, y demás servicios análogos. Se considerarán como entidades de servicios conexos las administradoras de fondos mutuos y los puestos de bolsa. La Junta Monetaria determinará cuáles otras entidades se considerarán de apoyo bancario o de servicios conexos. Estas entidades no podrán financiarse en modo alguno mediante la captación de depósitos del público.

 

La Superintendencia de Bancos llevará un registro de las entidades de apoyo o de servicios conexos, con cuanta información resulte necesaria para conocer sus riesgos y posibles vinculaciones económicas con entidades financieras. Estas entidades sólo quedarán sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Bancos en los supuestos en que proceda la supervisión en base consolidada de acuerdo al Artículo 58 de la presente Ley. Dicha supervisión tendrá como único objeto conocer la realidad patrimonial de la entidad de intermediación financiera accionaria de que se trate, en la medida que sea necesaria para conocer los requerimientos de capital en base consolidada, en la forma que reglamentariamente se determine.

 

b) Empresas No Financieras. Los Bancos Múltiples podrán invertir en el capital de empresas no financieras hasta un diez por ciento (10%) de su capital pagado, siempre y cuando dicha inversión no constituya propiedad de más del diez por ciento (10%) del capital pagado de cada empresa no financiera en la cual se realice la inversión.

 

c) Entidades Financieras en el Exterior. Los Bancos Múltiples podrán invertir hasta el veinte por ciento (20%) de su capital pagado, sujeto a lo estipulado en el Artículo 46 literal a), en la apertura de sucursales, agencias u oficinas de representación en el exterior, así como efectuar inversiones en acciones en entidades financieras del exterior. La Junta Monetaria, con el voto favorable de las tres cuartas (3/4) partes de sus miembros y transcurridos dos (2) años desde la publicación de esta Ley, podrá modificar los límites prudenciales que se establecen en este Artículo.

 

 

Artículo 42. Operaciones de los Bancos de Ahorro y Crédito. Los Bancos de Ahorro y Crédito sólo podrán realizar las siguientes operaciones:

 

a)    Recibir depósitos de ahorro y a plazo, en moneda nacional.

 

b)   Recibir préstamos de instituciones financieras.

 

c)    Conceder préstamos en moneda nacional, con o sin garantía real, y conceder líneas de crédito.

 

d)   Emitir títulos-valores.

 

e)   Descontar letras de cambio, libranzas, pagarés y otros documentos comerciales que representen medios de pago.

 

f)      Adquirir, ceder o transferir efectos de comercio, títulos-valores y otros instrumentos representativos de obligaciones, así como celebrar contratos de retroventa sobre los mismos.

 

g)   Emitir tarjetas de crédito, débito y cargo conforme a las disposiciones legales que rijan en la materia.

 

h)    Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos.

 

i)       Aceptar letras giradas a plazo que provengan de operaciones de comercio de bienes o servicios en moneda nacional.

 

j)       Realizar contratos de derivados de cualquier modalidad, en moneda nacional.

 

k)    Servir de agente financiero de terceros.

 

l)       Recibir valores y efectos en custodia y ofrecer el servicio de cajas de seguridad.

 

m) Realizar operaciones de arrendamiento financiero, descuento de facturas, administración de cajeros automáticos.

 

n)    Asumir obligaciones pecuniarias, otorgar avales y fianzas en garantía del cumplimiento de obligaciones determinadas de sus clientes, en moneda nacional.

 

o)   Proveer servicios de asesoría a proyectos de inversión.

 

p)   Otorgar asistencia técnica para estudios de factibilidad económica, administrativa, y de organización y administración de empresas.

 

q)   Realizar operaciones de compra-venta de divisas.

 

r)      Contraer obligaciones en el exterior y conceder préstamos en moneda extranjera, previa autorización de la Junta Monetaria.

 

s)    Asegurar los préstamos hipotecarios a la vivienda con el Seguro de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA)  que expide el Banco Nacional de la Vivienda o su continuador jurídico, conforme lo determine reglamentariamente la Junta Monetaria.

 

t)      Servir como originador o titularizador de carteras de tarjetas de crédito y préstamos   hipotecarios en proceso de titularización.

 

u)    Fungir como administrador de cartera titularizada por cuenta de emisores de títulos de origen nacional.

 

v)    Realizar otras operaciones y servicios que demanden las nuevas prácticas bancarias en la forma que reglamentariamente se determine. La Junta Monetaria gozará de potestad reglamentaria interpretativa para determinar la naturaleza de nuevos instrumentos u operaciones que surjan como consecuencia de nuevas prácticas y que puedan ser realizados por los Bancos de Ahorro y Crédito.

 

Artículo 43. Operaciones de las Corporaciones de Crédito.

 

a)    Recibir depósitos a plazo en moneda nacional;

 

b)   Descontar pagarés, libranzas, letras de cambio y otros documentos que representen obligaciones de pago en moneda nacional;

 

c)    Recibir préstamos de instituciones financieras, en moneda nacional;

 

d)   Conceder préstamos en moneda nacional sin garantías, con garantía hipotecaria, prendaria o personal solidaria;

 

e)   Conceder préstamos en moneda nacional con garantía de certificados de depósitos a plazo o de otros títulos financieros;

 

f)      Realizar cesiones de crédito en moneda nacional;

 

g)   Asegurar los préstamos hipotecarios a la vivienda con el Seguro de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA) que expide el Banco Nacional de la Vivienda o su continuador jurídico, conforme lo determine reglamentariamente la Junta Monetaria.

 

h)    Realizar operaciones de compra-venta de divisas.

 

i)       Realizar otras operaciones y servicios que demanden las nuevas prácticas bancarias en la forma que reglamentariamente se determine. La Junta Monetaria gozará de potestad reglamentaria interpretativa para determinar la naturaleza de nuevos instrumentos u operaciones que surjan como consecuencia de nuevas prácticas y que puedan ser realizados por las Corporaciones de Crédito.

 

Artículo 44. Operaciones Sometidas a Autorización Previa. Los Bancos Múltiples y los Bancos de Ahorro y Crédito necesitarán de la previa autorización de la Superintendencia de Bancos, con sujeción en todo caso a lo dispuesto en este Título, para realizar las operaciones siguientes:

 

a)    Vender cartera de crédito y bienes cuyo valor supere el diez por ciento (10%) del capital pagado de la entidad de que se trate, excluyendo los bienes recibidos en recuperación de créditos y las inversiones en valores.

 

b)   Participar en procesos de titularización como originador, titularizador o administrador, o adquirir títulos-valores provenientes de la titularización de cartera o activos bancarios.

 

c) Participar en el capital de las entidades de apoyo y de servicios conexos y en el capital de entidades financieras del exterior, así como para abrir oficinas de representación en el exterior, en el caso de los bancos múltiples.

Ley 183-02 Código Monetario y Financiero, Segunda Parte


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