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LEY 91, QUE INSTITUYE EL COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

 

EL CONGRESO NACIONAL

En Nombre de la República

 

NUMERO 91

 

CONSIDERANDO: Que la institución por Ley del Colegio de Abogados de la República constituye una perentoria necesidad para todo el país, a los fines de establecer cánones de conducta y eficiencia que le permitan a la sociedad dominicana esperar de los abogados un ejercicio profesional idóneo;

 

CONSIDERANDO: Que las normas morales atinentes al ejercicio de las profesiones jurídicas, así como el óptimo nivel técnico legal de las mismas no se han visto suficientemente garantizadas ni por las disposiciones del capítulo 20 de la Ley de Organización Judicial ni, asimismo por el Reglamento para la Policía de las profesiones jurídicas;

 

CONSIDERANDO: Que en este orden de ideas, es Necesario que el Estado a través de su poder correspondiente, legisle de una manera tal que instituya una corporación de derecho público interno y de carácter autónomo que, en una forma mandatoria establezca un instrumento legal cuyas disposiciones aseguren a los profesionales del derecho una autogestión que someta sus ejercicios a exigencias morales y técnicas acordes con los mejores intereses del sector que ellos representan de toda la sociedad en general;

 

CONSIDERANDO: Que el Colegio de Abogados de la República que debe instruirse por ley vendría a garantizar la función social y moral del ejercicio de la profesión jurídica, así como a establecer normas, procedimientos e instituciones de asistencia, socorro y atención a las necesidades de los abogados y sus familiares, tanto en el orden material como en el orden social y espiritual:

 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

 

Art. 1.- Por la presente Ley se instituye el Colegio de Abogados de la República, como corporación de derecho público interno de carácter autónomo y con personalidad jurídica propia, el cual tendrá su sede y domicilio principal en la ciudad de Santo Domingo.

 

Art. 2.- Los fines del Colegio son los siguientes:

 

A.- Organizar y unir a los abogados de la República estimulando el espíritu de solidaridad entre sus miembros.

 

B.- Defender los derechos de los abogados y el respeto y la consideración que merecen y se merecen entre ellos, así como los intereses morales, intelectuales y mátenlos de su profesión.

 

C.- Adoptar un código de Ética Profesional.

 

D.- Impulsar el perfeccionamiento del orden jurídico, procurando el progreso de la legislación mediante el estudio profundo y sistemático de la ciencia jurídica en todas sus vertientes y especialidades.

 

E.- Mantener relaciones con las demás entidades de orden profesional del país, así como con las similares del extranjero, persiguiendo una amplia y eficaz colaboración con las mismas.

 

F.- Asistir y orientar a los abogados recién graduados, en todos los problemas relativos al ejercicio profesional.

 

G.- Promover y obtener la ayuda mutua de sus miembros; concertar toda clase de seguros que puedan ampararlos en casos de enfermedad, invalidez o cualquier otro riesgo, así como sus familiares en caso de muerte u otras causas atendibles.

 

H.- Establecer un servicio permanente y gratuito de asistencia y defensa de las personas de escasos recursos económicos, de acuerdo con el reglamento que dictará al efecto.

 

I.- Prestar asesoría a los órganos del Congreso Nacional, de manera espontánea o cuando ello le fuere requerido, a título de información u observación en torno a proyectos de leyes o reformas de las mismas.

 

Art. 3.- Para la consecución de sus fines, el COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPÚBLICA tendrá facultad:

 

a) Para existir a perpetuidad bajo ese nombre, demandar y ser demandado, así como para ejercer todos los derechos que corresponda a una persona moral.

 

b) Para poseer y usar un sello que sólo será modificado por expresa decisión asumida por el Colegio.

 

c) Para adquirir derechos y bienes; Tanto muebles como inmuebles, por donación, compra o por cualquier otro modo, poseerlos, disponer de los mismos de cualquier forma, siempre dentro de los mecanismos institucionales permitidos y reconocidos en el Estatuto Orgánico del Colegio.

 

d) Para adoptar su Estatuto Orgánico, el cual será obligatorio para todos los miembros del Colegio según lo disponga la Asamblea prevista en el artículo 14 de esta Ley, o, en su defecto, la Junta que más adelante se establece, así como para enmendar dicho Estatuto en la forma y mediante los requisitos que en el mismo se estatuyan.

 

e) Para nombrar directores y funcionarios en el seno de sus organismos.

 

f) Para recibiré investigar las quejas que se formulen respecto a la conducta de los miembros en ejercicio de la profesión, pudiendo si encontrare causa fundada, incoar el correspondiente procedimiento y proveer, por sí mismo, sanciones en jurisdicción disciplinarias, conforme las disposiciones correspondientes de su código de ética.

 

Queda expresamente derogado por esta Ley el artículo 142 de la Ley de Organización Judicial. Las decisiones intervenidas en materia disciplinaria podrán ser apeladas por ante la Suprema Corte de Justicia.

 

g) Para proteger a sus miembros en el ejercicio de la profesión y, mediante la creación de cajas de retiro,  socorro, sistemas de seguros, fondos especiales, cooperativas o en cualquier otra forma, para asistir a aquellos que se retiren por inhabilidad física o mental, avanzada edad, así como a los herederos o a los beneficiarios de los que fallezcan.

 

h) Para crear centros de capacitación y especialización profesional, de recreación, bibliotecas, comedores, publicaciones y otras obras de carácter social y cultural para promover el desarrollo integral de sus miembros.

 

i) Mantener vivo el culto de la justicia y propugnar por el respeto de la Constitución y de las Leyes y por el mejoramiento de la organización judicial y administrativa.

 

j) Para realizar todos los actos que fueren necesarios o convenientes a los fines de su creación y que no estuvieren en desacuerdo con la Ley.

 

 

CAPITULO II

DE LOS MIEMBROS

 

Art. 4.- Serán miembros del Colegio de Abogados de la República, todos los abogados que estén admitidos a postular ante los tribunales de la República y cumplan los deberes que esta ley señala y los que se establezcan en el Estatuto, Código de Ética Profesional o cualesquiera otras disposiciones que adopte la Asamblea General.

 

PÁRRAFO I: A los efectos de la presente ley, se considerará abogado a toda persona física, nacional o extranjera, que haya obtenido título de abogado en la República, o revalidado el que haya sido expedido en el extranjero, o aquellos abogados de otros países cuyos gobiernos mantuvieren con el de nuestro país instrumentos jurídicos en los que se establezca la reciprocidad en el ejercicio profesional.

 

PÁRRAFO II: Para tener el derecho a ejercer la profesión de Abogado se requerirá estar inscrito como miembro activo del Colegio de Abogados de la República Dominicana.

 

CAPITULO III

DE LA ORGANIZACIÓN

 

Art. 5.- Regirá los destinos del Colegio, en Primer término su Asamblea General; y en Segundo término su Junta Directiva,  la cual será elegida por la Asamblea General.

 

Art. 6.- El Estatuto Orgánico establecerá el número de funcionarios de la Junta Directiva y de una Seccional en cada Distrito Judicial, los cuales habrán de elegirse, funcionar y cumplir sus deberes en la forma y en las condiciones que el propio Estatuto señale. En la elección o designación de quienes hayan de constituirlas, sólo participarán abogados cuyos Bufetes están abiertos en las respectivas demarcaciones territoriales de las seccionales.

 

Art. 7.- El Estatuto dispondrá lo que no se haya previsto en

la presente Ley, incluyendo lo concerniente a funciones, deberes y procedimientos de todos sus organismos y funcionarios.

 

CAPITULO IV

DE LAS FRANQUICIAS

 

Art. 8.- El Colegio de Abogados de la República para la realización de sus fines, gozará:

 

a) De franquicia postal y telegráfica; y

 

b) De exoneración de todos los impuestos y derechos nacionales.

 

CAPITULO V

DE LAS CUOTAS

 

Art. 9.- Los miembros del Colegio pagarán cuotas en el monto, en la fecha y en los plazos que fija el Estatuto.

 

Art. 10.- Cualquier miembro que no pague su cuota perderá sus derechos, pero podrá rehabilitarse mediante la aplicación del mecanismo que establezca el Estatuto del

Colegio.

 

Art. 11.- El Estado a través de la Dirección General de Rentas Internas, expedirá sellos de color rojo con una balanza de la justicia impresa en su centro como emblema o símbolo.

 

Estos sellos serán de distinto valor o monto conforme a la siguiente escala de actos judiciales y extra judiciales, a los que deberán adherirse, a saber:

 

a) Actos de alguaciles ................................... RD$0.30

 

b) Sentencia de Tribunales ............................RD$0.75

 

c) Contratos incluyendo constitución de compañías de conformidad con la siguiente escala:

 

1. Hasta RD$5,000.00 ..................................RD$1.25

 

 

2. De RD$5,000.00 a RD$10,000.00 ............RD$3.25

 

3. De RD$10,000.00 en adelante .................RD$5.25

 

d) Conclusiones:

 

1. Juzgado de Paz ...............................................RD$0.75

 

2. Primera Instancia .............................................RD$1.25

 

3. Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original .....RD$1.25

 

4. Corte de Apelación .......................................... RD$2.50

 

5. Tribunal Superior de Tierras ............................RD$2.50

 

6. Suprema Corte de Justicia ...............................RD$4.50

 

e) Instancia a los tribunales o representantes de Ministerio Público ................................RD$0.30

 

f) Reclamación de valores ante instituciones bancarias ...................................................RD$0.75

 

PARAFO I: Quedan exentos de la anterior disposición las actuaciones ante los Tribunales Laborales y de Habeas Hábeas.

 

PARAFO II; El noventa por ciento (90%) del importe de los sellos será entregado al Colegio de Abogados de la República y éste importe será destinado para fines de cajas de retiro, socorro y seguros a favor de los abogados y de sus herederos y otros fines ya indicados en el ordinal g) del artículo 3 de la presente Ley, así como los que señalen los Estatutos. El restante diez por ciento (10%) será retenido por el Estado para cubrir los gastos que ocasione la ejecución administrativa de la presente Ley.

 

PARRAFO III: El Tesorero General de la República está obligado a rendir cuenta y a poner cada tres meses a disposición del Colegio el 90% de los ingresos. Estos ingresos constituyen montos parciales resultantes de los términos contractuales mediante los cuales se fijan en cada caso los honorarios profesionales que reciben los Abogados de sus clientes, y que se convierten, en virtud de esta ley, en contribuciones individuales de cada Abogado remitidas para nutrir el fondo general patrimonial del Colegio.

 

PÁRRAFO IV: La negativa del Director de la Oficina del Tesoro General de la República a cumplir con lo dispuesto en el párrafo precedentemente, será castigada con prisión de 6 meses a 1 año y multa de RD$1,000.00 a RD$5,000.00 pesos, sin perjuicio de las acciones civiles que pueden incoarse. La reincidencia se castigará con el doble de la pena.

 

Art. 12.- A los efectos de la presente Ley se entiende por actividad profesional del abogado el desempeño de una función propia de la abogacía o de una labor atribuida en razón de una ley especial a un egresado universitario en derecho, o aquellas ocupaciones que exijan necesariamente conocimientos jurídicos. Se entiende por ejercicio profesional la realización habitual de labores o la prestación de servicios a título oneroso o gratuito, propios de la abogacía, sin que medie nombramiento o designación oficial alguna.

 

Art. 13.- Quedan sometidos a la presente Ley, en consecuencia, sujetos a los mismos derechos y obligaciones, los abogados que sean: docentes o investigadores en las universidades del país, todos los Jueces de la República;

 

Defensores de Oficio; Representantes del Ministerio Público;

 

Notarios y Consultores o Asesores Jurídicos de personas físicas o morales, tanto pública o privada preste el concurso de su asesoramiento.

 

Art. 14.-El Abogado tiene el deber de ofrecer al cliente el concurso de su cultura y su técnica y de aplicarlas con rectitud de conciencia y esmero en la defensa que realiza.

 

Asimismo, debe ser prudente en el consejo, sereno en la acción y proceder con lealtad frente a su cliente, colaborando con el Juez para el triunfo de la justicia.

 

Art. 15.- Los Abogados en ejercicio están obligados a aceptar las defensas que se le confíe de oficio, salvo negativa razonada sin que puedan exigir el pago de honorarios a su defendido.

 

Art. 16.- El ejercicio de la abogacía impone dedicación al estudio de las disciplinas necesarias para la defensa del derecho, de la libertad y de la justicia. La Abogacía no puede considerarse como una actividad comercial e industrial y, en esa virtud no podrá ser gravada con impuestos de esa naturaleza. Los despachos de abogados no podrán usar denominaciones comerciales y sólo se distinguirán mediante el uso del nombre propio del abogado o de los abogados que ejercieren en él, de sus causantes o de los que habiendo fallecido hubiesen ejercido en el mismo, previo consentimiento de sus herederos. Podrán usarse las calificaciones de "Bufete", "Escritorio" o "Despacho de Abogados", o cualquier término equivalente.

 

Art. 17.- Toda persona física o moral, asociación de cualquier tipo que sea, Corporación o persona de derecho público interno de la naturaleza que fuere, para ostentar representación en justicia deberá hacerlo mediante constitución de abogado. En consecuencia, los magistrados jueces de las órdenes judicial y contencioso-administrativo sólo admitirán como representantes de terceros a abogados debidamente identificados mediante el carnet expedido por el Colegio.

 

Sólo se exceptúan de esta regla la materia laboral y la acción constitucional de Habeas Corpus.

 

Asimismo podrán postular en materia criminal los estudiantes de derecho, debidamente identificados y autorizados por el Juez Presidente del Tribunal.

 

PÁRRAFO: La violación de las disposiciones de este artículo se castigará con la destitución del cargo y la nulidad absoluta del acto.

 

Art. 18.- Los jueces, miembros del Ministerio Público, Registradores de Títulos, Secretarios Administrativos e Inspectores Fiscales se abstendrán de protocolizar o dar curso a escrituras contentivas de actos traslativos o declarativos de propiedad, documentos relativos a constitución o liberación de gravámenes, contratos de cualquier naturaleza, poderes, documentos que deba inscribirse en los registros que sean, instancias, escritos de defensas, réplicas, memoriales, declaraciones de herencia, documentos supletorios o complementarios y, en general, toda especie de escrituras que versen sobre cualquier derecho, si dichos documentos no han sido redactados y firmados por un abogado o notario público el cual deberá indicar, el número correspondiente a su matrícula en el Colegio de Abogados de la República. Todo ello, sin perjuicio de la excepción contemplada en el artículo precedente.

 

PÁRRAFO: Cuando se pretenda que un documento redactado en el extranjero surta efectos en la República Dominicana, el mismo deberá ser firmado por un abogado en ejercicio en el país.

 

Art. 19.- Ejercen ilegalmente la profesión de abogado quienes sin poseer el título respectivo se anuncien como tales, se atribuyan ese carácter ostentando placas, insignias, emblemas o membretes que hagan suponer una condición profesional jurídica en quien o quienes las exhiban.

 

PÁRRAFO: También ejercen ilegalmente la profesión los abogados que actúen contrariando las disposiciones de la presente Ley y sus reglamentos, así como aquellos que ejerzan o pretendan ejercer sin estar inscritos en el Colegio que por la presente Ley se instituye.

 

Art. 20.- Toda persona que sin estar debidamente admitida para el ejercicio de la profesión, según se dispone por esta Ley, o que durante su suspensión como miembro, ejerza la profesión de abogado, se anuncie como tal o trate de hacerse pasar como abogado en ejercicio, será castigado con multa de Quinientos Pesos Oro (RD$500,00) a Mil Pesos Oro (RD$1,000.00) o prisión de dos meses a un año, o ambas penas. Los Jueces Fiscales y demás autoridades públicas velarán por el cumplimiento de esta disposición en lo que atañe a los abogados que practiquen diligencias judiciales o extrajudiciales ante los tribunales, juzgados, fiscalías u otras oficinas a su cargo, constituyendo falta grave la violación por parte de ellos de la presente disposición.

 

Art. 21.- Las acciones y procedimientos establecidos en el Reglamento de Policía de las profesiones jurídicas, deberán ser incoados por ante el Colegio de Abogados de la República y su jurisdicción disciplinaria correspondiente, quedando por consiguiente, derogado el párrafo tercero del artículo dos del Decreto 6050 del 26 de septiembre de 1949, contentivo de dicho Reglamento. Todo ello sin perjuicio de la competencia, en segundo grado, conferida a la Suprema Corte de Justicia en el Párrafo "F", in fine, del Art. 3 de la presente Ley.

 

Art. 22.- Queda encargada de la ejecución de la presente Ley, dentro de los seis (6) meses subsiguientes a su promulgación, la Procuraduría General de la República, con la asistencia y concurso de todas las asociaciones de abogados del país que estén debidamente organizadas e incorporadas y su texto deroga cualquier otra ley que le sea contraria.

 

DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, Palacio del Congreso Nacional en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintisiete días del mes de abril del año mil novecientos ochenta y dos; años 139° de la Independencia y 120° de la Restauración. (Fdos-): Hatuey De Camps, Presidente; Juan A. Medina Vásquez, Secretario; José A. Ledesma G., Secretario.

 

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los doce días del mes de enero del año mil novecientos ochenta y tres; años 139° de la Independencia y 120° de la Restauración.

 

 

 

SALVADOR JORGE BLANCO

Presidente de la República Dominicana

 

En ejercicio de tas atribuciones que me confiere el artículo 55 de la Constitución de la República.

 

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.

 

DADA en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los tres (3) días del mes de febrero del año mil novecientos ochenta y tres; años 139° de la Independencia y 120° de la Restauración.


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