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LEY No. 19-00 QUE REGULA EL MERCADO DE VALORES EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

 

EL CONGRESO NACIONAL

EN NOMBRE DE LA REPUBLICA

 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY

 

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I

DEL OBJETO Y ÁMBITO DE LA LEY

Art. 1.- La presente ley tiene por objeto promover y regular el mercado de valores, procurando un mercado organizado, eficiente y transparente, que contribuya con el desarrollo económico y social del país. El mercado de valores comprende la oferta y demanda de valores representativos de capital, de crédito, de deuda y de productos. Asimismo, incluye los instrumentos derivados, ya sean sobre valores o productos.

El ámbito de aplicación de esta ley abarca la oferta pública de valores, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, sus emisores, las bolsas de productos, los participantes en el mercado de valores, definidos en el Título III de la presente ley, así corno toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, que participe en el mercado de valores. Asimismo, estará sujeta a las disposiciones de esta ley y su reglamento, cualquier actividad relacionada con la oferta pública de valores.

PÁRRAFO.- Serán consideradas obligaciones desde la República Dominicana al exterior y desde el exterior a la República Dominicana, las ofertas públicas de valores denominadas en moneda extranjera, debidamente registradas en la Superintendencia de Valores, creada al amparo de la presente ley, dándose por cumplido el requisito establecido en el literal a) artículo 2 de la Ley Monetaria No. 1528, de fecha 9 de octubre de 1947 y sus modificaciones. Por tanto, los pagos correspondientes podrán ser realizados en la moneda consignada en el título.

Art.  2.- Para los fines de esta ley. se entenderá por valor el derecho o el conjunto de derechos de contenido esencialmente económico, negociable en el mercado de valores, incluyendo acciones, bonos, certificados, obligaciones, letras, títulos representativos de productos e instrumentos resultantes de operaciones de titularización. Asimismo, incluye contratos de negociación a futuro y opciones de compra-venta sobre valores y productos, y otros títulos mobiliarios de cualquier naturaleza.

Art.  3.- Para los fines de esta ley, se entenderá por mercado primario, las operaciones que envuelven la colocación inicial de emisiones de valores, mediante las cuales los emisores obtienen financiamiento para sus actividades.

Por otro lado, se entenderá por mercado secundario, las operaciones que envuelven la transferencia de valores que previamente fueron colocados a través del mercado primario, con el objetivo de propiciar liquidez a los tenedores de valores.

CAPITULO II

DE LA OFERTA PUBLICA DE VALORES

Art.  4.- Se entenderá por oferta pública de valores la que se dirige al público en general o a sectores específicos de éste, a través de cualquier medio de comunicación masivo, para que adquieran, enajenen o negocien instrumentos de cualquier naturaleza en el mercado de valores. Las transacciones de valores que no se ajusten a esta definición, tendrán el carácter de privadas y no estarán sujetas a las disposiciones de esta ley.

PÁRRAFO I.- La Superintendencia de Valores decidirá, en caso de duda, si ciertos tipos de oferta constituyen oferta publica, de acuerdo con lo establecido en la presente ley y su reglamento.

PÁRRAFO II.- La venta de acciones por aumento de capital, así como por capitalización de dividendos realizada a los accionistas de una empresa, en base al derecho de prelación contemplado en las disposiciones estatutarias de la misma, no se considerará como oferta pública.

Art.  5.- Toda oferta pública de valores deberá ser aprobada previamente por la Superintendencia de Valores, de acuerdo con las normas establecidas en la presente ley y su reglamento. Las ofertas públicas de valores en el mercado secundario deberán ser negociadas a través de los intermediarios de valores registrados en la Superintendencia de Valores. Las emisiones primarias deberán negociarse directamente por sus emisores o en la bolsa a través de los intermediarios de valores.

PÁRRAFO I.- La aprobación de la oferta pública estará limitada a verificar que la solicitad cumpla con los requisitos de información dispuestos en esta ley y su reglamento, una vez aprobada la oferta pública de valores, se procederá a inscribir dichos valores y a su emisor en el registro del mercado de valores y de productos, que se establecerá para estos fines en la Superintendencia de Valores.

PÁRRAFO II.- La aprobación de la oferta pública, así como su registro, no implicará garantía alguna por parte de la Superintendencia de Valores, sobre la calidad de los valores a emitirse y de sus emisores.

Art.  6.- La solicitud de aprobación para una oferta pública de valores deberá estar acompañada de un prospecto que contenga, entre otras cosas, información económico-financiera de por lo menos los tres (3) años de operaciones de la empresa previos a la solicitud, así como documentación legal de la misma, características de los valores y la calificación de riesgo de los valores a ofertarse, si procediere, en base a los términos establecidos en esta ley y su reglamento.

PÁRRAFO I.- Las ofertas públicas de valores de las empresas que no cumplan con el periodo de operación anteriormente señalado, deberán ser registradas por la Superintendencia de Valores y reguladas especialmente en el reglamento de la presente ley, como emisión de riesgo y sólo podrán ser transadas en sesiones especiales de la bolsa, advirtiendo al público inversionista del carácter de riesgo e incertidumbre de las mismas.

PÁRRAFO II.- Queda entendido que las empresas resultantes de la fusión de dos (2) o más compañías con tres (3) años o más de operaciones, cumplen con el prerrequisito de tiempo mínimo de operaciones, pudiendo realizar ofertas públicas de valores.

PÁRRAFO III.- La Superintendencia de Valores deberá resolver la solicitud de autorización para realizar ofertas públicas dentro de un plazo de treinta (30) días, a partir de su presentación. Este plazo se suspenderá si la Superintendencia de Valores, mediante comunicación escrita, requiere al solicitante que modifique o complemente su solicitud, o que proporcione más informaciones, y sólo se reanudará cuando se haya cumplido con dicho trámite. En caso de que la Superintendencia de Valores no cumpliese con el plazo señalado, el solicitante podrá notificar el incumplimiento de éste al Presidente del Consejo Nacional de Valores, creado mediante la presente ley.

Art. 7.- La oferta pública de valores emitidos por personas jurídicas nacionales realizadas fuera del territorio nacional, deberá contar con la aprobación previa de la Superintendencia de Valores, correspondiendo al emisor o al intermediario obtener la autorización en el país donde se van a negociar dichos valores.

Art.  8.- En el caso de los valores emitidos por personas jurídicas extranjeras y negociados en la República Dominicana por un intermediario de valores, dicho intermediario deberá presentar a la Superintendencia de Valores la certificación de registro del organismo regulador del mercado de valores del país de origen del valor.

PÁRRAFO.- Las personas jurídicas extranjeras que hagan oferta pública de valores en la República Dominicana en el mercado primario, deberán establecer domicilio social en el país, el cual deberá ser comprobado por la Superintendencia de Valores.

Art.  9.- Las emisiones de valores realizadas por el Gobierno Central y por el Banco Central de la República Dominicana, no requerirán aprobación de la Superintendencia de Valores, sin embargo, deberán presentar informaciones sobre los valores emitidos, para fines de inscripción en el registro del mercado de valores y de productos. Esta disposición también aplica a los valores negociados en el país, emitidos por organismos multilaterales de los cuales la República Dominicana sea miembro. También estarán sujetos a este tratamiento, los valores emitidos por los gobiernos centrales y bancos centrales extranjeros, negociados en la República Dominicana bajo condiciones de reciprocidad, requiriéndose la calificación riesgo-país correspondiente y la certificación de autenticidad de los títulos objetos de negociación.

CAPITULO III

DE LA INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

Art.  10.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por información privilegiada el conocimiento de actos, hechos o acontecimientos capaces de influir en los precios de los valores objeto de oferta pública, mientras tal información no se haya hecho de conocimiento público.

Art.  11.- Las personas que dispongan de información privilegiada deberán abstenerse de efectuar operaciones, en beneficio propio o de terceros, con cualquier clase de valores cuyo precio pueda ser influido por dicha información, basta tanto la misma sea de conocimiento público.

Art.   12.- Se presume que tienen acceso a información privilegiada las personas siguientes:

a)      Los miembros del consejo, directores, administradores y asesores de los emisores institucionales, sus casas matrices, sus filiales y sus intermediarios de valores;

b)      Los dependientes que trabajen, bajo la dirección de los miembros del consejo, directores, funcionarios, gerentes, administradores y asesores de las personas jurídicas señaladas en el literal que antecede;

c)       Los socios, administradores, miembros de los consejos y empleados de las calificadoras de riesgo, que califiquen valores de los emisores o a estos últimos, así como los auditores que realicen auditorias a los emisores o a los inversionistas institucionales;

d)      Los funcionarios y empleados públicos y privados dependientes de las instituciones que regulen y/o fiscalicen y/o liquiden a los participantes del mercado de valores, así como los miembros del Consejo Nacional de Valores;

e)       Los funcionarios y empleados del Banco Central de la República Dominicana;

f)       Los cónyuges y los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad, de las personas señaladas en este Artículo;

g)      Los socios, administradores y empleados de la Cámara de Compen­sación y del Depósito Centralizado de Valores.

PÁRRAFO.- Se considerarán inversionistas institucionales, para los efectos de esta ley, las instituciones financieras, incluyendo las compañías de seguros y reaseguros, así como toda persona jurídica que reciba recursos de terceros, principalmente para fines de inversión a través del mercado de valores.

Art.  13.- Las personas señaladas en el Artículo que antecede de la presente ley, así como las personas que por razón de su cargo o su vinculación hayan tenido acceso a información privilegiada, estarán obligadas a dar cumplimiento a las disposiciones de este capítulo, aunque hayan cesado sus funciones en el cargo o concluida su vinculación.

PÁRRAFO:         Quien cometiere una infracción por lo prescrito en este Artículo deberá pagar una multa de cien mil pesos dominicanos (RD$100,000.00), a  un millón de pesos dominicanos (RD$1,000,000.00). o con prisión correccional de seis (6) meses a un (1) año, o ambas penas a la vez.

CAPITULO IV

OTRAS DISPOSICIONES

Art.  14.- Para mantener actualizados los montos absolutos previstos en la presente ley, como son los correspondientes a las sanciones y a los capitales mínimos, la Superintendencia de Valores deberá, por lo menos cada tres años, realizar los ajustes por inflación. si procediere, en base a las informaciones suministradas por el Banco Central de la República Dominicana y previa aprobación del Consejo Nacional de Valores.

Art.  15.- La información financiera anual que proporcionen los emisores de valores a la Superintendencia de Valores y a las bolsas, deberá estar auditada por auditores externos inscritos en el Registro del Mercado de Valores y de Productos, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el reglamento de esta ley.

Art.  16.- La realización de transacciones en valores con el objeto de estabilizar, fijar o hacer variar artificialmente los precios; efectuar cotizaciones o transacciones ficticias respecto de cualquier valor en el mercado de valores, así como inducir o intentar inducir a la compra o venta de valores, por medio de cualquier acto, práctica, mecanismo o artificio engañoso o fraudulento, serán sancionadas según lo dispuesto en la presente ley.

PÁRRAFO.- Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, podrán efectuarse actividades de estabilización de precios de valores, de acuerdo con las reglas de carácter general que al efecto dicte la Superintendencia de Valores, únicamente para realizar una oferta pública de valores de nueva emisión o de valores anteriormente emitidos, que no habían sido objeto de oferta pública.

Art.  17.- En todas las disposiciones de la presente ley donde se haga mención de la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros, se incluirá cualquier otra entidad supervisora y/o reguladora que surgiere, que esté relacionada con el objeto y ámbito de esta ley.

TITULO II

DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES

CAPITULO I

CREACIÓN, OBJETO Y FUNCIONES

Art.  18.- Se crea la Superintendencia de Valores como institución autónoma del Estado. Estará investida con personalidad jurídica, patrimonio propio y facultad para contratar y demandar en su propio nombre, así como ser demandada. Los bienes muebles e inmuebles de la Superintendencia de Valores serán inembargables.

La Superintendencia de Valores tendrá una duración indefinida, con domicilio social en la ciudad de Santo Domingo. Distrito Nacional, capital de la República Dominicana.

PÁRRAFO.- La Superintendencia de Valores se relacionará con el Estado a través de la Junta Monetaria, organismo que en todo momento es responsable de establecer las políticas inherentes al mercado financiero, las cuales afectan directamente al segmento del mercado de valores.

Art.  19.- La Superintendencia de Valores tendrá por objeto promover, regular y fiscalizar el mercado de valores, en la forma establecida por la presente ley y su reglamento. Asimismo, velará por la transparencia del mercado de valores y sus operaciones a través de la difusión de toda la información que sea necesaria, y aplicará las sanciones administrativas y los cargos pecuniarios que le faculta la presente ley, sin perjuicio del ejercicio de las acciones legales que fueren necesarias.

Art.  20.- Los ingresos de la Superintendencia de Valores provendrán de las fuentes siguientes:

a)      Las cuotas anuales fijadas a los intermediarios de valores, que en ningún caso podrán superar el dos por ciento (2.0%) de las comisiones generadas por concepto de corretaje de valores al cierre del semestre anterior;

b)      Las cuotas anuales fijadas a las administradoras de fondos y compañías titularizadoras, que en ningún caso podrán superar el uno punto cinco por ciento (1.5%) del total de activos existentes al cierre del semestre anterior;

c)       Los derechos de inscripción en el Registro del Mercado de Valores u otro servicio que preste de su competencia.

PÁRRAFO I.- La Superintendencia de Valores podrá recibir donaciones en forma de cooperación técnica, equipos e infraestructura para su servicio, entre otras, del Gobierno Central, del Banco Central de la República Dominicana, de organismos multilaterales y de gobiernos extranjeros.

PÁRRAFO II.- La forma de cálculo de las cuotas y los derechos establecidos en este Artículo y su forma de pago, estarán determinados en el reglamento de la presente ley.

PÁRRAFO III.- Las cuotas y los derechos a que se refiere el presente Artículo, serán revisados anualmente por la Superintendencia de Valores y sometidos a la aprobación del Consejo Nacional de Valores, sin perjuicio de los limites establecidos en los literales a) y b).

Art.  21.- La Superintendencia de Valores tendrá las atribuciones siguientes:

a)      Ejecutar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley, de este reglamento y de las normas que dicte, con el propósito de promover el funcionamiento de un mercado de valores ordenado, eficiente y transparente;

b)      Autorizar las ofertas públicas de valores, el contenido mínimo del prospecto. la apertura y funcionamiento de las bolsas, intermediarios de valores, fondos de inversión, compañías titularizadoras y demás participantes del mercado de valores, la publicidad de dichos parti­cipantes, así como supervisar sus operaciones, sólo respecto de las obligaciones que le impone la presente ley y su reglamento;

c)       Requerir las informaciones que deberán suministrar las entidades emisoras, los intermediarios autorizados y las personas físicas y jurídicas sujetas a la presente ley, así como fiscalizar el uso de la información privilegiada;

d)      Organizar y mantener el registro del mercado de valores creado en la presente ley;

e)       Someter al Consejo Nacional de Valores, para fines de aprobación, los ajustes por inflación así como las cuotas y derechos, a que se refieren los artículos 14 y 20 de la presente ley, respectivamente;

f)       Evaluar y decidir respecto de las denuncias o quejas sobre operaciones irregulares de los intermediarios y demás participantes en el mercado de valores, así como conocer de las apelaciones interpuestas contra las decisiones de las bolsas;

g)      Investigar actos que hagan suponer la ejecución de operaciones violatorias a la presente ley y su reglamento, así como solicitar la actuación de las autoridades competentes, cuando fuere necesario;

h)      Suspender temporalmente la cotización de valores de oferta pública cuando la información periódica requerida sea insuficiente;

i)       Suspender o cancelar la autorización otorgada para hacer oferta pública de valores, tanto a la entidad emisora como al intermediario, cuando con posterioridad a la aprobación se haya detectado que dicha oferta sea dolosa, contenga informaciones falsas, reúna elementos de estafa u otro delito, o cuando el emisor haya sido declarado en estado de quiebra o bancarrota;

j)       Suspender, temporal o definitivamente, las operaciones de las bolsas, los intermediarios y demás participantes en el mercado de valores con relación a sus operaciones en dicho mercado, cuando incurran en violaciones a las disposiciones de la presente ley y su reglamento, según lo determine el mismo. La suspensión de las bolsas deberá contar con la previa aprobación de la Junta Monetaria;

k)      Sancionar, en la forma prescrita por esta ley, a los infractores de sus disposiciones, su reglamento y las normas que dicte;

l)       Demandar ante los tribunales de la República a las personas físicas o jurídicas objeto de supervisión, que hayan cometido irregularidades graves en relación al mercado de valores;

m)     Elaborar el presupuesto anual y presentarlo a las autoridades correspondientes;

n)      Presentar informes al Poder Ejecutivo, vía Junta Monetaria, y al Consejo Nacional de Valores, sobre el comportamiento del mercado de valores, así como la memoria anual de la Superintendencia de Valores;

ñ)      Definir, cuando no lo haya hecho la presente ley, los términos referentes al mercado de valores;

o)      Ejercer las demás funciones e intervenir en otros asuntos de su competencia relacionados con el desarrollo del mercado de valores.

Art.  22.- Las decisiones adoptadas por la Superintendencia de Valores podrán ser reconsideradas a solicitud del interesado, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación escrita de la decisión correspondiente, y ésta deberá dictar su fallo en un plazo no superior a treinta (30) días, el cual podrá ser apelado ante el Consejo Nacional de Valores.

CAPITULO II

DE LA ESTRUCTURA INTERNA

Art.  23- El Superintendente de Valores será el principal funcionario de la Superintendencia de Valores y representante legal de la misma. Tendrá a su cargo la dirección y control de las funciones de dichos organismos, y será designado por el Poder Ejecutivo por períodos de dos (2) años, de una tema propuesta por la mayoría absoluta de los seis (6) miembros del Consejo Nacional de Valores, a través de la Junta Monetaria, quién sólo velará porque los candidatos propuestos cumplan con los requisitos establecidos en la presente ley. Podrá ser designado por un periodo adicional sin que pueda ser redesignado de inmediato al término de su segundo periodo.

Art.  24.- Habrá un Intendente de Valores nombrado por el Poder Ejecutivo, siguiendo el mismo procedimiento establecido para la elección del Superintendente de Valores. Será el segundo funcionario de la Superintendencia de Valores, en el orden jerárquico, sustituirá al Superintendente en caso de ausencia o impedimento temporal de éste y ejercerá sus funciones con todas las responsabilidades inherentes al cargo.

Art.  25.- El Superintendente y el Intendente de Valores deberán ser profesionales de experiencia y conocimiento en materia financiera, y de reconocida integridad moral. Asimismo, deberán ser funcionarios con dedicación exclusiva y no podrán desempeñar ningún otro empleo de cualquier naturaleza, salvo de carácter docente.

Art.  26.- El Superintendente y el Intendente de Valores no podrán participar en actividades políticas partidistas, efectuar transacciones con valores, directa o indirectamente, ni incrementar sus tenencias previas de valores, mientras se encuentren en el ejercicio de sus funciones.

Art.  27.- El Superintendente y el Intendente de Valores deberán presentar una declaración jurada de sus bienes, detallando las empresas o negocios donde tengan inversiones directas y/o indirectas. Estas declaraciones juradas deberán ser elaboradas y remitidas a la Cámara de Cuentas, al iniciar y finalizar cada designación.

Art.  28.- No podrán ser Superintendente ni Intendente de la Superin­tendencia de Valores:

a)      Los menores de treinta (30) años de edad;

b)      Los que por cualquier razón sean legalmente incapaces;

c)       Los que no sean de nacionalidad dominicana;

d)      Los miembros del consejo, directores y funcionarios de entidades del sistema financiero, que estando en el ejercicio de sus cargos, o durante los cinco (5) años previos, dichas entidades hayan sido objeto de una intervención u operación de salvamento por parte de las autoridades reguladoras o fiscalizadoras del sistema financiero;

e)       Los que tengan parentesco basta el segundo grado de consanguinidad o afinidad entre sí, o que sean cónyuges, o que sean accionistas de una misma sociedad;

f)       Los que hayan sido declarados en estado de quiebra o bancarrota, así como los miembros del consejo, directores y funcionarios de compañías en igual estado, o que estuvieren pendientes o se les hubiere iniciado el procedimiento tic quiebra o bancarrota, o de intervención con fines de liquidación por la Superintendencia de Bancos o por la Superintendencia de Seguros. Asimismo, se incluyen a los que hayan caído en estado de insolvencia o de cesación de pagos, aún cuando posteriormente hayan sido rehabilitados.

g)      Los que directamente o a través de terceros, participen en la adminis­tración de instituciones financieras y otras instituciones del mercado de valores,  así como los accionistas propietarios, directa o indirectamente, del quince por ciento (15%) o más del capital pagado de dichas instituciones;

h)      Los que directa o indirectamente hubieren cometido una falta o negligencia en contra de las disposiciones de la Superintendencia de Valores, el Banco Central de la República Dominicana, la Superinten­dencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros, causando un perjuicio pecuniario a terceros;

i)       Los que estuvieron subjúdice. o cumpliendo condena, o hubieren sido condenados a reclusión por cualquier hecho de carácter criminal, o por delito contra la propiedad, contra la fe pública o el fisco.

Art.  29.-  El Superintendente y el Intendente de Valores designados deberán depositar en la Junta Monetaria una declaración jurada mediante la cual se comprometan a mantener en estricta confidencialidad todos los asuntos a discutir en la Superintendencia de Valores, y donde declaren no estar afectados por las inhabilidades e incompatibilidades correspondientes a sus cargos, establecidas en la presente ley. Estas declaraciones deberán depositarse antes de haber tomado posesión de sus respectivos cargos.

Art.  30.- La Junta Monetaria deberá solicitar al Poder Ejecutivo la sustitución del Superintendente y el Intendente de Valores cuando hayan cometido alguna de las irregularidades siguientes:

a)      Uso indebido de información privilegiada y violación a la confiden­cialidad de los asuntos presentados a la Superintendencia de Valores;

b)      Responsabilidad en actos u operaciones fraudulentas, ilegales o eviden­temente opuestas a los fines e intereses de la Superintendencia de Valores;

c)       Negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones o cuando, sin debida justificación, dejaren de cumplir las obligaciones que les correspondan, de acuerdo con la presente ley y su reglamento;

d)      Ausencia del país sin la debida autorización del Poder Ejecutivo.

PÁRRAFO.- De igual manera, la Junta Monetaria deberá solicitar la sustitución de dichos funcionarios cuando se advierta o sobrevenga alguna de las causas de incapacidad contempladas en el Artículo 28 cuando no cumplan con las disposiciones previstas en los artículos 26, 27 y 29 de la presente ley, así como cuando sean condenados por sentencia que tenga la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, dictada en juicio criminal.

Art.  31- En caso de vacante por muerte, renuncia o incapacidad para realizar las funciones de Superintendente e Intendente, se designará un nuevo titular para completar el período faltante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 23 y 24 de la presente ley.

Art.  32.- La Superintendencia de Valores, para dar cumplimiento a las atribuciones que le confiere la presente ley y su reglamento, conformará la estructura interna necesaria con un personal que, tanto en su selección como en su desempeño, estará sujeto a los lineamientos establecidos en el reglamento interno de la Superintendencia de Valores. Deberá incluir profesionales calificados, debidamente autorizados, quienes podrán realizar inspecciones y requerir la presentación de los libros de contabilidad y documentos relacionados con las operaciones de valores de oferta pública.

CAPITULO III

DEL CONSEJO NACIONAL DE VALORES

Art.  33.- Para los fines de la presente ley, se crea un Consejo Nacional de Valores, cl cual estará conformado por siete (7) miembros, de la manera siguiente:

a)      Un funcionario de alta jerarquía del Banco Central de la República Dominicana, designado por la Junta Monetaria, quien lo presidirá, miembro ex-oficio;

b)      Un funcionario de alta jerarquía designado por la Secretaria de Estado de Finanzas, miembro ex-oficio;

c)       El Superintendente de Valores, miembro ex-oficio;

d)      Cuatro (4) miembros del sector privado, designados por el Poder Ejecutivo, por períodos de dos (2) años: dos (2) de ternas que para tales fines le presentarán las asociaciones de puestos de bolsas de valores y las bolsas de valores existentes en el país, y dos (2) de ternas que le presentarán las bolsas de productos y la Cámara de Comercio vía la Junta Monetaria, quien sólo velará porque los candidatos propuestos cumplan con los requisitos establecidos en la presente ley y su reglamento. Las ternas deberán ser conformadas por candidatos sometidos indis­tintamente por las citadas entidades, tomando en consideración las inhabilidades previstas en el artículo 28 de la presente ley, los cuales desempeñarán sus cargos en forma honorífica.

Art.  34- El Consejo Nacional de Valores tendrá las atribuciones siguientes:

a)      Conocer las solicitudes de apelación a las decisiones de la Superinten­dencia de Valores y las Bolsas, presentadas por los participantes del mercado de valores;

b)      Conocer de los informes mensuales del Superintendente de Valores sobre el comportamiento del mercado de valores y de las principales actividades realizadas por la Superintendencia de Valores, pudiendo formular observaciones o lineamientos, en los casos que se ameriten;

c)       Aprobar las tarifas sometidas por el Superintendente de Valores sobre cuotas y derechos que cobrará la Superintendencia de Valores por concepto de supervisión, derechos de inscripción en el registro y otros servicios, así como los ajustes por inflación establecidos en el artículo 14 de la presente ley;

d)      Aprobar las sanciones administrativas a ser impuestas a los infractores de las disposiciones contenidas en la presente ley cuando éstas no estuvieren tipificadas en la misma;

e)       Actuar como conciliador en los casos de conflictos entre participantes del mercado de valores cuando éstos no fueren dirimidos por el Superintendente de Valores.

Art.  35.- Los miembros del Consejo Nacional de Valores deberán cumplir con las disposiciones establecidas en el artículo 26, exceptuando al representante de la Secretaria de Estado de Finanzas y los dos miembros del sector privado, en lo que respecta a las actividades políticas partidistas. Asimismo, los miembros del Consejo Nacional de Valores deberán dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 27 y 29 de la presente ley.

PÁRRAFO.- En caso de vacante por muerte, renuncia o incapacidad para cumplir sus funciones dentro del Consejo Nacional de Valores, de los miembros del sector privado, se designará un nuevo titular para completar el período faltante, de acuerdo con lo establecido en el literal d) del artículo 33 de la presente ley.

Art.  36.- El Consejo Nacional de Valores sesionará por lo menos una vez al mes. Dichas sesiones serán válidas con la asistencia de cinco (5) de sus miembros, incluyendo al presidente del mismo, y las decisiones serán adoptadas con la aprobación de tres (3) de ellos o de cuatro (4) en caso de asistir seis (6) o siete (7) miembros. En caso de empate, el voto del presidente será decisivo. Las sesiones ordinarias del consejo serán convocadas por el Superintendente de Valores, y las extraordinarias por el presidente del consejo, debiendo levantarse un acta de cada sesión celebrada, la cual estará a cargo del Superintendente de Valores, quien fungirá como secretario.

Art.  37- Las decisiones de la Superintendencia de Valores y de las bolsas podrán ser apeladas por los participantes en el mercado de valores debiendo someterse dentro de los cinco (5) días siguientes a las fechas de notificación de las mismas, mediante comunicaciones escritas remitidas al Presidente del Consejo Nacional de Valores, las cuales deberán contener un informe de las decisiones dictadas y de los agravios que las mismas causan, acompañado de las pruebas que los afectados estimaren convenientes. El Presidente del Consejo Nacional de Valores convocará a los miembros del mismo para conocer de dichas apelaciones.

PÁRRAFO I.- El recurso de apelación no suspenderá la ejecución de la decisión objeto de apelación, excepto cuando la misma conlleve la aplicación de sanciones administrativas.

PÁRRAFO II.- El Consejo Nacional de Valores dictaminará sobre el recurso sometido, en un plazo no mayor de treinta (30) días, contado a partir de la fecha de recepción de dicho recurso. Este dictamen podrá confirmar, revocar o sustituir la decisión apelada.

PÁRRAFO III.- Este recurso de apelación deberá ser agotado por el interesado, previo a la interposición de cualquier otro medio de defensa.

PÁRRAFO IV.- En caso de que el dictámen del Consejo Nacional de Valores no sea aceptado por la parte requeriente, dicho Consejo Nacional de Valores podrá, a fin de resolver as diferencias suscitadas entre las partes, actuar como conciliador entre ellos. Si las partes en controversia manifiestan su deseo de no conciliar, el Consejo Nacional de Valores levantará un acta en la que hará constar esta circunstancia e invitará a las partes, para que de común acuerdo, se sometan a los tribunales arbitrales de la República Dominicana, con el propósito de dirimir sus conflictos.

CAPITULO IV

DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y PRODUCTOS

Art.  38.- La Superintendencia de Valores tendrá un Registro del Mercado de Valores y de Productos, el cual podrá ser electrónico; en él se inscribirá la información pública respecto de los valores, emisores y demás participantes del mercado de valores regulados por esta ley, conforme a las disposiciones que se establezcan en el reglamento. El Registro del Mercado de Valores y de Productos estará a disposición del público y en el mismo se inscribirán:

a)      Los valores que sean objeto de oferta pública;

b)      Los títulos representativos de los productos que sean objeto de oferta pública;

c)       Los modelos genéricos de contratos de opciones de compra, de venta y de futuro de productos;

d)      Los emisores que realicen oferta pública de valores, salvo aquellos que por su naturaleza sean dispensados del registro;

e)       Las bolsas y los intermediarios del mercado de valores;

f)       Las cámaras de compensación;

g)      Los depósitos centralizados de valores;

h)      Las administradoras de fondos de inversión;

i)       Las compañías titularizadoras;

j)       Las calificadoras de riesgo;

k)      Los auditores externos;

l)       Otros participantes del mercado Superintendencia de Valores de valores, aprobados por la Superintendencia de Valores.

Art.  39.- Los requisitos a que deberán sujetarse los valores y las personas físicas o jurídicas para su inscripción en el registro, así como las informaciones que deberán suministrar, serán establecidos en el reglamento de la presente ley y en las normas que se dicten para tal efecto.

Art.  40.- La inscripción en el Registro del Mercado de Valores y de Productos, significarán únicamente que se ha cumplido con los requisitos de información establecidos en la presente ley y su reglamento.

Art.  41.- Los emisores inscritos en el Registro del Mercado de Valores y de Productos deberán proporcionar informaciones a la Superintendencia de Valores y a las bolsas correspondientes, con la periodicidad y en la forma que se les requiera, mientras estén en circulación los valores colocados a través de oferta pública, según lo establecido en esta ley y su reglamento. Estas informaciones deberán ser veraces y oportunas, e incluir todo hecho esencial que sobrevenga en la vida de la empresa, que pueda incidir en el precio del valor en el mercado, y deberán estar a disposición del público, según lo determine la Superintendencia de Valores.

Art.  42.- Los emisores, intermediarios y demás personas físicas o jurídicas inscritos en el Registro del Mercado de Valores y de Productos que no quieran continuar participando en el mercado, podrán solicitar a la Superintendencia de Valores su exclusión del registro, debiendo cumplir con los requisitos que al efecto contemple el reglamento de la presente ley. La Superintendencia de Valores, previo a la aprobación de la solicitud de exclusión, deberá asegurarse de que se ha cumplido con las disposiciones vigentes al respecto, y una vez aprobada, deberá hacerlo de conocimiento público.

TITULO III

DE LOS PARTICIPANTES EN EL MERCADO DE VALORES

CAPITULO I

DE LAS BOLSAS DE VALORES

Art.  43.- Las bolsas de valores son instituciones autorreguladoras que tienen por objeto prestar a los puestos de bolsa inscritos en las mismas todos los servicios necesarios para que éstos puedan realizar eficazmente las transacciones con valores de manera continua y ordenada, así como efectuar las demás actividades de intermediación de valores, de acuerdo con la presente ley. Estas entidades deberán contar con la previa aprobación de la Superintendencia de Valores para operar en el mercado de valores.

Art.  44.- Las bolsas de valores deberán realizar las actividades siguientes:

a)      Establecer locales, equipos y mecanismos que faciliten la interacción de la oferta y la demanda de valores:

b)      Requerir información a los emisores respecto de los valores cotizados en las mismas;

c)       Proporcionar y mantener a disposición del público las informaciones sobre los valores cotizados en las mismas, sus emisores, sus intermediarios de valores y las operaciones bursátiles realizadas, incluyendo las cotizaciones y los montos negociados;

d)      Certificar las cotizaciones y las transacciones de bolsa realizadas en las mismas, a solicitud del interesado:

e)       Velar porque sus miembros den estricto cumplimiento a todas las disposiciones legales y reglamentarías vigentes, y al Código de Ética que para estos fines elaborarán las bolsas y aprobará la Superinten­dencia de Valores;

f)       Instalar un sistema de información automatizado para realizar operaciones aprovechando las ventajas de las telecomunicaciones y la informática.

Art.  45.- Serán atribuciones de las bolsas de valores:

a)      Conocer las solicitudes elevadas por personas jurídicas para constituirse en puestos de bolsa;

b)      Autorizar a los representantes de los puestos de bolsa a actuar como corredores en las negociaciones que se realicen en la bolsa;

c)       Autorizar la inscripción de las emisiones de valores previamente aprobadas y registradas por la Superintendencia de Valores, para su cotización;

d)      Suspender transacciones de valores de oferta pública, por un período de hasta cinco (5) días, cuando entienda que es conveniente para el mercado;

e)       Solicitar garantías a los puestos de bolsas;

f)       Invertir en actividades complementarias, tales como depósitos centralizados de valores y/o cámaras de compensación;

g)      Celebrar convenios con otras bolsas de valores y organismos similares dentro y fuera del país, previa aprobación de la Superintendencia de Valores;

h)      Realizar cualesquiera otras actividades que contribuyan al desarrollo del mercado de valores, previa aprobación de la Superintendencia de Valores;

i)       Realizar conexiones automatizadas con los mercados de valores internacionales.

Art.  46.- Las bolsas de valores deberán constituirse en compañías por acciones, con arreglo a las normas del Código de Comercio vigente en la República Dominicana, con un capital suscrito y pagado mínimo de quince millones de pesos dominicanos (RD$15,000,000,00) más un veinte por ciento (20%) de reserva legal. Dicho capital deberá ser en numerario, dividido en acciones nominativas, negociables, propiedad de sus miembros, los cuales deberán tener igual número de acciones de igual valor en el capital suscrito y pagado mínimo requerido, al momento de ser constituido.

PÁRRAFO I.- Serán miembros de una bolsa de valores los puestos de bolsa admitidos por ésta, luego de cumplir los requisitos previstos en los estatutos y reglamentos de la misma, y estar debidamente autorizados por la Superintendencia de Valores.

PÁRRAFO II.- Les aumentos de capital de las bolsas de valores serán distribuidos, un ochenta por ciento (80%) para los puestos de bolsa existentes y un veinte por ciento (20%) para los nuevos puestos de bolsa. De no existir demanda por parte de los puestos de bolsa existente y/o los nuevos puestos, dichos aumentos de capital serán negociados a través de la propia bolsa, para lo cual deberá cumplir con los requisitos establecidos en la presente ley y su reglamento. El Consejo Nacional de Valores establecerá un límite porcentual máximo de participación en el capital de la bolsa, tanto para los puestos de bolsa miembros de la misma, como para las entidades particulares adquirientes de acciones de la bolsa, para evitar la concentración accionaría.

PÁRRAFO III.- Las bolsas de valores tendrán la facultad de solicitar a la Superintendencia de Valores la cancelación de un puesto de bolsa, cuando no cumpla con los requisitos establecidos en esta ley y su reglamento, y en los estatutos y reglamentos de las propias bolsas de valores, cuya disolución deberá estar de acuerdo con las disposiciones del Código de Comercio vigente en la República Dominicana.

Art.  47.- El capital suscrito y pagado de una bolsa de valores, sólo podrá ser invertido en cualesquiera de los activos siguientes:

a)      Dinero efectivo en caja o depósito en los bancos autorizado por ley para recibir depósitos;

b)      En el edificio y demás locales de uso propio de la bolsa;

c)       En los muebles y equipos necesarios para su buen funcionamiento;

d)      En los gastos de instalación, organización y funcionamiento;

e)       En valores de reconocida liquidez cotizados en bolsa, sin que la inversión exceda el treinta por ciento (30%) del capital suscrito y pagado de la bolsa, ni el diez por ciento (10%) del capital suscrito y pagado de la entidad emisora;

f)       En otras actividades conexas o complementarias.

Art.  48.- Las bolsas de valores podrán cobrar tarifas a sus miembros para sufragar sus gastos y costos de mantenimiento, expansión y mejoramiento de sus actividades, según lo establezcan sus estatutos y reglamentos.

Art.  49.- Los estatutos, reglamentos, normas, manuales y sistemas operativos de las bolsas de valores, así como sus eventuales modificaciones, requerirán la aprobación previa de la Superintendencia de Valores, la cual deberá pronunciarse al respecto dentro de los cuarenta y cinco (45) días contados desde la fecha de recepción de la solicitud correspondiente.

Art.  50.- Las acciones inscritas en el Registro del Mercado de Valores y registradas en una bolsa, sólo podrán ser intermediadas por los puestos de bolsas, en las bolsas donde sean miembros.

Art.  51.- Las bolsas de valores podrán realizar medas especiales de valores no inscritos en las mismas, en la forma en que lo determine el reglamento de la bolsa respectiva.

Art.  52.- No podrán ser miembros del consejo o directorio, presidente, director ejecutivo o gerente general de las bolsas de valores:

a)      Los menores de veinticinco (25) años de edad;

b)      Los que no sean profesionales en áreas relacionadas con el mercado de valores;

c)       Los que por cualquier razón sean legalmente incapaces;

d)      Los que sean funcionarios y empleados del Banco Central, Superinten­dencias de Bancos, de Seguros y de Valores;

e)       Los miembros del consejo, directores y funcionarios de entidades del sistema financiero, que estando en el ejercicio de sus cargos o durante los tres (3) años previos, dichas entidades hayan sido objeto de una intervención especial u operación de salvamento por parte de las autoridades reguladoras y/o fiscalizadoras del sistema financiero;

f)       Los que hayan sido declarados en estado de quiebra o bancarrota, así como los miembros del Consejo, directores o funcionarios de compañías en igual estado, o que estuvieron pendientes o se les hubiere iniciado el procedimiento de quiebra o bancarrota, o de intervención con fines de liquidación por la Superintendencia de Bancos o por la Superintendencia de Seguros. Asimismo, se incluyen a los que hayan caído en estado de insolvencia o de cesación de pagos, aún cuando posteriormente hayan sido rehabilitados;

g)      Los que directa o indirectamente hubieren cometido una falta o negligencia en contra de las disposiciones de la Superintendencia de Valores, del Banco Central de la República Dominicana, de la Superintendencia de Bancos y de la Superintendencia de Seguros, causando un perjuicio pecuniario a terceros;

h)      Las personas que estuvieron subjúdice o cumpliendo condena por cualquier hecho de carácter criminal o por delito contra la propiedad, la fe pública o el fisco, o que hubieren sido condenados por esas causas,

PÁRRAFO: Estas limitaciones también aplican a los principales funcionarios de las bolsas de valores, excepto la disposición previa en el literal a) de este artículo.

Art.  53.- Se reserva el uso de la expresión "bolsa" para aquellas personas jurídicas autorizadas por la Superintendencia de Valores a prestar a sus miembros todos los servicios necesarios para que éstos puedan realizar transacciones de valores, de manera continua y ordenada,

Art.  54.- Las decisiones de las bolsas podrán ser apeladas por los afectados por ante la Superintendencia de Valores, las cuales deberán interponerse dentro de los diez (l0) días siguientes a la notificación de la decisión de la bolsa al afectado, debiendo la Superintendencia de Valores responder en un plazo no mayor de treinta (30) días, contado desde el momento de ser interpuesta dicha apelación.

CAPITULO II

DE LAS BOLSAS DE PRODUCTOS

Art.  55.- Las bolsas de productos son instituciones autorreguladoras. que tienen por objeto exclusivo proveer a sus miembros los servicios necesarios para realizar eficazmente la comercialización de productos originados o destinados a los sectores agropecuario, agroindustrial y minero, incluyendo los insumos que dichos sectores requieran, así como títulos representativos de productos, contratos de futuros y derivados sobre productos, favoreciendo la libre concurrencia, la competencia y transparencia del mercado. Para operar como bolsas de productos deberán contar con la previa aprobación del Consejo Nacional de Valores.

PÁRRAFO I- Las operaciones de bolsas se realizarán en reuniones públicas. denominadas Ruedas, que deberán celebrarse en las ocasiones en que lo determine el consejo o directorio de las bolsas de productos

PÁRRAFO II.- Las bolsas de productos tendrán un comité de arbitraje para el conocimiento de toda cuestión que surja de la interpretación y cumplimiento de los actos, contratos u operaciones de comercio, en los cuales su intervención hubiese sido pactada expresamente, o cuando, mediando o no cláusula arbitral, las partes lo eligiesen como árbitro de sus diferencias.

PÁRRAFO III.- Las bolsas de productos existentes antes de la vigencia de esta ley, deberán sujetarse a las disposiciones de la presente ley y su reglamento en un período de cinco (5) años contados a partir de su entrada en vigencia. Sin embargo, en relación con el capital requerido, se le permitirá constituir un capital suscrito y pagado mínimo de RD$1.0 millón, el cual irá incrementando paulatinamente en proporción con el volumen de sus operaciones, hasta alcanzar el capital mínimo requerido en la presente ley para este tipo de institución.

Art.  56.- Las bolsas de productos para facilitar el cumplimiento de su objeto, tendrán de manera enunciativa y no limitativa las siguientes funciones y atribuciones:

a)      Mantener el funcionamiento de un bursátil de productos, debidamente organizado, que ofrezca a los usuarios y al público en general, suficiente garantía de seguridad, honestidad y corrección, así como información sobre los productos cotizados en las mismas, sus productores, los intermediarios y las operaciones bursátiles, incluyendo las cotizaciones;

b)      Promover la comercialización de los productos indicados en el artículo  55 de la presente ley, mediante el fomento de la uniformidad en los usos y costumbres del comercio de productos, estableciendo locales, equipos y mecanismos que faciliten la interacción de la oferta y la demanda de productos;

c)       Establecer un régimen adecuado para sus operaciones, definiendo los requisitos, condiciones, modalidades y registros de todas las operaciones que se efectúen en la bolsa, incluyendo la forma de liquidación o compensación;

d)      Determinar los requisitos, condiciones, modalidades y formalidades que deben reunir los contratos que se celebren en la bolsa, así como los productos, títulos o servicios negociados en ella, en base a los lineamientos establecidos en la presente ley y su reglamento, así corno la omine emanadas de la Superintendencia de Valores y de otros organismos reguladores relacionados con los sectores señalados en el artículo 55 de la presente ley;

e)       Fomentar el arbitraje privado como medio de solución rápida y amigable de los conflictos que puedan surgir entre sus miembros, así como entre éstos y terceros;

f)       Auspiciar estudio e investigaciones que favorezcan la capacitación de quienes realicen las operaciones en la bolsa, para lograr el mejoramiento del mercado bursátil;

g)      Extender, a petición de la parte interesada, certificados sobre cotizaciones de los productos, títulos y contratos inscritos y negociados en la bolsa;

h)      Trazar normas de conducta, mediante la elaboración de un Código de Ética que será aprobado por la Superintendencia de Valores, para evitar manipulaciones especulativas que puedan perjudicar a los usuarios, a los productos inscritos o la economía nacional y velar por que sus miembros den estricto cumplimiento a todas las disposiciones legales y reglamen­tadas vigentes;

i)       Cancelar la inscripción de los productos, títulos y contratos que no ofrezcan garantía y seguridad;

j)       Conocer las solicitudes elevadas por personas jurídicas para constituirse en puestos de bolsas;

k)      Autorizar a los representantes de los puestos de bolsas a actuar como corredores en las negociaciones que se realicen en la bolsa;

l)       Autorizar la inscripción de los productos, títulos y contratos a que hace referencia el artículo 55 de la presente ley, que hayan sido previamente aprobados y registrados por la Superintendencia de Valores, para su cotización;

m)     Suspender transacciones de los productos, títulos y contratos citados precedentemente, por un periodo de hasta cinco (5) días, cuando entienda que es conveniente para el mercado;

n)      Solicitar garantías a los puestos de bolsas;

ñ)      Invertir en actividades complementarias, tales como depósitos centralizados de valores y/o Cámaras de Compensación;

o)      Celebrar convenios con otras bolsas de productos y organismos similares dentro y fuera del país, previa aprobación de la Superinten­dencia de Valores.

p)      Realizar cualesquiera otras actividades que contribuyan al desarrollo del mercado de valores y de productos, previa aprobación de la Superinten­dencia de Valores.

Art.  57.- Las bolsas de productos deberán constituirse como compañías por acciones, con arreglo a las normas del Código de Comercio vigente en la República Dominicana, con un capital suscrito y pagado mínimo requerido de cinco millones de pesos dominicanos (RD$5,000,000.00), más un veinte por ciento (20%) de reserva legal, revisable por la Superintendencia de Valores en función de la evolución y el volumen de las operaciones de futuro y derivados que realicen dichas bolsas. Dicho capital deberá ser en numerario, dividido en acciones nominativas, negociables, propiedad de sus miembros, los cuales deberán tener igual número de acciones de igual valor en el capital suscrito y pagado mínimo requerido, al momento de ser constituido. Serán miembros de la bolsa de productos, los puestos de bolsas admitidos por ésta, luego de cumplir los requisitos previstos en los estatutos y reglamentos de la misma, y estar debidamente autorizados por a Superintendencia de Valores.

Art.  58.- En las bolsas de productos se podrán negociar:

a)      Los productos que cumplan con la reglamentación que al respecto determinen las bolsas de productos con las referencias que deban cumplir;

b)      Los contratos de futuros sobre productos;

c)       Los contratos de opción de compra y venta sobre productos;

d)      Los títulos que representen los productos. los cuales podrán ser enajenados o gravados mediante endoso de dichos títulos.

Art.  59.- A las bolsas de productos se les aplicarán las disposiciones previstas en los artículo 45 al 54 de la presente ley

CAPITULO III

DE LOS INTERMEDIARIOS DE VALORES

Art.  60.- Para los fines de esta ley, se entenderá por intermediario de valores a la persona física o jurídica, nacional o extranjera, que ejerza de forma habitual, actividades de intermediación de valores objeto de oferta pública, ya sea en cl mercado bursátil o extrabursátil. Dichos intermediarios deberán ser autorizados a operar por la Superintendencia de Valores, de acuerdo con los requisitos establecidos en el reglamento de la presente ley.

PÁRRAFO I.- Se denominará puesto de bolsa al intermediario que siendo miembro de una bolsa opere en los mercados bursátil y extrabursátil, Asimismo, se denominará agente de valores al intermediario que opere exclusivamente en el mercado extrabursátil.

PÁRRAFO II.- Los puestos de bolsa serán representados en las negociaciones de valores por personas físicas denominadas corredores de valores, titulares de una credencial otorgada por la bolsa correspondiente, e inscritos en el registro del mercado de valores.

PÁRRAFO III.- Los intermediarios de valores existentes antes de la vigencia de esta ley, que se dediquen únicamente a las negociaciones de productos, títulos representativos de productos, miembros de una bolsa de productos, deberán sujetarse a las disposiciones de la presente ley en un período de cinco (5) años contando a partir de su entrada en vigencia. Sin embargo, en relación con el capital suscrito y pagado mínimo de RD$1.0 millón, el cual irá incrementando paulatinamente en proporción con el volumen de sus operaciones, hasta alcanzar el capital mínimo requerido en la presente ley para este tipo de institución.

Art.  61.- Los puestos de bolsa y agentes de valores deberán tener como objeto social principal la intermediación de valores, pudiendo realizar además, otras actividades conexas, tales como asesoría financiera, reestructuraciones, fusiones y adquisiciones y cualquiera otra actividad autorizada por la Superintendencia de Valores.

Art.  62.- Los puestos de bolsa y agentes de valores deberán constituirse en compañías por acciones, con arreglo a las normas del Código de Comercio vigente en la República Dominicana, con un capital mínimo suscrito y pagado en numerario de cinco millones de pesos dominicanos (RD$5,000.000.00) más el veinte por ciento (20%) de reserva legal, dividido en acciones nominativas y negociables.

Art.  63.- El capital suscrito y pagado de los puestos de bolsa y agentes de valores sólo podrá ser invertido en cualquiera de los activos siguientes:

a)      Dinero efectivo en caja hasta un treinta (30) por ciento del capital suscrito y pagado;

b)      Dinero en bancos autorizados por ley para recibir depósitos;

c)       En el edificio y demás locales de uso propio;

d)      En los muebles y equipos necesarios para su buen funcionamiento;

e)       En los gastos de instalación, organización y funcionamiento;

f)       En activos que constituyan garantía de inmediata disponibilidad;

g)      En otras actividades autorizadas por la Superintendencia de Valores;

h)      En otras actividades conexas o complementarias.

Art.  64.- Los puestos de bolsa y los agentes de valores deberán constituir una garantía de inmediata disponibilidad, para asegurar el correcto y cabal cumplimiento de todas sus obligaciones como intermediarios de valores, en beneficio de los acreedores presentes y futuros, de acuerdo con las disposiciones del reglamento de la presente ley, pudiendo exigir a sus clientes las garantías correspondientes a sus operaciones.

Art.  65.- Los puestos de bolsa y los agentes de valores deberán registrar en sus libros las operaciones que realicen, y llevar los registros auxiliares que ordene la Superintendencia de Valores y las bolsas correspondientes, si procediera, sin perjuicio de proporcionar la información adicional que se les requiera.

PÁRRAFO.- Los puestos de bolsa podrán instalar previa autorización de la bolsa correspondiente, un sistema de información automatizada que permita acceder a un servicio de transacciones de valores y búsquedas de información sobre cotizaciones actuales, mínimas y máximas, números de operaciones y todo tipo de informaciones financieras.

Art.  66.- Los puestos de bolsa y los agentes de valores serán responsables de las actuaciones en el mercado de valores de las personas que contrataren, de la autenticidad e integridad física de los valores que negocien, de la inscripción de su último titular en los registros del emisor, cuando esto sea necesario, y de la autenticidad del último endoso, cuando proceda.

Art.  67- Los puestos de bolsa y los agentes de valores que actúen en la intermediación de valores, quedan obligados a pagar el precio de la compra o a entregar los valores vendidos, y no se les admitirá la excepción de falta de fondos o garantía.

Art.  68.- Los puestos de bolsa podrán vender o arrendar su derecho a operar en las bolsas, previa aprobación de la bolsa correspondiente y de la Superintendencia de Valores.

Art.  69.- Se reserva el uso de las expresiones "puestos de bolsa, agentes de valores", "corredores de valores", u otras similares que impliquen la facultad de intermediar valores, para las personas físicas y jurídicas autorizadas a desempeñarse como tales por la Superintendencia de Valores.

CAPITULO IV

DE LAS CÁMARAS DE COMPENSACIÓN

Art.  70.- Las Cámaras de Compensación tendrán por objeto exclusivo ser contraparte de todas las compras y ventas de contratos de futuros, de opciones de valores y de otros de similar naturaleza que autorice la Superintendencia de Valores. Asimismo, las cámaras administrarán, controlarán y liquidarán las operaciones, posiciones abiertas, cuentas corrientes, márgenes y saldos disponibles que efectúen y mantengan clientes e intermediados del mercado de valores. Para operar, deberán contar con la previa aprobación de la Superintendencia de Valores.

Art.  71.- Las Cámaras de Compensación deberán constituirse en compañías por acciones con arreglo a las normas del Código de Comercio vigente en la República Dominicana. Su capital suscrito y pagado deberá ser en numerario, el cual no podrá ser inferior a la suma de cinco millones de pesos dominicanos (RD$5.000.000.00), dividido en acciones nominativas y negociables, más un veinte por ciento (20%) de reserva legal.

PÁRRAFO I.- Cuando las ventas de acciones de la Cámara de Compensación superen el treinta por ciento (30%) de su capital pagado y reservas, deberá contar con la previa autorrealización del Consejo Nacional de Valores.

PÁRRAFO II.- No podrán ser miembros del consejo, administradores o de una cámara de compensación cuando ésta se haya constituido como compañía, las personas que se detallen a continuación:

a)      Las personas físicas o jurídicas que directa o indirectamente hayan cometido una falta grave o negligencia en contra de las disposiciones de la Superintendencia de Valores, del Banco Central de la República Dominicana, de la Superintendencia de Bancos y de la Superintenden­cia de Seguros, causando perjuicios pecuniarios a terceros;

b)      Los funcionarios y empleados del Banco Central de la República Dominicana, de la Superintendencia de Valores, de la Superinten­dencia de Bancos y de la Superintendencia de Seguros;

c)       Los representantes de las instituciones financieras, las bolsas, los intermediarios de valores, sus administradores y funcionarios, así como las personas que directamente o a través de otras personas físicas o jurídicas, poseen el quince por ciento (15%) o más del capital de cualesquiera de dichas entidades.

Art.  72.- Las Cámaras de Compensación tendrán las funciones siguientes:

a)      Emitir y registrar los contratos de las operaciones de futuros y de opciones, siendo la contraparte de los mismos;

b)      Recibir de los corredores los márgenes iniciales, dinero y valores correspondientes y acreditar los mismos en sus respectivas cuentas;

c)       Actualizar diariamente las posiciones abiertas de los clientes, debiendo ajustar los márgenes, establecer las variaciones diarias de precios y cargar o abonar a cada cuenta las pérdidas o ganancias corres­pondientes;

d)      Informar a los corredores la falta o el exceso de margen y de los saldos de las cuentas de sus clientes, al igual que la necesidad de que completen el margen cuando corresponda;

e)       Ordenar a los corredores el cierre parcial o total de las posiciones abiertas de sus clientes, cuando éstos no cumplan con los requeri­mientos de margen o cobertura de las pérdidas;

f)       Liquidar las posiciones abiertas de los contratos en las fechas de vencimiento, disminuyendo el margen correspondiente y cargando o abonando las pérdidas o ganancias producidas;

g)      Ejercer cualesquiera otras funciones conexas que les autorice la Superintendencia de Valores.

PÁRRAFO I.- Las cámaras de compensación no podrán, bajo ninguna circunstancia, tomar posiciones por cuenta propia en el mercado de valores.

PÁRRAFO II.- Para responder de las pérdidas que pudieren ocurrir en un contrato de futuros, los márgenes que constituyan los corredores con la cámara de compensación, por cuenta de sus clientes, podrán ser transferidos a la cámara, la cual los realizará a nombre propio, pero rindiendo cuenta como encargada fiduciaria de los corredores.

Art.  73.- Por lo menos el veinte por ciento (20%) de las utilidades de cada ejercicio de la cámara de compensación, se destinará a formar parte de un fondo de contingencia que tendrá por objeto cubrir obligaciones pendientes derivadas de las operaciones registradas en la misma. Lo anterior será obligatorio, hasta que alcance por lo menos el doble del capital y reservas de la cámara.

Art.  74.- Al registrar la operación en la cámara, se entienden celebrados los contratos de futuros y de opciones entre la cámara y cada una de las partes de la respectiva negociación. Los contratos registrados no podrán ser posteriormente transferidos. Toda cesión, traspaso u otro acto de comercio, deberá ejecutarse mediante un nuevo contrato.

Art.  75.- Las garantías especiales comprendidas en cada contrato, serán liberadas en el momento en que las operaciones se hayan liquidado por el cumplimiento de sus condiciones. En aquellos casos de liquidaciones parciales, las garantías se liberarán en forma proporcional a la liquidación.

CAPITULO V

DEL DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES

Art.  76.- El depósito centralizado de valores es el conjunto de servicios prestados a los participantes del mercado de valores, con el objeto de custodiar, transferir, compensar y liquidar los valores que se negocien al contado en dicho mercado, así como registrar tales operaciones.

PÁRRAFO I.- El Consejo Nacional de Valores podrá autorizar a las bolsas de valores, en forma individual o conjunta, así como a otras compañías para que ofrezcan servicios de depósito centralizado de valores.

PÁRRAFO II.- Exceptuando a las bolsas, las compañías que ofrezcan el servicio de depósito centralizado de valores, deberán constituir un capital suscrito y pagado en numerario, no inferior a la suma de cinco millones de pesos dominicanos (RD$5,000,000.00) más un veinte por ciento (20%) de reserva legal, dividido en accionar nominativas y negociables.

PÁRRAFO III.- Cuando la venta de acciones de los depósitos centralizados de valores superen el treinta por ciento (30%) de su capital pagado y reservas, deberán contar con la previa autorización del Consejo Nacional de Valores.

PÁRRAFO IV.- A los miembros del consejo, administradores o socios de los depósitos centralizados de valores se les aplicarán las mismas inhabilidades contempladas en el PÁRRAFO II y sus letras del artículo 71 de la presente ley.

Art.  77.- Las entidades que ofrezcan el servicio de depósito centralizado de valores, tendrán las atribuciones siguientes:

a)      Llevar la custodia y depósito de valores negociados en el mercado de valores;

b)      Efectuar y registrar la transferencia, compensación y liquidación de valores que se negocien al contado en el mercado de valores;

b)      Crear y mantener cuentas a favor de los propietarios de los valores depositados, con sus características generales, así como registrar los valores que no se representen en títulos físicos;

c)       Expedir certificaciones de los actos que realicen en el ejercicio de sus funciones, a solicitud de los propietarios de valores respecto de sus valores, los participantes en la operación de que se trate, la Superintendencia de Valores, las bolsas de valores, o por mandato judicial;

d)      Realizar otras actividades conexas que autorice la Superintendencia de Valores.

Art.  78.- A las entidades que ofrezcan el servicio de depósito centralizado de valores les está prohibido:

a)      Ejercer derecho alguno sobre los valores registrados por terceros o disponer de tales valores;

b)      Efectuar transferencias de valores encomendadas por intermediarios u otras personas que no sean titulares o representantes de los mismos;

c)       Proporcionar información sobre los datos que aparezcan en sus registros, a terceras personas que no tengan derechos sobre ellos.

Art.  79.- Para los fines de toda operación con valores en custodia en un depósito centralizado de valores, se considerará propietario de los valores quien esté registrado como tal en el mismo.

Art.  80.- Los valores que se mantengan en custodia serán transferidos con la firma del propietario de los mismos o del representante autorizado por éste.

Art.  81.- La persona física o jurídica que deposite valores en el depósito centralizado de valores, será responsable de la autenticidad de los títulos, de su existencia legal y de su derecho sobre dichos valores.

PÁRRAFO.- Las entidades que ofrezcan el servicio de depósito centralizado de valores, deberán revisar el estado físico de los valores que se les entreguen para su depósito y custodia. siendo responsable de la guarda y la debida conservación de los mismos.

Art.  82.- En todos los casos en que las leyes exijan la presentación física del valor, bastará la certificación conferida por la compañía que ofrezca el servicio de depósito centralizado de valores.

Art.  83.- Las garantías y márgenes exigidas por las bolsas, los puestos de bolsas, las Cámaras de Compensación y las compañías que ofrezcan el servicio de depósito centralizado de valores, deberán ser de inmediata disponibilidad, con el objeto de asegurar el cumplimiento de las obligaciones de los puestos de bolsa, en interés del mejor funcionamiento del mercado de valores. No admitirán una prelación diferente a las que fueron constituidas y no requerirán formalidad para su realización, salvo las que dictaminen las instituciones mencionadas en este artículo, previa aprobación del procedimiento por parte de la Superintendencia de Valores.

CAPITULO VI

DE LAS CALIFICADORAS DE RIESGO

Art.  84.- Las calificadoras de riesgo deberán constituirse en compañías por acciones con arreglo a las normas del Código de Comercio. Deberán estar autorizadas por la Superintendencia de Valores para evaluar y calificar el riesgo de los valores objeto de oferta pública, y estar inscritas en el registro del mercado de valores.

Art.  85.- Para ejercer sus funciones, las calificadoras de riesgo deberán fundamentar sus evaluaciones principalmente en la determinación de la solvencia del emisor, la liquidez del titulo, las características del instrumento, la probabilidad de no pago, así como otras variables que puedan incidir en la calificación del valor.

Art.  86.- La Superintendencia de Valores, conforme a lo establecido en el reglamento de la presente ley, determinará la metodología general de evaluación y calificación de valores, mediante las normas de carácter general que dicte al efecto.

Art.  87.- No podrán ser miembros del consejo, administradores o socios de una calificadora de riesgo:

a)      Las personas físicas o jurídicas que directa o indirectamente hayan cometido una falta grave o negligencia en contra de las disposiciones de la Superintendencia de Valores, del Banco Central de la República Dominicana, la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros, causando perjuicio pecuniario a terceros;

b)      Los funcionarios y empleados del Banco Central de la República Dominicana, de la Superintendencia de Valores, de la Superinten­dencia de Bancos y de la Superintendencia de Seguros:

c)       Los representantes de las instituciones financieras, las bolsas, los intermediarios de valores, sus administradores y funcionarios, así como las personas que directamente, o a través de otras personas físicas o jurídicas, posean el quince por ciento (15%) o más del capital de cualquiera de dichas entidades.

Art.  88.- Toda información que reciban las calificadoras de riesgo, deberá considerarse como reservada y confidencial.

Art.  89.- La Superintendencia de Valores, en caso de duda sobre la veracidad de una calificación, designará una entidad calificadora de riesgo distinta, a fin de que efectúe una nueva calificación, cuyo costo estará a cargo del emisor.

CAPITULO VII

DE LOS FONDOS MUTUOS O ABIERTOS

Art.  90.- Fondo mutuo o abierto es un patrimonio variable, conformado por aportes de personas físicas y jurídicas para su inversión en valores de oferta pública, administrado por una compañía administradora de fondos por cuenta y riesgo de los aportantes, previo contrato suscrito entre las partes.

Art.  91.- La calidad de aportante se adquiere en el momento en que la administradora recibe el aporte del inversionista. Los aportes se denominarán cuotas del fondo, de igual valor y características, y serán redimibles o rescatables.

Art.  92.- Las operaciones del fondo serán efectuadas por la compañía administradora, siendo el fondo el titular de los títulos representativos de las inversiones realizadas, debiendo encargarse la custodia de dichos títulos a un depósito centralizado de valores.

Art.  93.- Una administradora de fondos podrá administrar distintos tipos de tondos mutuos o abiertos, debiendo llevar contabilidad separada para cada uno de éstos y para la propia administradora.

Art.  94.- Los fondos mutuos o abiertos serán invertidos diversificando su riesgo, para lo cual deberán conformar un portafolio, de acuerdo con los lineamientos generales previstos en el reglamento de la presente ley y las normas que al efecto dicte la Superintendencia de Valores. Asimismo, podrán especializarse en determinadas actividades conforme a objetivos específicos.

Art.  95.- El portafolio de inversión de los fondos mutuos o abiertos, deberá estar constituido por los valores siguientes:

a)      Valores objeto de oferta pública transados en bolsa;

b)      Depósitos en entidades reguladas por el Banco Central de la República Dominicana y supervisadas por la Superintendencia de Bancos;

c)       Bonos y otros títulos de crédito o inversión emitidos por el Gobierno Central y por el Banco Central de la República Dominicana;

d)      Otros valores que autorice la Superintendencia de Valores.

Art.  96.- Las cuotas de los fondos mutuos o abiertos se valorarán diariamente en la forma establecida en el reglamento de la presente ley, según se trate de fondos de renta fija, variable o mixta.

Art.  97.- Los aportantes podrán, en cualquier momento y en cualquier tiempo, redimir o rescatar, total o parcialmente, sus cuotas del fondo, de acuerdo con lo establecido en el reglamento del fondo.

Art.  98- El beneficio que la inversión en un fondo mutuo o abierto reporte a los aportantes, será el incremento que se produzca en el valor de la cuota como consecuencia de las variaciones experimentadas por el patrimonio del fondo, en la forma establecida en el reglamento de la presente ley.

CAPITULO VIII

DE LOS FONDOS CERRADOS DE INVERSIÓN

Art.  99- Fondo Cerrado de Inversión es un patrimonio integrado por aportes de personas naturales y jurídicas, para su inversión en los valores y bienes que permita esta ley y su reglamento. con fecha de vencimiento cierta, administrado por una administradora de fondos por cuenta y riesgo de los aportantes, previo contrato suscrito entre las partes. Este patrimonio es fijo y sus activos deben ser homogéneos. Los aportes quedarán expresados en cuotas de participación no redimibles anticipadamente. Las cuotas de los fondos de inversión cerrados serán negociables en las bolsas.

Art.  100.- Una administradora de fondos podrá ejercer la administración de distintos fondos de inversión cerrados, debiendo llevar contabilidad separada para cada uno de éstos y para la propia administradora.

Art.  101.- Las operaciones del fondo serán efectuadas por la compañía administradora, siendo el fondo el titular de los instrumentos representativos de las inversiones realizadas, debiendo encargarse la custodia de dichos instrumentos a un depósito centralizado de valores.

Art.  102.- Las inversiones de los fondos cerrados podrán constituirse, sin perjuicio de las cantidades que mantengan en caja, en:

a)      Valores de renta tija y variable;

b)      Valores objeto de oferta pública;

c)       Bienes raíces;

d)      Otros valores o bienes que autorice la Superintendencia de Valores.

CAPITULO IX

DE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS

Art.  103.- Las administradoras de fondos de inversión serán compañías por acciones constituidas con arreglos al Código de Comercio vigente en la República Dominicana. cuyo objeto exclusivo será la administración de fondos. La autorización de las compañías administradoras de fondos de inversión corresponderá al Consejo Nacional de Valores, la cual dictará las normas para regular la constitución, administración y financiamiento de las administradoras de fondos de inversión, cuyo cumplimiento será fiscalizado por la Superintendencia de Valores.

Art.  104.- Previo al inicio de sus operaciones, y de conformidad con las normas que para el efecto adopte la Superintendencia de Valores, la administradora deberá someter a dicho organismo los reglamentos internos del fondo y el contrato de participación al mismo.

Art.  105.- Las administradoras de fondos tendrán las obligaciones siguientes:

a)      Informar periódicamente a los aportantes de los fondos que administren, respecto de su estado y del comportamiento de los mercados;

b)      Integrar a cada fondo toda la rentabilidad obtenida en la gestión de administración, descontando solamente los gastos y las remuneracio­nes convenidas. en la forma y periodicidad que se contemple en los contratos suscritos entre los aportantes y la administradora;

c)       Ejercer, en beneficio de los aportantes de los fondos que administren, todos los derechos que la ley confiere a los propietarios de valores.

Art.  106.- Las administradoras de fondos de inversión no podrán realizar las actividades siguientes:

a)      Adquirir, enajenar o unir activos de un fondo con los de otro fondo o con el suyo propio;

b)      Garantizar un resultado, rendimiento o tasa de retomo específica;

c)       Efectuar transacciones con valores entre los distintos fondos que administren, o traspasar valores de su propiedad o de su propia emisión a tales fondos;

d)      Dar dinero en préstamo a los fondos que administre;

e)       Tomar dinero en préstamo de los fondos que administre;

f)       Entregaren garantía los fondos que administre para su beneficio;

g)      Mantener en custodia fuera de las entidades que ofrezcan el servicio de depósito centralizado de valores, los valores de los fondos que administre;

h)      Recibir depósitos de dinero;

i)       Participar en la administración, asesoramiento, dirección o cualquier otra función que no sea la de accionista, en aquellas compañías en que un fondo tenga inversiones;

j)       Administrar simultáneamente fondos mutuos o abiertos y fondos cenados de inversión.

CAPITULO X

DE LAS COMPAÑÍAS TITULARIZADORAS

Art.  107.- Para los fines de la presente ley, se entenderá por titularización al proceso mediante el cual se constituye un patrimonio cuyo propósito exclusivo es respaldar el pago de los derechos conferidos a los tenedores de valores emitidos con cargo a dicho patrimonio. Comprende asimismo, la transferencia de los activos al referido patrimonio y la emisión de los respectivos valores.

PÁRRAFO I.- Los activos sujetos a titularización son de naturaleza heterogénea y de liquidez restringida, tales como créditos hipotecarios, contratos de arrendamientos financieros, créditos de consumo y cuentas por cobrar, entre otros.

PÁRRAFO II.- El patrimonio constituido en el proceso de titularización será independiente del patrimonio común de la persona jurídica titularizadora, debiendo llevar un registro especial y contabilidad independiente por cada patrimonio separado que constituya.

Art.  108.- El proceso de titularización se llevará a cabo por las personas jurídicas autorizadas por ley a ejercer estas funciones, así como por compañías por acciones constituidas con arreglo al Código de Comercio vigente en la República Dominicana, que tengan como objeto exclusivo la adquisición de activos para fines de titularización.

PÁRRAFO.- Estas compañías, las cuales deberán incluir en su razón social la expresión "titularizadora", quedarán sometidas a fiscalización y regulación de la Superintendencia de Valores y se regirán por las disposiciones establecidas en esta ley y su reglamento.

Art.  109.- La venta y adquisición de carteras de crédito de entidades financieras a entidades titularizadoras, estarán sujetas a la legislación bancaria vigente y a las disposiciones establecidas por la Junta Monetaria.

TITULO IV

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

CAPITULO I

DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Art.  110.- Toda persona física o jurídica que infrinja las disposiciones contenidas en la presente ley, su reglamento y las normas establecidas por la Superintendencia de Valores, podrá ser objeto de sanciones administrativas, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales que pudiere corresponderle.

Art.  111.- Para los fines de la presente ley, se entenderá por sanciones administrativas, aquellas que la Superintendencia de Valores está facultada a aplicar directamente a los participantes del mercado de valores, sean de carácter cualitativo o cuantitativo, o ambas a la vez. Para la imposición de la sanción administrativa, la Superintendencia de Valores deberá oír previamente al presunto infractor y tener en cuenta la naturaleza y gravedad de la infracción.

Art.  112.- La Superintendencia de Valores, conforme al reglamento de la presente ley, podrá aplicar sanciones administrativas de carácter cualitativo, como son amonestación verbal o escrita, suspensión o cancelación de actividades, así como sanciones administrativas de carácter cuantitativo. Representada por cargos pecuniarios desde cincuenta mil pesos dominicanos (RD$50,000.00) hasta un millón de pesos dominicanos (RD$1,000,000.00) a:

a)      Los que hicieren oferta pública de valores sin cumplir con los requisitos de inscripción en el registro de valores y de productos que exige esta ley;

b)      Los que sin estar legalmente autorizados utilicen las expresiones "bolsas", "puestos de bolsas", "agentes de valores", "corredores de valores" a que se refieren los artículos 53 y 69 de la presente ley;

c)       Los que proporcionen informaciones sobre su situación económica, o sobre los valores emitan, que induzcan a la adopción de decisiones erradas;

d)      Los que no proporcionen en la forma, con la periodicidad u oportunidad, la información cuya divulgación se exige en los términos de la presente ley, su reglamento y normas complementarias de la Superintendencia de Valores;

e)       Los funcionarios y/o empleados de la Superintendencia de Valores que infrinjan las disposiciones de la presente ley, sus reglamentos y normas que dicte la Superintendencia de Valores;

f)         Los que cometieron cualquier otra violación distinta de las anteriores y que no tenga sanción especialmente señalada en esta ley, que a juicio del Superintendente de Valores sea pasible de sanción administrativa, cuyos casos deberán ser sometidos al Consejo Nacional de Valores para su decisión y autorización.

PÁRRAFO.- En cada caso de reincidencia, los cargos pecuniarios originados por las sanciones administrativas a ser aplicadas, serán por el doble del último cargo pecuniario impuesto, o podrán ser castigados a juicio de la Superintendencia de Valores, según sea el caso, con la inhabilitación temporal,  indefinida o definitiva para ejercer las facultades que esta ley confiere. La inhabilitación definitiva implica la cancelación de la inscripción en el registro del mercado de valores.

Art.  113.- Los cargos pecuniarios que la Superintendencia de Valores imponga a las bolsas, puestos de bolsa, corredores, agentes, empresas que negocien valores a través de oferta pública y demás participantes en el mercado de valores, deberán ser pagados dentro de los quince (15) días siguientes a su notificación y deberán ser depositados en una cuenta especial a favor de la Superintendencia de Valores.

PÁRRAFO I.- En el caso de las personas jurídicas, los cargos deberán ser impuestos, tanto a dichas personas como a los miembros del consejo, funcionarios, administradores, directores, gerentes o representantes, responsables de la infracción cometida.

PÁRRAFO II.- En caso de que las personas no obtemperen al cumplimiento del cargo pecuniario impuesto, la Superintendencia de Valores las constreñirá a ello, a través de las acciones ordinarias legales correspondientes.

CAPITULO II

DE LAS SANCIONES PENALES Y CIVILES

Art.  114.- Para los fines de la presente ley, se entenderá por sanciones penales y civiles, aquellas que aplicarán los tribunales correspondientes a los participantes en el mercado de valores que hayan cometido delito.

Art.  115.- Las violaciones a las disposiciones de la presente ley, de su reglamento o de las normas dictadas por la Superintendencia de Valores, serán castigadas con una multa de quinientos mil pesos dominicanos (RD$500,000.00) a cinco millones de pesos dominicanos (RD$5,000,000.00), o con prisión correccional de seis (6) meses a dos (2) años, o con ambas penas a la vez, según la gravedad de la infracción, independientemente de las indemnizaciones civiles que pudiere acordar el tribunal competente a la parte civil constituida.

En caso de que la violación sea cometida por una persona jurídica, el tribunal correccional aplicará a ésta la sanción de multa y la condenará también al pago de las reparaciones civiles a que hubiere lugar, y al administrador, director, gerente o representante responsable de la misma, le podrá ser aplicada la sanción de prisión correccional y deberá ser condenado además, tanto al pago de la multa así como de las reparaciones civiles a que hubiere lugar. En caso de reincidencia a las violaciones de las disposiciones contenidas en la presente ley, se aplicarán conjuntamente las penas de multa y prisión establecidas en este artículo.

Art.  116.- Serán castigados con una multa de un millón de pesos dominicanos (RD$1,000,000.00) a diez millones de pesos dominicanos (RD$10,000,000.00), o se les impondrá pena de reclusión de dos (2) años a diez (lO) años, o ambas penas a la vez, a:

a)      Los que maliciosamente proporcionen antecedentes falsos o certifiquen hechos falsos a la Superintendencia de Valores, a las bolsas de valores y de productos y al público en general;

b)      Las personas a que se refiere el artículo 12 de la presente ley, que al efectuar transacciones u operaciones de valores, de cualquier naturaleza, en el mercado de valores, para sí o terceros, directa o indirectamente, suministren o hagan uso de información privilegiada;

c)       Los que actuaren como bolsas, intermediarios de valores, calificadoras de riesgo, cámaras de compensación, depósitos centralizados de valores, y demás participantes detallados en el artículo 38 de la presente ley, sin estar inscritos en el Registro del Mercado de Valores y de Productos, o cuando su inscripción hubiere sido suspendida o cancelada;

d)      Los administradores de bolsa, puestos de bolsa, agentes y corredores de valores que expidan certificaciones falsas sobre operaciones que se realicen en bolsas, o en las que hubieren intervenido;

e)       Los contadores o auditores que dictaminen falsamente sobre la situación financiera de una persona sujeta a obligación de registro:

f)       Los directores, administradores y gerentes de un emisor de valores objeto de oferta pública, cuando efectuaren declaraciones maliciosa­mente falsas en la respectiva escritura de emisión de valores de oferta pública, en el prospecto, en los documentos que acompañan la solicitud de inscripción, en las informaciones que proporcione a la Superinten­dencia de Valores, a los tenedores de valores de oferta pública o en las noticias o propagandas divulgadas por ellos al mercado;

g)      Los socios, administradores, gerentes y, en general, cualquier persona que en razón de su cargo o posición en las calificadoras de riesgo, se concertare con otra persona para otorgar una calificación que no corresponda al riesgo de los títulos que califique, así como cuando tengan acceso a información reservada de los emisores calificados y revelen el contenido de dicha información a terceros;

h)      Las personas físicas o jurídicas que incidan en los precios de los valores, a través de cotizaciones o transacciones ficticias, respecto de cualquier valor;

i)       Los que con el objeto de inducir a error en el mercado de valores, difundieren noticias falsas para obtener ventajas o beneficios para sí o terceros;

j)       Los que participen en el mercado de valores, conforme a lo establecido en la presente ley y suministren informaciones falsas;

k)      Los que dejen de cumplir, por razones que les son imputables, con obligación originadas en transacciones de valores en que han tornado parte;

l)       Los directores, administradores, gerentes, y, en general cualquier persona que en razón de su cargo o posición, obtengan lucro indebido o eviten una pérdida, directa o indirectamente, a través de la adquisición y/o enajenación de los valores emitidos por la propia sociedad:

m)     Los directores, administradores, gerentes, y, en general, cualquier persona que en razón de su cargo o posición en un puesto de bolsa o agencia de valores, dispongan intencionalmente de los fondos o de los valores, títulos de crédito o documentos constitutivos recibidos de sus clientes, utilizándolo para fines distintos a los contratados por dichos clientes;

n)      Los funcionarios de las Superintendencias de Valores, de Seguros y de Bancos, del Banco Central de la República Dominicana, así como los miembros del Consejo Nacional de Valores, que amparándose en sus facultades favorezcan a determinados grupos o personas mediante la obtención de beneficios, o perjudiquen a los mismos ocasionando pérdidas pecuniarias, dentro del mercado de valores.

PÁRRAFO I.- Corresponderá a los tribunales competentes de la República Dominicana, determinar las multas o penas aplicables a los infractores que cometan faltas graves en contra de las disposiciones de la presente ley, cuando no estén tipificadas en este artículo

PÁRRAFO II.- En caso de que las personas indicadas no obtemperen al cumplimiento del cargo pecuniario impuesto, la Superintendencia de Valores las constreñirá a ello, a través de las acciones ordinarias legales correspondientes.

Art.  117.- Las acciones penales y civiles a que pueda haber lugar por infracción a las disposiciones de esta ley y de su reglamento, prescriben a los tres (3) años, contados a partir de la fecha en que se haya notificado la infracción al prevenido.

Art.  118.- El Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en atribuciones penales y criminales, tendrá competencia exclusiva para conocer de las infracciones a la presente ley, su reglamento o las normas dictadas por la Superintendencia de Valores.

Art.  119.- La persona física o jurídica que infrinja las disposiciones contenidas en la presente ley, su reglamento y las normas que dicte la Superintendencia de Valores, ocasionando daños a terceros, estará obligada a indemnizar por daños y perjuicios a la persona afectada. Lo anterior no impide la aplicación de las sanciones administrativas o penales que pudieren corresponderle.

Art.  120.- Los recursos originados por las sanciones de carácter indemnizatorio, impuestas por los tribunales en favor de la Superintendencia de Valores, cuando ésta se constituya en parte civil, deberán ser depositados en una cuenta especial a favor de dicha superintendencia.

Art.  121.- La persona física o jurídica que infrinja las disposiciones de la presente ley, su reglamento y las normas que dicte la Superintendencia de Valores, ocasionando daños a otras, estará obligada a indemnizar por daños y perjuicios a la persona afectada. Lo anterior no impide la aplicación de las sanciones administrativas o penales que pudieren corresponderle.

TITULO V

DEL TRATAMIENTO FISCAL

Art.  122.- No estarán sujetos a impuesto alguno, los ingresos por concepto de rendimientos generados por instrumento de renta fija y dividendos percibidos por las inversiones que realicen las personas físicas nacionales, en valores aprobados por la Superintendencia de Valores y negociados a través de las bolsas.

Art.  123.- No estarán sujetos a impuesto alguno los ingresos por concepto de rendimientos generados por instrumentos de renta fija y dividendos percibidos por las Inversiones que realicen los inversionistas extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, en valores aprobados por la Superintendencia de Valores y negociados a través de las bolsas.

Art.  124.- Las operaciones de compra y venta de valores aprobados por la Superintendencia de Valores, así como sus rendimientos, no darán origen a ningún tipo de impuesto de transferencia de títulos o valores, ni a cualquier tipo de retención prevista en el PÁRRAFO I del artículo 309 de la Ley 11-92 y sus modificaciones.

 

TITULO VI

DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS

CAPITULO I

DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES

Art.  125.- El Banco Central de la República Dominicana proporcionará a la Superintendencia de Valores recursos, que serán destinados a la constitución de un fondo que se invertirá en instrumento de bajo riesgo, considerando como primera opción los títulos emitidos por el Banco Central, cuyo rendimiento deberá ser destinado a complementar los ingresos necesarios para cubrir los gastos de dicha Superintendencia. La administración de los ingresos generados por dichos fondos será fiscalizada por el contralor del Banco Central. Una vez la Superintendencia de Valores alcance su independencia económica, el referido fondo será restituido íntegramente al Banco Central de la República Dominicana.

Art.  126.- El Banco Central de la República Dominicana donará a la Superintendencia de Valores el inmueble donde será instalada su sede, así como los muebles y equipos necesarios para iniciar sus operaciones.

Art.  127.- El presupuesto anual de la Superintendencia de Valores deberá ser presentado, para fines de aprobación, a la Junta Monetaria, hasta tanto alcance su independencia económica.

Art.  128.- A partir de la promulgación de la presente ley, se dispone de un periodo no mayor de seis (6) meses para la conformación de la estructura interna de la Superintendencia de Valores y la elaboración del reglamento de la presente ley, delegándose en el Banco Central de la República Dominicana el seguimiento al cumplimiento de este artículo.

CAPITULO II

DE LOS PARTICIPANTES DEL MERCADO DE VALORES

Art.  129.- Las bolsas y los intermediarios de valores existentes antes de la vigencia de esta ley, deberán ajustar su funcionamiento, sus reglamentos y normas, de manera que se acojan a las disposiciones de esta ley y su reglamento. Estos cambios y ajustes deberán realizarse dentro de un plazo que no excederá de un (1) año, contado a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

Art.  130.- Las instituciones existentes en el país que se dediquen a las negociaciones de productos, títulos representativos de productos y operaciones de derivados de productos, a través de mecanismos centralizados, deberán sujetarse a las disposiciones de la presente ley. Sin embargo, mientras realicen únicamente operaciones de contado no estarán sujetos a dicha ley, ni podrán utilizar en su razón social el término bolsa.

Art.  131.- Corresponderá a las bolsas brindar el servicio de compensación a sus miembros, hasta tanto se constituya una cámara de compensación.

Art.  132.- Las emisiones de valores de oferta pública realizadas antes de la aprobación de la presente ley, no podrán ser renovadas o prorrogadas más allá de un (1) año, contado a partir de la entrada en vigencia de la misma.

TITULO VII

DEL REGLAMENTO, DE LAS MODIFICACIONES Y DEROGACIONES

Art.  133 (Transitorio).- El Poder Ejecutivo elaborará y dictará el reglamento de aplicación de la presente ley en un plazo no mayor de 90 días contados a partir de la promulgación de esta ley.

Art.  134.- A partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, quedan modificadas las disposiciones legales siguientes: Artículo 305 de la Ley No. 11-92, del 26 de marzo de 1992, Código Tributario, sobre pagos al exterior en general, para que se excluyan los pagos realizados a los inversionistas extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, que inviertan en valores aprobados por la Superin­tendencia de Valores y negociados a través de las bolsas. PÁRRAFO I del artículo 309 de la Ley No. l1-92, del 26 de marzo de 1992. Código Tributario, sobre el impuesto de 2% al valor de transferencia de títulos y propiedades mobiliarios e inmuebles y el 10% para cualquier otro tipo de renta no contemplado expresamente en dicha disposición legal, en lo relativo a las transacciones de valores aprobados por la Superintendencia de Valores y realizados a través de bolsas. Numeral VI del artículo 2, de la Ley 140-87, del 21 de diciembre de 1987, sobre patentes comerciales e industriales, para que excluya los intermediarios de valores autorizados por la Superintendencia de Valores, del pago del 3% sobre las comisiones de corretaje recibidas.

Art.  135.- A partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, quedan derogadas las leyes siguientes: Ley No.550, del 23 de diciembre de 1964, y sus modificaciones, sobre compañías o entidades que ofrezcan acciones, obligaciones o títulos para su venta al público; Ley No. 3553, del 15 de mayo del 1953, Ley Orgánica de la Bolsa Nacional de Valores; Cualquier otra ley o disposición legal que el fuere contraria.

DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, Palacio del Congreso Nacional, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil; años 157 de la Independencia y 136 de la Restauración.

Rafaela Alburquerque,

Presidenta

                          Ambrosina Saviñón Cáceres,                                             Rafael Angel Franjul Troncoso

                                        Secretaria                                                                                    Secretario

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dieciocho (18) días del mes de abril del año dos mil; años 157 de la Independencia y 137 de la Restauración.

Ramón Alburquerque,

Presidente

                                               Ginette Bournigal de Jiménez          Angel Dinocrate Pérez Pérez

Secretaria                                              Secretario

 





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