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Ley sobre Funciones Públicas de los Cónsules Dominicanos

LEY No. 716

 

Disposiciones Generales y Definiciones

 

Art. 1.- (Modificado por la Ley No. 3960, de fecha 3 de noviembre de 1954, G. O. No. 7764) ,para que rija del siguiente modo: Las actuaciones que realizaren los funcionarios consulares en los casos y dentro de las condiciones previstas en la presente ley, tendrán el carácter inherente a los actos de autoridad pública.

 

Párrafo.- Los cónsules honorados no están investidos de las funciones contenidas en esta disposición, sino en los casos a que se refieren los apartados f) y g) del artículo 2 y el artículo 24, y solamente cuando en su jurisdicción no hubiere misión diplomática o consular rentados de la República.

 

Art. 2.- En consecuencia, los funcionarios consulares podrán:

a)      Ejercer funciones notariales para los actos que deban ser ejecutados en territorio dominicano;

 

b)      Ejercer funciones de Oficial del Estado Civil en los actos que conciernan a dominicanos;

 

c)        Constituir tutelas y cúratelas, y legalizar deliberaciones de consejos de familia, cuando se trate de incapaces de nacionalidad dominicana y para los actos indicados en los artículos 38 y siguientes de esta ley, cuando éstos deban cumplirse en el territorio de la República, teniendo en estos casos las atribuciones que confiere al Alcalde el Título X del Libro 1 del Código Civil;

 

d)      Practicar todos los actos conservatorios sobre bienes relictos por dominicanos que fallecieren dentro de la jurisdicción consular, así como los concernientes a la apertura de la sucesión, la administración del patrimonio sucesoral y a los de la liquidación de los bienes Hereditarios, dentro de las condiciones previstas más adelante;

 

e)      Dictar laudos en los casos en que, de acuerdo con las disposiciones de la presente ley, fueren nombrados árbitros en las controversias que se suscitaren entre dominicanos;

 

f)         Dar constancia de su actuación cuando recibieren el encargo de la autoridad competente dominicana de notificar actos de alguacil dentro de su jurisdicción; y

 

g)      Legalizar los documentos de sobordo y las facturas de embarque que deban ser suscritos en relación con las naves que desde su jurisdicción se despacharen con destino al país.

 

Art. 24.- A los efectos del cumplimiento de las disposiciones del artículo tercero de la presente ley, los funcionarios consulares legalizarán las firmas de las autoridades de su jurisdicción, notarios y demás oficiales públicos, siempre que dichas firmas sean puestas en su presencia, o estuvieran registradas en el consulado o fueren conocidas por el funcionario actuante.

 

Párrafo.- Esta legalización cuando se trate de actos emanados de particulares, no podrá ser realizada por los funcionados consulares sino en el caso en que las firmas sean puestas en su presencia.

 

CAPITULO III

De los actos del Estado Civil

 

Los funcionarios consulares ejercerán, dentro de sus respectivas jurisdicciones, las atribuciones que correspondan a los Oficiales del Estado Civil, conformándose a las disposiciones del Código Civil y demás leyes vigentes al respecto; con las limitaciones previstas en los artículos siguientes.

 

Art. 26.- En todo cuanto concomiere a las funciones a que se refiere este capítulo, los funcionarios consulares estarán sujetos a la jurisdicción del Presidente de la Junta Central Electoral, quien dictará as instrucciones que procedieren para el más eficaz cumplimiento de las normas legales por parte de dichos funcionarios.

 

Párrafo.- Tanto el Presidente de la Junta Central Electoral como los funcionarios consulares usarán, para los fines de aplicación de la disposición anterior, la vía de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores.

 

Art. 27.- Los funcionarios consulares levantarán un acta en que se dejará constancia de haber recibido copias de las actas de nacimiento, defunción o matrimonio ocurrido en los buques y aviones durante su travesía, que hayan sido depositadas en el consulado. Copias certificadas del acta de constancia ante dicha serán enviadas a la Junta Central Electoral y a la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores.

 

Art. 28.- Los funcionarios consulares no autorizarán matrimonios sin que los contrayentes hubieren depositado sendos certificados de salud, expedidos de acuerdo con la Ley No. 116, del 6 de noviembre de 1942, y con las sanciones establecidas en la misma.

 

Art. 29.- La obligación de publicar proclamas o edictos con anterioridad a la celebración del matrimonio, establecida del párrafo 5 al lo del artículo 58, de la Ley No. 659, sobre actos del Estado Civil, no regirá para los que fueren afectados por los funcionarios consulares.

 

Art. 30.- En las actas de matrimonio, los funcionarios consulares darán constancia de la advertencia que hicieren a los contrayentes sobre el cumplimiento de las disposiciones del apartado 15 del artículo 58 de la Ley No. 659.

 

Art. 31.- Cuando los funcionarios consulares fueren puestos en conocimiento de la oposición al matrimonio hecha según las disposiciones y en los casos indicados en los artículos 58 apartados 17 y 60 de la Ley No. 659, se abstendrán de efectuar el matrimonio de que se trate, e inmediatamente, por propia autoridad, levantarán un acta en que se compruebe el cumplimiento de este artículo, la cual, en copias certificadas, será notificada a la Junta Central Electoral y a la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores.

 

Art. 32.- Los funcionarios consulares tienen capacidad para recibir las actas de reconocimiento de hijos naturales de que trata el artículo 334 del Código Civil.

 

Párrafo.- Una copia certificada del acta será comunicada, en la misma fecha en que fuere instrumentada a la Junta Central Electoral, para los fines del artículo 62 del mismo Código.

 

Art. 33.- Los casos de rectificación de actas del Estado Civil instrumentadas por los funcionarios consulares, cuando fuere procedente, serán decididos por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de la residencia del imperante.

 

Art. 34.- Esta misma competencia regirá para los casos de que tratan los artículos 31, 40 y 41 de la Ley No. 659 sobre actos del Estado Civil.

 

Art. 35.- En caso de que los funcionarios consulares al levantar un acta de defunción, sospecharen que la muerte ha sido producida por agentes criminales, deberán denunciarlo a las autoridades Judiciales de su jurisdicción a las cuales suministrarán todos los informes de que dispusieren, para que se proceda a la investigación del caso conforme a las leyes.

 

Art. 36.- Al fin de cada año, los funcionarios consulares cerrarán sus registros y formularán, separadamente, un índice de cada clase de actos; éstos índices, en copias certificadas, serán comunicados durante el primer trimestre del año subsiguiente a la Junta Central Electoral, a la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores y a la Embajada o Legación dentro de cuya jurisdicción funcionare el consulado, sí la hubiere.

 

Párrafo.- Si no hubieren levantado actas de cualesquiera de las clases antes mencionadas, se enviarán copias certificadas del acta que los funcionarios consulares formalizarán dando cuenta de esta circunstancia.

 

Art. 37.- Las sanciones previstas por las leyes vigentes para castigar el incumplimiento de las disposiciones atinentes al Estado Civil, son aplicables a los funcionarios consulares.

 

PROMULGADA el día 9 de octubre del año 1944, G. O. 6160.



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