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SEGUNDA PARTE

 

LEY No.72-02 SOBRE LAVADO DE ACTIVOS

 

SECCIÓN IV

DECOMISO DE BIENES Y SU DESTINO

Art. 31. Cuando una persona sea condenada por violación a la presente ley, el tribunal ordenará que los bienes/ productos e instrumentos relacionados con la infracción sean decomisados y destinados conforme a esta ley.

 

Párrafo I: La orden de decomiso especificará la propiedad y contendrá los datos correspondientes para identificar y localizar la misma.

 

Párrafo II: Cuando las propiedades obtenidas o derivadas/ directa o indirectamente de un delito han sido mezcladas con propiedades adquiridas de forma lícita/ el decomiso de éstas será ordenado sólo por el valor de los bienes producto o instrumento del delito.

 

Art. 32. Cuando cualquiera de los bienes/ productos o instrumentos/ como resultado de cualquier acto u omisión del condenado/ no pudieren ser decomisados/ el tribunal ordenará el decomiso de cualesquiera otros bienes del condenado/ por un valor equivalente u ordenará al mismo que pague una multa por dicho valor.

 

Art. 33. Con los bienes/ productos o instrumentos decomisados conforme a las disposiciones de esta ley/ que no deban ser destruidos ni resulten perjudiciales para la sociedad/ se procederá de la manera siguiente:

 

a) Cuando se trate de bienes decomisados provenientes del tráfico ilícito de drogas/ el Comité Nacional contra el Lavado de Activos los destinará de la manera siguiente:

 

1) 15% (quince por ciento) para las instituciones dedicadas a la regeneración de los adictos a las drogas.

 

2) 50% (cincuenta por ciento) para la Dirección Nacional de Control de Drogas/ para ser utilizados conforme a sus necesidades.

 

3) 35% (treinta y cinco por ciento) para el Consejo Nacional de Drogas/ para prevenir y educar contra el uso de las drogas.

 

En los casos en que en el proceso de investigación de la infracción hayan participado autoridades de otros países u organismos internacionales, el Estado dominicano podrá convenir con los demás Estados u organismos internacionales el destino del producto de los bienes decomisados. En el presente caso el producto correspondiente al Estado Dominicano se distribuirá conforme a los numerales 1,2 y 3 del presente acápite.

 

b) En los casos de los bienes, productos o instrumentos decomisados que provengan de las demás infracciones graves previstas en la presente ley/ serán destinados de la manera siguiente:

 

1) El 50% (cincuenta por ciento) para las instituciones mencionadas en los numerales 1,2 y 3 del acápite a) del presente artículo/ en la misma proporción;

 

2) El 50% (cincuenta por ciento) restante se destinará al Fondo General de la Nación.

 

 

 

SECCIÓN V

DE LOS TERCEROS DE BUENA FE

Art. 34. La incautación de bienes, productos, instrumentos/ inmovilización de fondos relacionados con el lavado de activos o incremento patrimonial obtenidos o derivados de actividad delictiva se aplicará sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe.

 

Art. 35. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la incautación de los bienes/ productos o instrumentos e inmovilización de fondos obtenidos o derivados de las infracciones sancionadas por la presente ley, el Ministerio Público dispondrá su publicación una vez por semana/ durante tres (3) semanas consecutivas, en un diario de amplia circulación nacional, a fin de que todos aquellos que pudieren alegar un interés legítimo sobre los bienes, productos e instrumentos se presenten a hacer valer sus derechos.

 

Art. 36. El tribunal competente, así como el Ministerio Público en la situación prevista en el artículo 35 de esta ley dispondrá la devolución al reclamante de los bienes, productos e instrumentos incautados o decomisados cuando se haya acreditado y concluido que:

 

a) El reclamante tiene un interés jurídico legítimo respecto de los bienes, productos o instrumentos;

 

b) Al reclamante no puede imputársele ningún tipo de participación, colusión o implicación con respecto a un delito de tráfico ilícito u otra infracción grave, objeto del proceso;

 

c) El reclamante desconocía la adquisición o el uso ilegal de los bienes, productos o instrumentos o bien teniendo conocimiento de esto/ no consintió voluntariamente en la adquisición o uso ilegal de los mismos;

 

d) El reclamante no adquirió derecho alguno a los bienes, productos o instrumentos de la persona procesada en circunstancias que llevaran razonablemente a concluir que el derecho sobre aquello le fue transferido a los efectos de evitar

el eventual decomiso posterior de los mismos/ y

 

e) El reclamante hizo todo lo razonable para impedir el uso ilegal de los bienes, productos o instrumentos.

 

Art. 37. Cuando un tercero de buena fe reclame la devolución de una activo sujeto a depreciación, adquirido por un procesado bajo la modalidad de financiamiento/ el reclamante deberá devolver a la

Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados el valor neto de los pagos realizados por el procesado con cargo a dicho financiamiento.

 

Párrafo: Se entiende por valor neto el monto de los pagos realizados/ menos la depreciación que corresponda/ conforme a la tabla de depreciación vigente en la Dirección General de impuestos

Internos, así como gastos financieros/ legales y de constitución de provisiones.

 

 

CAPITULO IV

DE LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL

LAVADO DE ACTIVOS

 

SECCIÓN I

SUJETOS OBLIGADOS

 

Art. 38. Quedan sujetas a las obligaciones establecidas en este capítulo:

 

a) Las entidades financieras legalmente reguladas;

 

b) Las personas físicas o morales dedicadas al corretaje o intermediación de títulos o valores/ de inversiones y de ventas a futuro;

 

c) Las personas físicas o morales que intermedien en el canje de divisas (agentes de cambio/ canjeadores);

 

d) Banco Central de la República Dominicana.

 

Art. 39. Se asimilarán a las instituciones financieras las personas físicas o morales que realicen/ entre otras/ las siguientes actividades:

 

a) Operaciones sistemáticas de canje de cheques u otro tipo de valor negociable;

 

b) Operaciones sistemáticas de emisión, venta o rescate de cheques de viajeros o giro postal/ la emisión de tarjetas de créditos o débitos y otros instrumentos similares.

 

c) Transferencias sistemáticas de fondos, sea por vía de las entidades financieras, por correos especiales/ por medios electrónicos o cualquier otro medio (agentes de cambios, remesadores).

 

d) Cualquier entidad que preste servicios financieros internacionales (offshore).

 

Art. 40. Quedan también sujetas a las obligaciones establecidas en el presente capítulo las personas físicas o jurídicas que ejerzan otras actividades profesionales o empresariales particularmente susceptibles de ser utilizadas para el lavado de activos. Se considerarán como tales:

 

a) Los casinos de juego;

 

b) Las actividades de promoción inmobiliaria o compraventa de inmuebles;

 

c) Las empresas o personas físicas que de forma habitual se dediquen a la compra y venta de artículos;

 

d) Compañías y corredores de seguros;

 

e) Las actividades comerciales que/ atendiendo a la utilización habitual de billetes u otros instrumentos al portador como medio de cobro/ al alto valor unitario de los objetos o servicios ofrecidos/ o a otras circunstancias relevantes. Sin que sea limitativa/ entre esas actividades figuran la compra y venta de armas de fuego/ metales/ artes/ objetos arqueológicos/ joyas/ barcos/ aviones;

 

f) Los servicios profesionales;

 

g) Cualquier otra actividad comercial que/ por la naturaleza de sus operaciones/ pueda ser utilizada para el lavado de activos.

 

SECCIÓN II

OBLIGACIONES

 

Art. 41. Los sujetos obligados quedarán sometidos a las obligaciones siguientes:

 

1) Identificación de clientes: Identificar a sus clientes mediante la cédula de identidad y electoral o pasaporte para el caso de extranjeros al momento de entablar relaciones de negocio. La veracidad de estos documentos será confirmada mediante los medios correspondientes para tales fines. Se prohiben las cuentas anónimas o simuladas.

 

2) Identificación de terceros beneficiarios: Si no hay certeza de que un cliente está actuando de parte de un tercero, el sujeto obligado debe buscar información por todos los medios posibles/ para determinar la verdadera identidad del depositante por quien el cliente está interviniendo.

 

Profesionales liberales: Si el cliente es un profesional liberal que actúa en el ejercicio de su profesión como intermediario financiero/ el mismo no podrá invocar el secreto profesional para rechazar/ revelar la identidad de la tercera parte de la transacción.

 

Reporte de transacciones en efectivo:

 

Comunicar/ dentro de los primeros quince (15) días de cada mes, mediante formularios o a través de soporte magnético a la Unidad de Análisis Financiero/ vía la Superintendencia de Bancos/ para las instituciones que estén bajo la supervisión de esta entidad/ todas las transacciones en efectivo realizadas en el mes anterior que superen la cantidad de diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US$10,000.00) u otra moneda extranjera o su equivalente en moneda nacional/ calculado en base a la tasa oficial de cambio establecida por el Banco Central de la República. Las transacciones múltiples en efectivo realizadas en una o más oficinas de la misma entidad, que en su conjunto superen la cantidad de diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US$10,000.00) u otra moneda extranjera o su equivalente en moneda nacional/ serán agrupadas y consideradas como una transacción única si son realizadas en beneficio de una misma persona, física o moral/ durante un día laborable. En tal caso/ dichas transacciones deberán ser reportadas a la Unidad de Análisis Financiero.

 

Transacciones sospechosas: Examinar/ con especial atención, cualquier operación/ con independencia de su cuantía/ que/ por su naturaleza/ pueda estar vinculada al lavado de activos Particularmente/ son consideradas transacciones sospechosas aquellas que sean complejas/ insólitas/ significativas frente a todos los patrones no habituales.

 

Estas transacciones serán reportadas para fines de investigación a la Unidad de Análisis Financiero. En estos casos/ el sujeto obligado deberá requerir información al cliente sobre el origen/ el propósito de la transacción y la identidad de las partes involucradas en la misma.

 

Conservar documentos: Conservar durante un período mínimo de diez (10) años los documentos que acrediten adecuadamente la realización de las operaciones y la identidad de las personas físicas o morales que las hubieren realizado o que hubieren entablado relaciones de negocio con la entidad.

 

Colaboración con el Comité Nacional contra el Lavado de Activos: Colaborar con el Comité Nacional contra el Lavado de Activos/ y a tal fin: a) Comunicar por iniciativa propia, en el plazo que determine el reglamento/ cualquier hecho u operación respecto al que exista indicio o certeza de que está relacionado con el lavado de activos; y b) facilitar la información que el Comité Nacional contra el Lavado de Activos requiera en el ejercicio de su competencia.

 

Confidencialidad: No relevar al cliente ni a terceros que se ha transmitido la información a la Autoridad Competente/ o que se está examinando alguna operación por sospecha de estar vinculada al lavado de activos.

 

Procedimientos y órganos de control interno: Establecer procedimientos y órganos adecuados de control interno y de comunicación/ a nivel gerencial/ a fin de prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con el lavado de activos. La idoneidad de dichos procedimientos   y órganos será supervisada por la Superintendencia de Bancos en el caso de las instituciones financieras reguladas, la cual podrá proponer las medidas correctoras oportunas y asesorar en cuanto a su aplicación.

 

10) Conocimiento de los empleados de las obligaciones que impone esta ley: Adoptar las medidas oportunas para que los empleados y funcionarios de la entidad tengan conocimiento de las exigencias derivadas de esta ley.

 

SECCIÓN III

SANCIONES ADMINISTRATIVAS

 

Art. 42. Los sujetos obligados podrán incurrir en sanciones administrativas/ dependiendo de la naturaleza de la falta/ independientemente de las sanciones penales que les sean aplicables a sus empleados/ funcionarios y directores por las infracciones previstas en esta ley.

 

Art. 43. Constituye una falta grave la violación, por parte de los sujetos obligados/ a las obligaciones previstas en el artículo 41 de esta ley.

 

Art. 44. El sujeto obligado que incurra en una falta a las previsiones de esta ley será sancionado con una amonestación privada o una multa no menor de cincuenta (50) salarios mínimos ni mayor de ciento cincuenta (150) salarios mínimos.

 

Párrafo: Independientemente de la sanción que le corresponda al sujeto obligado por la comisión de la falta, se impondrá al funcionario o empleado directamente responsable del incumplimiento de la obligación, amonestación privada o suspensión temporal en el cargo, así como una multa no menor de cincuenta (50) salarios mínimos ni mayor de ciento cincuenta (150) salarios mínimos.

 

Art. 45. En caso de reincidencia, el sujeto obligado podrá, además/ ser sancionado con una amonestación pública y/o la revocación del acto administrativo que le autorizó a operar. De igual manera, los funcionarios o empleados del sujeto obligado responsables de la falta, serán sancionados con la destitución y multa de hasta ciento cincuenta (150) salarios mínimos y la inhabilitación para trabajar en otro sujeto obligado.

 

Art. 46. A fin de garantizar la razonabilidad de la sanción administrativa que sea aplicable al sujeto obligado por la falta grave cometida/ la autoridad administrativa competente para su aplicación tomará en consideración las siguientes circunstancias:

 

a) Las ganancias obtenidas por el sujeto obligado como consecuencia de las acciones u omisiones constitutivas de la falta;

 

b) La circunstancia de haber procedido a subsanar la falta por propia iniciativa;

 

c) Las sanciones firmes por faltas graves impuestas al sujeto obligado en los últimos cinco (5) años;

 

d) La evidencia de un adecuado control en materia de prevención de lavado de activos, como resultado de la inspección realizada por la autoridad competente en materia bancaria;

 

e) Evidencia por parte del banco del conjunto de medidas y herramientas implementadas para prevenir ser utilizadas para actividades de lavado de activos/ los cuales demuestren la existencia de un adecuado control en esta materia.

 

Art. 47. Cuando la sanción administrativa sea aplicable al funcionario o empleado responsable del sujeto obligado/ se tomarán en consideración las siguientes circunstancias:

 

a) El grado de responsabilidad en los hechos constitutivos de la falta;

 

b) Su conducta anterior en la entidad inculpada o en otra/ en relación con las exigencias previstas en la ley;

 

c) El carácter de la representación que el interesado ostente.

 

Art. 48. La Superintendencia de Bancos es la entidad competente para la imposición de la sanción administrativa/ cuando se trate de falta cometida por un sujeto obligado sometido a su supervisión/ o de su funcionario o empleado, quedando bajo la competencia de la Junta Monetaria proceder a conocer del recurso de apelación interpuesto por la persona sancionada en los treinta (30) días siguientes a la notificación de la sanción para revocarla o confirmarla en un plazo de treinta (30) días.

 

Art. 49. La Dirección General de Impuestos Internos será el órgano público competente para la imposición de la sanción administrativa cuando se trate de falta cometida por un sujeto obligado no sometido a la supervisión de la Superintendencia de Bancos/ o de sus funcionarios o empleados. El Secretario de Estado de Finanzas tendrá facultad para conocer el recurso interpuesto por el interesado dentro del plazo de treinta (30) días siguientes a la notificación de la sanción administrativa/ sanción que podrá ser revocada o confirmada.

 

Art. 50. La decisión de la Junta Monetaria y del Secretario de Estado de Finanzas/ con motivo del recurso interpuesto por el sujeto obligado o su funcionario empleado, estará investida de la característica de ejecutividad y ejecutoriedad de los actos administrativos.

 

Art. 51. Los órganos públicos competentes a los casos señalados no podrán/ a pena de nulidad/ imponer ninguna de las sanciones administrativas previstas en esta ley a los sujetos obligados/ sus funcionarios o empleados/ sin previamente notificarles de forma detallada la falta grave, y de concederles un plazo no menor de quince (15) días para que expongan sus consideraciones al respecto.

 

Art. 52. El monto de las multas a los sujetos obligados será traspasado/ dentro de los diez (10) días siguientes a su cobro, al Comité Nacional contra el Lavado de Activos para que lo destine conforme a lo que establece la presente ley.

 

Art. 53. Cuando por causa de falta grave cometida se incurra en una de las infracciones previstas en el artículo 3 de esta ley, el procedimiento administrativo sancionador quedará sobreseído hasta tanto intervenga sentencia con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada en el aspecto penal.

 

CAPITULO V

DEL COMITÉ NACIONALC ONTRA EL LAVADO

DE ACTIVOS

 

Art. 54. Con el fin de impulsar/ coordinar y recomendar políticas de prevención/ detección y represión del lavado de activos/ se crea el Comité Nacional de Lavado de Activo.

 

Art. 55. Son atribuciones del Comité Nacional contra el Lavado de Activos:

 

a) Coordinar los esfuerzos del sector público y privado dirigidos a evitar el uso de nuestro sistema económico/ financiero/ comercial y de servicio para el lavado de activos;

 

b) Analizar y evaluar la puesta en práctica de disposiciones legales y reglamentarias contra el lavado de activos y sus resultados;

 

c) Recomendar al Poder Ejecutivo cuantas medidas legales y administrativas se consideren necesarias para fortalecer los mecanismos, normas y procedimientos de prevención e investigación del lavado de activos;

 

d) Velar por un eficaz funcionamiento del sistema de registros y análisis de las informaciones que suministren los sujetos obligados. Para estos fines se crea/ bajo su dependencia, una unidad técnica denominada Unidad de Análisis Financiero;

 

e) Velar para que lleguen en tiempo oportuno a los responsables de la investigación del delito las informaciones de transacciones financieras que, a juicio de la Unidad de Análisis Financiero/ tengan sospechas de ilicitud;

 

f) Desarrollar campañas de educación ciudadana sobre las consecuencias perjudiciales en lo económico/ político y social que conlleva el lavado de activos;

 

g) Coordinar y desarrollar programas de adiestramiento y capacitación para los funcionarios públicos del Poder Judicial, Ministerio Público, de los organismos de supervisión/ análisis e investigación de la infracción del lavado de activos y cualquier otro organismo a fin;

 

h) Elaborar el presupuesto anual de ese Comité/ la Unidad de Análisis Financiero y la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados.

 

Art. 56. El Comité Nacional contra el Lavado de Activos estará presidido por el Presidente del Consejo Nacional de Drogas e integrado por el Magistrado Procurador General de la República, el Secretario de Estado de Finanzas/ el Superintendente de Bancos y

el Presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Las funciones de los miembros del Comité Nacional contra el Lavado de Activos son honoríficas.

 

Art. 57. La Unidad de Análisis Financiero es el organismo ejecutor del Comité Nacional contra el Lavado de Activos. Entre sus funciones están: recibir/ solicitar/ analizar y difundir a las autoridades competentes los reportes de transacciones financieras sospechosas y los reportes de transacciones en efectivo superiores a diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US$10,000.00), en otra moneda extranjera o su equivalente en moneda nacional. Además/ brindar apoyo técnico a las demás autoridades competentes/ en cualquier fase del proceso de investigación. El Director de esta Unidad será nombrado por el Comité Nacional contra el Lavado de Activos y debe reunir las condiciones siguientes: grado de licenciatura en cualquier carrera de las ciencias económicas y tener por lo menos treinta (30) años de edad y cinco (5) años de experiencia en el área de Análisis Financiero, no tener antecedentes delictivos y hallarse en el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos.

 

Art. 58. Se crea/ adscrita al Comité Nacional contra el Lavado de Activos/ la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados, cuyo Director será designado por el Poder Ejecutivo/ quien a su vez/ recomendará al Comité la designación del personal a su cargo.

 

Art. 59. La Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados tendrá por objeto esencial la custodia/ administración y venta de los bienes incautados y decomisados con motivo de la comisión de cualquiera de las infracciones definidas en esta ley. Estará igualmente facultada para contratar con empresas privadas/ nacionales o extranjeras/ la administración de las propiedades incautadas. El Poder Ejecutivo/ al dictar el reglamento para el funcionamiento de esta oficina/ incluirá el procedimiento para la venta en pública subasta en los casos previstos en el artículo 14 de esta ley.

 

Art. 60. El Poder Ejecutivo incorporará en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos de cada año/ una partida para los gastos de operaciones del Comité Nacional contra el Lavado de Activos/ la Unidad de Análisis Financiero y la Oficina de Custodia y

Administración de Bienes Incautados y Decomisados.

 

CAPITULO VI

DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

 

Art. 61. Con la finalidad de facilitar las investigaciones y actuaciones con relación a las infracciones sancionadas por la presente ley/ la Autoridad Competente podrá prestar y solicitar asistencia a la autoridad competente de otros Estados para los fines siguientes:

 

a) Recibir los testimonios;

 

b) Presentar documentos judiciales;

 

c) Efectuar inspecciones o incautaciones;

 

d) Examinar e inspeccionar objetos y lugares;

 

e) Facilitar información y elementos de prueba;

 

f) Entregar copias auténticas de documentos y expedientes relacionados con el caso/ documentación bancaria/ financiera/ comercial, social y de otra naturaleza;

 

g) Identificar o detectar instrumentos y elementos con fines probatorios;

 

h) Cualquier otra forma de asistencia.

 

Art. 62. La Autoridad Competente de la República Dominicana cooperará y tomará con las autoridades competentes de otros Estados/ las medidas apropiadas a fin de prestarse asistencia relacionadas con los delitos especificados en esta ley/ de conformidad con la Constitución de la República, las disposiciones legales/ las normas del derecho internacional y los convenios suscritos o adheridos por el país en la materia y ratificados por el Congreso Nacional.

 

Art. 63. La Autoridad Competente de la República Dominicana conocerá y adoptará las medidas apropiadas, en relación a la solicitud de autoridad competente de otro Estado, para identificar/ detectar/ incautar los bienes/ productos o instrumentos relacionados con las infracciones de lavado de activos sancionada por la presente ley/ de conformidad con la Constitución de la República y las Leyes.

 

Art. 64. La sentencia dictada por un juez o tribunal competente de otro Estado, con relación a una infracción de lavado de activos que ordene el decomiso de bienes, productos o instrumentos situados en la República Dominicana/ podrá ser homologada por el tribunal competente del país/ al tenor del principio de reciprocidad consignado en los acuerdos multilaterales y bilaterales de los que el país haya suscrito o adherido en la materia y ratificado por el Congreso Nacional.

 

Art. 65. La cooperación internacional/ en relación con los delitos previstos en esta ley/ debe ser aplicada en concordancia con los alcances/ procedimientos y normas establecidas en los acuerdos bilaterales y multilaterales que el país haya suscrito o adherido en la materia y ratificado por el Congreso Nacional.

 

Art. 66. La cooperación internacional podrá ser denegada por las Autoridades Competentes de la República Dominicana, si la misma no ha sido requerida en concordancia con los alcances, procedimientos y normas establecidos en los acuerdos multilaterales y bilaterales que el país haya suscrito o adherido en la materia y ratificado por el Congreso Nacional.

 

CAPITULO VII

DISPOSICIONES GENERALES

 

Art. 67. El Poder Ejecutivo dictará en un período de noventa (90) días a partir de la promulgación de esta ley, el reglamento para su ejecución y aplicación.

 

Art. 68. La presente ley modifica el literal e) del artículo 10 de la Ley 50-88, de fecha 3 de mayo de 1988, modificada por la Ley No. 17-95, del 17 de diciembre de 1995, para que rece de la manera siguiente: “e) La incautación de los bienes y beneficios derivados del tráfico ilícito de drogas y sustancias prohibidas por la ley”.

 

Art. 69. La presente ley deroga y sustituye la Ley No. 55-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico ilícito de Drogas; del 26 de abril del 2002; el párrafo del artículo 76 y los artículos del 99 al 115 de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana/ del 30 de mayo de 1988, modificada por la Ley No. 17-95, del 17 de diciembre de 1995; la letra h) del artículo 20 de la ley 87-01, del 10 de mayo del 2001, sobre Sistema Dominicano de Seguridad Social; el capítulo VI del Decreto 288-96, que establece el reglamento de la Ley No. 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana, y el Decreto No. 235-97/ que crea/ bajo la dependencia del Consejo Nacional de Drogas/ la Oficina Encargada de la Custodia y Cuidado de los Bienes Incautados, así como cualquier otra ley o parte de ley que le sea contraria.

 

Aprobada por la Cámara de Diputados en fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil dos (2002).

 

Aprobada por el Senado de la República en fecha cuatro (4) de junio del año dos mil dos (2002).

 

PROMULGADA POR EL ING. HIPÓLITO MEJIA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA/ EN FECHA SIETE (7) DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DOS (2002)


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